Tema del día
Las obras en marcha finalizan en invierno y los promotores frenarán su actividad
Terrenos de Rabasa en Alicante donde está previsto construir 16.000 viviendas.
Hace apenas dos años, el sector de la promoción y la construcción de la Comunitat Valenciana exigía celeridad a la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo para que aprobara los planes de actuación integrados pendientes ante las expectativas de beneficios.
La situación ha dado un giro de 180 grados. La crisis del sector, agravada por la situación financiera, ha obligado a las principales empresas a echar el freno a su actividad constructora.
Los empresarios ya no urgen a la Generalitat para que apruebe planes como el de Parcent (Alicante) o el de Sant Jordi (Castellón), pendientes todavía del visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, y que entre ambos suman cerca de 7.000 nuevas viviendas.
La crisis ha originado que la construcción de más de 70.000 viviendas incluidas en los principales planes urbanísticos previstos en la Comunitat Valenciana se paralice ante la situación económica y financiera. No ha hecho falta una moratoria urbanística.
Freno a la construcción
Las obras del plan parcial de La Bega (conocido como el Manhattan de Cullera) iban a comenzar tras el verano. No ha sido así. Se trata de uno de los planes más polémicos en la Comunitat, ya que incluye la construcción de cerca de 5.000 viviendas, y está siendo investigado por la comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea.
En una situación similar se encuentra el plan Rabasa en Alicante. Su tramitación estuvo también cargada de polémica y ahora es otra de las actuaciones investigadas por la UE. El PAI contempla la construcción de unas 16.000 viviendas. Las obras tampoco han comenzado.
También en Alicante está pendiente de iniciarse la construcción de 12.000 viviendas en Xixona o de las 2.000 en Parcent.
La empresa promotora del plan de Porchinos (Ribarroja) anunció antes del verano su intención de iniciar la construcción de 2.500 viviendas. Hasta el momento no se ha vuelto a tener noticias.
También se encuentra paralizada la edificación de cerca de 11.500 viviendas en Nou Mil.leni de Catarroja, una promoción conjunta del Instituto Valenciana de la Vivienda y Llanera, constructora que se encuentra en proceso concursal desde hace un año.
Como tampoco han empezado las obras en Gran Manises. Un proyecto que ya ha sido aprobado por la Conselleria de Urbanismo pero que ha retrasado su comienzo ante la grave situación económica.
Los principales planes urbanísticos en la provincia de Castellón se encuentran en una situación similar. Tanto los empresarios turísticos como los promotores han estado esperando la aprobación de varios campos de golf ligados a proyectos urbanísticos con el objeto de potenciarlos como un atractivo más del sector turístico. Ahora las prisas ya no son tantas y el sector está dispuesto a esperar el fin de la crisis económica.
El plan de Doña Blanca Golf (en el municipio de Torreblanca) ha sido recientemente aprobados por la Conselleria de Medio Ambiente, pero las obras, que incluyen la construcción de 4.600 viviendas, todavía no han comenzado.
Otros proyectos pendientes de aprobación por la Generalitat en la provincia de Castellón son el plan de Sant Jordi (4.900 viviendas) o Benicàssim Golf (con otras 3.500). Pero todo parece indicar que su puesta en marcha dependerá de la situación económica.
Son sólo algunos de los principales proyectos urbanísticos presentados ante la Administración en la Comunitat Valenciana siguen adelante. Pero hay muchos otros que se han visto paralizados por la crisis. Y es que los promotores y constructores han optado por frenar su actividad para capear el temporal.
Aumento del paro
Lo pero es que aún "no hemos tocado fondo y no sabemos cuánto tiempo podrá durar aún la crisis financiera", indicó el secretario general de los promotores valencianos, Benjamín Muñoz, quien no se atrevió a predecir cuándo se estabilizará la situación.
"Eso es algo que corresponde a otros hacerlo", explicó. Aunque matizó que el futuro "no lo conoce nadie". Para el secretario general de los promotores valencianos, el panorama al que se enfrenta el sector que ha tirado de la economía valenciana durante los últimos años "es negro".
Los empresarios no pueden empezar nuevas promociones, ya que los bancos no les conceden créditos. Por otra parte, los hipotéticos compradores tampoco pueden adquirir una vivienda, porque las entidades financieras no les aprueban las hipotecas. Es un círculo vicioso que por el momento no parece tener salida.
