El subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Luis Felipe Martínez, anunció ayer que en los próximos días abrirá expedientes sancionadores a los radicales que protagonizaron una contramanifestación "ilegal" durante los actos del Correllengua el pasado viernes en Gandia. Este acontecimiento reivindica la lengua y la cultura valencianas.

Luis Felipe Martínez remarcó que ya se ha identificado a los participantes y que confía en que los vándalos pronto estén a disposición del juez. "Cuando una manifestación es ilegal se está cometiendo una infracción y, por lo tanto, hay que imponer una sanción. Otra cosa es la agresión, la cual está estipulada como delito".

Además, aseguró que los efectivos de la Policía Nacional prosiguen las investigaciones para detener a la persona que agredió con una piedra a la concejala del Bloc de l'Alqueria de la Comtessa, Maite Peiró. La regidora tuvo que ser trasladada por urgencia al hospital Francesc de Borja debido a la brecha en la cabeza que le ocasionó el golpe.


Orengo irá al Correllengua
Todo ello fue abordado ayer durante la Junta Local de Seguridad. El alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, resaltó que toda la gente tiene derecho a manifestar sus ideas y opiniones sin que nadie sea coaccionado. El primer edil señaló que el año que viene participará en el Correllengua para demostrar que Gandia es "una ciudad abierta y tolerante" y que los violentos "aquí no tienen cabida".

"Nadie puede agredir a nadie. El año que viene la manifestación cívica será ejemplar y no habrá ningún movimiento extremista que pueda perturbar la paz en esta ciudad", aseveró. Tanto el subdelegado del Gobierno como el alcalde de Gandia trasladaron a la concejala agredida todo su apoyo y solidaridad. Las reacciones acerca de los incidentes del Correllengua no dejan de sucederse. Iniciativa del Poble Valencià pidió ayer responsabilidades al Delegado del Gobierno por permitir concentraciones fascistas de grupos radicales ante manifestaciones lúdicas y festivas. Su portavoz, Francisco García Latorre, reclamó una investigación a fondo de lo ocurrido en Gandia y exigió que se inicie un proceso de ilegalización del grupo agresor por actos de terrorismo de calle. Esta formación reivindica mayor contundencia por parte de la Delegación del Gobierno.