Primer batacazo de la política destructiva de Ribes y González. Uno de los primeros objetivos que se propuso el alcalde de Llaurí, Carlos Ribes, tras las elecciones de 2007, con el apoyo de su socia Anna González, fue anular tres plazas de funcionarios que el PP creó en 2006, así como anular los PAI de la Fonteta del Torrut y Hort de Llinares aprobados por el PP también en ese año.

Poco importó al alcalde, -que es liberado sindical y cuyo cometido es, aunque en este caso de le olvidó por completo, apoyar a los trabajadores-, el destino del personal que ocupaba dichas plazas y los costes económicos que dichas radicales e ilegales decisiones iban a suponer al pueblo de Llaurí, y ahora el tiempo va dando la razón al PP.

Ribes y González, instruidos por su experto secretario municipal y asesor personal, utilizando el subterfugio de hurtar información relevante a la Audiencia Provincial, consiguieron que la Audiencia dictase una providencia que denegaba autorización para el pago de los salarios que derivaban de dichas plazas.

Y hurtaron información a la Audiencia porque no aportaron los informes obrantes en los expedientes que justificaban la creación de la plazas, aportando, en contra, la información de determinados informes que, extrapolaba y sacada de contexto, podía favorecer sus pretensiones, y también porque no aportaron los informes que justificaban que el gasto global del presupuesto no se aumentaba con la creación de las plazas.

Acogido a dicha providencia, el alcalde Ribes inició el expediente de revisión de oficio con la finalidad de anular las tres plazas, expediente que fue remitido al Consejo Jurídico Consultivo de la CV como organismo encargado de informar si procedía dicha anulación o no, y cuyo veredicto no ha podido ser más demoledor para la pretensiones de Ribes y de su socia Anna González: el Consejo acaba de informar que las plazas que creó el PP, con todas las formalidades legales y presupuestarias no pueden anularse, debiendo mantenerse en ellas a las personas que las ocupan.

Ribes y González ven cómo uno de sus primeros objetivos de gobierno se trunca, pues el verdadero motivo que a estos gobernantes les llevó a iniciar la anulación de las plazas bien es sabido por todos: eliminar al personal que ocupaba dichas plazas, para en su lugar poner a los afines al partido de Ribes y al PSOE (su Secretario-colaborador y la auxiliar administrativa), y así adjudicarse sus cuantiosos sueldos tanto a Ribes como González.

A la justificación de Ribes de que el expediente se iniciaba derivado de las providencia de la Audiencia se contradecía que él mismo no pidió permiso a la Audiencia para contratar a su secretario-asesor o para adjudicarse el propio alcalde un salario parecido, o el de la teniente de alcalde González, o las dietas de los concejales del equipo de gobierno.

A criterio de Ribes y González, las plazas que creó el PP no podían pagarse, peros sus nuevo sueldos sí. El salario de las plazas que creó el PP perjudicaban al acreedor Transforma pero sus nuevos sueldos no. ¿Paradójico no?

El alcalde Ribes se ha visto en la obligación de convocar el pleno del pasado viernes 17 de octubre para acatar en el mismo el informe que el Consejo Jurídico Consultivo ha emitido.

Los funcionarios mantendrán sus plazas y Ribes, González y su secretario-asesor responderán personalmente por su nefasta gestión y mala fe.

Los impuesto de los ciudadanos de Llaurí han servido para pagar las minutas de los abogados que han intervenido en el expediente, y lamentablemente también, pagarán de las indemnizaciones que a estos funcionarios se les deberá abonar.

De nuevo, a pagar las prepotencias de Ribes y González, el pueblo de Llaurí. Y esta sólo es la primera.