Después de cinco años de tramitaciones, el PAI Mestrets y las actuaciones dotacionales incluidas en el desarrollo urbanístico de esta zona de Castellón pueden verse retrasadas aún más o descartadas, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haya frenado el plan. El dictamen afecta al Centre de Convencions de Santiago Calatrava, la sede del rectorado de la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la ampliación del polideportivo Chencho, la culminación de las rondas Norte y Oeste, así como la construcción de más de 6.000 nuevas viviendas, la mitad de ellas VPP.

TSJ ha remitido al Ayuntamiento de Castellón la sentencia que da la razón a los vecinos de Mestrets-Borriolenc en el recurso que presentaron en su día contra la resolución por la que la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda aprobó definitivamente la modificación puntual número 6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a dicho PAI, situado en la zona Oeste de la capital de La Plana.

En cuanto a los argumentos, la sentencia sostiene que el Consistorio de Castellón infringió al menos tres artículos de la LRAU, la anterior ley urbanística de la Comunitat, ya que afirma que "la adscripción de dotaciones supera el 50% del suelo de la zona, lo que implica una infracción del principio de equidistribución de beneficios y cargas".

En este punto, el tribunal señala además que la administración local demandada "no ha contestado a ninguno de los argumentos de la demanda que se refieren a facultades o competencias locales, haciendo expresa dejación de sus derechos procesales". En cuanto al segundo aspecto que justifica el fallo favorable a los vecinos, el TSJ alude al "incumplimiento de las condiciones de inundabilidad" de la zona.

Al respecto, el vicealcalde de Castellón y concejal de Urbanismo, Javier Moliner, explicó ayer que se trata de dos aspectos "puramente técnicos y los servicios jurídicos municipales, en colaboración con los de la Generalitat, están trabajando en demostrar que dichos suelos no alcanzan el porcentaje de dotaciones que permite la ley".


Plan de aguas pluviales
En cuanto a la inundabilidad, Moliner manifestó que el Ayuntamiento puso en marcha el Plan Director de Aguas Pluviales, aprobado por la CHJ y el Consell, al mismo tiempo que se desarrolló la modificación. "Es asumible subsanar las dos cuestiones técnicas y el Consistorio aportará toda la documentación necesaria para que pueda ser considerada por la sala y que todos estos proyectos se puedan llevar a cabo", insistió Moliner.

Aunque el vicealcalde de Castellón no se pronunció sobre si la sentencia supone o no la paralización cautelar del PAI y todos los proyectos previstos para la zona, sí reiteró que "se está trabajando en ello".

También desde la propia Conselleria aseguraron ayer que "estamos en contacto permanente con el Ayuntamiento de Castellón para recurrir el fallo conforme los expertos estimen conveniente y presentar documentación adicional que permita retomar la tramitación del PA".

Por lo que se refiere a los derechos de los afectados, el vicealcalde de la capital de La Plana manifestó que el equipo de gobierno "tiene la conciencia tranquila, porque el documento afirma que en ningún momento se ha vulnerado ningún derecho de los residentes y en todo momento se ha actuado garantizando las condiciones de transparencia del procedimiento, respetando la participación de las partes implicadas".

Las reacciones por parte de los grupos políticos en la oposición municipal no se hicieron esperar. "La sentencia cuestiona el urbanismo arrollador y sin escrúpulos del PP", declaró el portavoz del PSPV en el Consistorio castellonense, Juan María Calles, quien instó al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a "asumir su responsabilidad política y reconocer que ha vulnerado la legalidad urbanística y ha gobernado de espaldas a los ciudadanos".

Calles denunció el "desmadre urbanístico" propiciado por el PP y recordó que "Fabra fue advertido por activa y por pasiva de los muchos errores con que estaba desarrollando este plan, tanto en lo político como en lo administrativo".

El portavoz del Bloc también exigió al PP "que ofrezca disculpas públicas a los vecinos afectados por las actuaciones urbanísticas ilegales, agresivas y socialmente injustas". Enric Nomdedéu reclamó "un cambio radical en el modelo de ciudad del PP a nivel político y una rectificación inmediata.