Problemas en el pago de la luz y el agua. Deudas de un millón y medio a la empresa que suministra la comida. Pagos aplazados a la Seguridad Social por falta de liquidez. Otra obligación de nueve millones y medio de euros de las entidades financieras. Reducción de personal en todos los turnos. E incluso restricciones y control en el uso de los pañales. Y todo esto en centros que dependen de la Generalitat en los que se atiende a discapacitados psíquicos.

Esta situación es la que padecen diariamente los trabajadores de las siete residencias que dependen del Instituto Valenciano del Discapacitado (Ivadis), según denunció ayer UGT. El Ivadis es una entidad dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, que atiende a unas 1.200 personas y dispone de 25 centros de atención directa, entre los que se incluyen las citadas residencias.

El endeudamiento de estos centros ha llegado hasta tal punto que, según el sindicato, se ha reducido la plantilla entre dos y tres personas por turno. No es una cifra sin importancia. Cada profesional atiende o se encarga de unos seis discapacitados por turno. Ahora, por tanto, los trabajadores asumen otros 18 enfermos. Desde la Conselleria de Bienestar Social negaron este recorte y aseguraron que la ratio de personal "se sitúa por encima de la media española".

El instituto, según los informes a los que ha tenido acceso el sindicato, se ha visto obligado a pedir a la Seguridad Social un aplazamiento del pago de las deudas acumuladas. Además, a las entidades financieras se les adeudan otros nueve millones y medio "por pólizas de crédito, ya que la Conselleria no ha realizado las aportaciones económicas". También desde el departamento que dirige Juan Cotino negaron que existiera esta deuda.

Otro asunto de gravedad corresponde a las deudas que se mantienen con la empresa de catering suministradora de la comida. UGT cifra el pago pendiente en 1,5 millones. "Lógicamente la calidad del servicio prestado ha disminuido por ejemplo con las dietas. Pero también con la atención a los enfermos". A menos personal, menos tiempo para dedicar a los disminuidos.

Desde el sindicato se preguntan cómo van a funcionar los nuevos centros anunciados por Cotino con las carencias que ya tienen los actuales.

A día de hoy, los trabajadores temen incluso por las nóminas de noviembre. Calculan que el Ivadis necesita actualmente una inyección económica superior a los 2,5 millones de euros antes de final de año.

Desde Bienestar Social negaron todas las denuncias. "La gestión es excelente y los presupuestos suficientes. En ningún caso se ha producido reducción de personal ni se ha desatendido a los usuarios", añadieron las mismas fuentes.

El conseller compareció ayer en Les Corts para explicar la situación de la entidad. Cotino destacó "que se ha hecho un gran esfuerzo económico y los usuarios no han visto incrementadas las tarifas desde el año 2001". Cotino desgranó el esfuerzo económico en dos nuevos centros, ampliar la apertura de las instalaciones existentes a los periodos de vacaciones, conceder 1.400 bonos respiro y realizar 1.587 contratos de jornadas de sustituciones.