El 30 de enero de 2006, el gobierno de la entonces alcaldesa, Mari Carmen López (PP), aprobó tres planes urbanísticos que conllevaban que la población de Parcent se multiplicara por 10.

Ese mismo día nació un fuerte movimiento vecinal que se oponía a tan brusco cambio social y que se asoció bajo el nombre Veïns de Parcent. El colectivo movió cielo y tierra para intentar frenar lo que consideran un planeamiento urbanístico desproporcionado y urbanizaciones tramitadas a pesar de los muchos errores hallados en los expedientes.

El caso llegó a Europa. Y junto un año después el parlamentó envió una delegación al municipio para escuchar a los vecinos y recopilar los datos para analizar si la planificación urbanística cumplía los criterios de sostenibilidad.

Semanas después la Comisión Europea emitía su informe señalando que los planes de Parcent "contienen vicios e infracciones de gravedad suficiente para que los tribunales hayan intervenido para suspender cautelarmente la ejecución del más importante de ellos, el de La Replà.

Los europarlamentarios también recalcaron el valor de la opinión ciudadana que en este caso "no desea verse inmersa en un proyecto urbanístico que prevé un aumento de la población actual de 900 habitantes hasta los 10 000 durante la próxima década".