"Hay una equivocación generalizada. La crisis actual no está causada por el sector inmobiliario. Nosotros fuimos los primeros en ser afectados, pero nos encontramos ante una situación de debilidad creada por un fallo en el sistema financiero", recalcó Benjamín Muñoz.
"Si los bancos concedieran créditos, los empresarios podrían poner en marcha nuevas promociones o se podría vender alguna vivienda. Pero no es así", aclaró.
Ante ello, la única solución que tienen las constructoras es acabar las obras en marcha y esperar a que se aclare el panorama económico. La mayor parte de las empresas paralizarán su actividad y se limitarán a la venta de lo construido.
La crisis en el sector se arrastra ya desde hace más de un año. Pero aún se puede agravar más. En estos momentos se está finalizando la construcción de las promociones que se pusieron en marcha hace un par de años. Una vez concluidas, los empresarios no empezarán obras nuevas y el paro corre el riesgo de dispararse.
Fuentes del sector indican que entre 600.000 y 1.100.000 personas pueden perder su puesto de trabajo entre fin de año y los meses de enero y febrero de 2009.
Hay que tener en cuenta que durante los últimos años la actividad constructora en la Comunitat Valenciana ha supuesto entre el 25 y el 30% del total nacional, con lo que el incremento del desempleo puede afectar a esta autonomía de una forma especial.
Ni siquiera las viviendas de promoción pública (VPP) se salvan de la crisis. El viernes pasado una sola persona acudió al sorteo de 30 VPP en Algemesí. El resto de candidatos no asistieron al no haber conseguido financiación por parte de los bancos.
Fuentes del sector inmobiliario señalaron que con esta decisión las entidades crediticias "han roto un acuerdo tácito mantenido desde las primeras promociones de vivienda pública al comienzo de la democracia". Las mismas fuentes puntualizaron que en aquel momento los bancos y cajas se comprometieron a subrrogar las hipotecas sobre las VPO. Una forma de actuar que ahora se ha incumplido.
Las mismas fuentes indicaron que la situación es tan negativa que hasta un 40% de las empresas promotoras pueden verse abocadas al cierre. Todo depende de su capacidad de endeudamiento. "Las constructoras que consigan financiación externa podrán superar la crisis, las que no, se verán abocadas a la desaparición", aclaró Muñoz.
La situación ha dado un giro de 180 grados. La crisis del sector, agravada por la situación financiera, ha obligado a las principales empresas a echar el freno a su actividad constructora.
Los empresarios ya no urgen a la Generalitat para que apruebe planes como el de Parcent (Alicante) o el de Sant Jordi (Castellón), pendientes todavía del visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, y que entre ambos suman cerca de 7.000 nuevas viviendas.
La crisis ha originado que la construcción de más de 70.000 viviendas incluidas en los principales planes urbanísticos previstos en la Comunitat Valenciana se paralice ante la situación económica y financiera. No ha hecho falta una moratoria urbanística.
Freno a la construcción
Las obras del plan parcial de La Bega (conocido como el Manhattan de Cullera) iban a comenzar tras el verano. No ha sido así. Se trata de uno de los planes más polémicos en la Comunitat, ya que incluye la construcción de cerca de 5.000 viviendas, y está siendo investigado por la comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea.
En una situación similar se encuentra el plan Rabasa en Alicante. Su tramitación estuvo también cargada de polémica y ahora es otra de las actuaciones investigadas por la UE. El PAI contempla la construcción de unas 16.000 viviendas. Las obras tampoco han comenzado.
También en Alicante está pendiente de iniciarse la construcción de 12.000 viviendas en Xixona o de las 2.000 en Parcent.
La empresa promotora del plan de Porchinos (Ribarroja) anunció antes del verano su intención de iniciar la construcción de 2.500 viviendas. Hasta el momento no se ha vuelto a tener noticias.
También se encuentra paralizada la edificación de cerca de 11.500 viviendas en Nou Mil.leni de Catarroja, una promoción conjunta del Instituto Valenciana de la Vivienda y Llanera, constructora que se encuentra en proceso concursal desde hace un año.
Como tampoco han empezado las obras en Gran Manises. Un proyecto que ya ha sido aprobado por la Conselleria de Urbanismo pero que ha retrasado su comienzo ante la grave situación económica.
