El pleno del Ayuntamiento de Pego recogió una imagen poco habitual: trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de la basura ataviados con pancartas y pasamontañas irrumpieron en el salón plenario para protestar enérgicamente por la "discriminación salarial" a la que dicen están sometidos.

De hecho, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) reivindicó sus derechos y como se podía leer en la pancarta que portaba abogaban por un "basta ya de explotación y de represión sindical. Negociación y convenio ya!).

La de ayer no fue la primera vez que el SEP escoge Pego para dar a conocer las malas condiciones laborales que sufren, ya en mayo hubo una protesta en la casa de cultura de este municipio.

Ayer, el portavoz del SEP, denunció ante la Corporación pegolina, igual que por la noche ocurrió en Pedreguer, las lamentables condiciones laborales que FCC ofrece a sus trabajadores.

Según este sindicato, "en la práctica trabajamos por poco más que el salario mínimo interprofesional" y es que algunas nóminas no superan los 700 euros mensuales". Una cuestión que hace que "en la actualidad haya unas diferencias salariales con los otros pueblos de la comarca o del resto del Estado, abismales".

La respuesta de FCC a las reivindicaciones de sus trabajadores, según apuntaron, ha sido "expedientar y despedir a los afiliados al sindicato con acusaciones ridículas" además de excusarse con que "FCC no tiene dinero para pagar la subida salarial".

Ante esta situación, reiteradamente denunciada, el SEP decidió dar un paso más y aunque son "conscientes" de que no es responsabilidad del Ayuntamiento de Pego, aseguraron que "no pueden mirar hacia otro lado ya que la empresa igual que hace con los trabajadores hace con el resto de las cláusulas de pliego de condiciones, perjudicando los intereses de los ciudadanos".

Por eso, el SEP pidió al Consistorio pegolino que exija "a la empresa una negociación de buena fe con los trabajadores que dignifique su situación y que cese la represión sindical".

El concejal de Residuos Urbanos, el socialista Andreu Dominguis, dijo que conocía la situación aunque aclaró que la cláusula 18 del contrato con FCC matiza que "el Ayuntamiento no tendrá relación jurídica ni laboral alguna con el personal o servicio de la concesión. Lo que nos deja en una total indefensión", apuntó Dominguis.

Para lograr alguna mejora salarial u otro cambio, dijo el edil, es necesario que algún trabajador denuncie algunas actuaciones que "son difíciles de probar", sino lo hacen los mismos trabajadores.

Dominguis reconoció que "estar encima de FCC le lleva mucho trabajo" y el propio Ayuntamiento tiene "problemas tan serios como estos o quizá más gordos". Interesado por los recientes expedientes el concejal preguntó directamente a FCC, pero la respuesta obtenida fue que "el Ayuntamiento no tiene nada que ver en los trabajadores". No obstante, el socialista se brindó ayer a hacer de intermediario para paliar la pésima situación laboral de los afectados. La portavoz del PP, Maite Ferrándiz, abogó también por prestar su ayuda a los trabajadores y negociar con la empresa. Algo que alegró al alcalde Carmelo Ortolá, quien dijo que a la empresa se le deben explicar muchas cosas que "puede que usted conozca más que nosotros".