Durante esta época en la que la crisis lo impregna todo, el sueldo público de los políticos es uno de los temas más socorridos. Este tipo de asuntos llega al ciudadano y se convierte en tema de debate en la calle. Por eso, los dos grupos de la oposición parlamentaria presionaron al PP para que se pronunciara sobre la nómina de los cargos públicos.

En principio, no habrá congelación salarial como sí han anunciado otras administraciones (Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia) y otros territorios. La mayoría del PP en Les Corts rechazó las propuestas de resolución defendidas por PSPV y Compromís.

La primera en pedir congelación salarial fue la portavoz adjunta del PSPV Cristina Moreno. La diputada señaló que sería una medida "ejemplarizante" en una época en la que debe primar "la austeridad".

Moreno, quien aseguró que la crisis "ha sido como un regalo caído del cielo" para el PP "con el fin de criticar a Zapatero", calificó de "vergüenza" que el Gobierno valenciano no quiera congelar los sueldos de los cargos y del personal de confianza. La diputada socialista señaló que el andaluz Javier Arenas y la manchega María Dolores de Cospedal, ambos del PP, sí que han apostado por la retención salarial.

El popular Fernando Giner recurrió a una de las palabras más usadas del vocabulario político: "Demagogia". El representante del grupo mayoritario aseguró que la Generalitat aplica "las retribuciones más bajas del Estado".

Giner, que criticó que el PSOE no diagnosticara antes la crisis, señaló que su partido está dispuesto a congelar sueldos y reducir cargos "cuando el Gobierno de Zapatero lo haga al nivel en el que está la Generalitat". El ex presidente provincial añadió que la retribución que reciben los cargos públicos valencianos "son las más bajas de España".

El líder del Bloc y parte del ala mayoritaria de Compromís, Enric Morera, también reclamó la congelación salarial, además de que no se nombre ni un solo cargo más de confianza hasta 2011.

Morera, que reconoció que el Gobierno de Zapatero no diagnosticó la crisis porque había de por medio un proceso electoral, señaló que el Consell "se tiene que apretar el cinturón".

Durante el debate, el popular Antonio Clemente reclamó al Gobierno más financiación para ejecutar las obras del nuevo hospital La Fe en Valencia. El portavoz adjunto del PP aseguró que la actitud del Ejecutivo de Zapatero es "xenófoba y racista" hacia la Comunitat.

La socialista Consol Català y la popular Ángela Barceló mantuvieron también un particular rifirrafe sobre el aborto. La primera defendió en la tribuna de Les Corts un aborto legal mientras que Barceló mostró su apuesta por la vida "antes de que los niños no nazcan".