Los principales planes urbanísticos en la provincia de Castellón se encuentran en una situación similar. Tanto los empresarios turísticos como los promotores han estado esperando la aprobación de varios campos de golf ligados a proyectos urbanísticos con el objeto de potenciarlos como un atractivo más del sector turístico. Ahora las prisas ya no son tantas y el sector está dispuesto a esperar el fin de la crisis económica.
El plan de Doña Blanca Golf (en el municipio de Torreblanca) ha sido recientemente aprobados por la Conselleria de Medio Ambiente, pero las obras, que incluyen la construcción de 4.600 viviendas, todavía no han comenzado.
Otros proyectos pendientes de aprobación por la Generalitat en la provincia de Castellón son el plan de Sant Jordi (4.900 viviendas) o Benicàssim Golf (con otras 3.500). Pero todo parece indicar que su puesta en marcha dependerá de la situación económica.
Son sólo algunos de los principales proyectos urbanísticos presentados ante la Administración en la Comunitat Valenciana siguen adelante. Pero hay muchos otros que se han visto paralizados por la crisis. Y es que los promotores y constructores han optado por frenar su actividad para capear el temporal.
Aumento del paro
Lo pero es que aún "no hemos tocado fondo y no sabemos cuánto tiempo podrá durar aún la crisis financiera", indicó el secretario general de los promotores valencianos, Benjamín Muñoz, quien no se atrevió a predecir cuándo se estabilizará la situación.
"Eso es algo que corresponde a otros hacerlo", explicó. Aunque matizó que el futuro "no lo conoce nadie". Para el secretario general de los promotores valencianos, el panorama al que se enfrenta el sector que ha tirado de la economía valenciana durante los últimos años "es negro".
Los empresarios no pueden empezar nuevas promociones, ya que los bancos no les conceden créditos. Por otra parte, los hipotéticos compradores tampoco pueden adquirir una vivienda, porque las entidades financieras no les aprueban las hipotecas. Es un círculo vicioso que por el momento no parece tener salida.
"Hay una equivocación generalizada. La crisis actual no está causada por el sector inmobiliario. Nosotros fuimos los primeros en ser afectados, pero nos encontramos ante una situación de debilidad creada por un fallo en el sistema financiero", recalcó Benjamín Muñoz.
"Si los bancos concedieran créditos, los empresarios podrían poner en marcha nuevas promociones o se podría vender alguna vivienda. Pero no es así", aclaró.
Ante ello, la única solución que tienen las constructoras es acabar las obras en marcha y esperar a que se aclare el panorama económico. La mayor parte de las empresas paralizarán su actividad y se limitarán a la venta de lo construido.
La crisis en el sector se arrastra ya desde hace más de un año. Pero aún se puede agravar más. En estos momentos se está finalizando la construcción de las promociones que se pusieron en marcha hace un par de años. Una vez concluidas, los empresarios no empezarán obras nuevas y el paro corre el riesgo de dispararse.
Fuentes del sector indican que entre 600.000 y 1.100.000 personas pueden perder su puesto de trabajo entre fin de año y los meses de enero y febrero de 2009.
Hay que tener en cuenta que durante los últimos años la actividad constructora en la Comunitat Valenciana ha supuesto entre el 25 y el 30% del total nacional, con lo que el incremento del desempleo puede afectar a esta autonomía de una forma especial.
Ni siquiera las viviendas de promoción pública (VPP) se salvan de la crisis. El viernes pasado una sola persona acudió al sorteo de 30 VPP en Algemesí. El resto de candidatos no asistieron al no haber conseguido financiación por parte de los bancos.
Fuentes del sector inmobiliario señalaron que con esta decisión las entidades crediticias "han roto un acuerdo tácito mantenido desde las primeras promociones de vivienda pública al comienzo de la democracia". Las mismas fuentes puntualizaron que en aquel momento los bancos y cajas se comprometieron a subrrogar las hipotecas sobre las VPO. Una forma de actuar que ahora se ha incumplido.
Las mismas fuentes indicaron que la situación es tan negativa que hasta un 40% de las empresas promotoras pueden verse abocadas al cierre. Todo depende de su capacidad de endeudamiento. "Las constructoras que consigan financiación externa podrán superar la crisis, las que no, se verán abocadas a la desaparición", aclaró Muñoz.
