Pocos días después del inicio del curso escolar, los consejeros de Educación de las autonomías gobernadas por el PP mantuvieron ayer una reunión en Madrid para analizar la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que en estas comunidades se ha empezado a impartir este año. La materia se aplicó el curso pasado en el resto de autonomías españolas.

Los acuerdos alcanzados por los representantes educativos de los gobiernos populares tienen un claro carácter político, ya que no se entró en cuestiones académicas sobre cómo impartir la asignatura o sobre si se va a seguir la medida del Gobierno valenciano de dar Ciudadanía en inglés, según pudo saber LAS PROVINCIAS.

El documento consensuado por los consejeros de Educación del PP incluye cinco puntos en los que prima la defensa de la libertad de las familias y el amparo y defensa de la objeción de conciencia. También indica que se instará al Gobierno a que retire la asignatura.

En concreto, en el punto segundo del documento, se recoge que el Partido Popular "respeta y apoya tanto a los padres que hayan ejercido el derecho a la objeción de conciencia como a los que no. Además, valora positivamente el reconocimiento del mismo por parte de algunos tribunales superiores de justicia".

Sobre la objeción, cada autonomía del PP ha actuado de diferente forma. En la Comunitat Valenciana se contempló una alternativa. La opción consistía en aprobar la materia mediante la realización de trabajos trimestrales, sin necesidad de tener que asistir a clases lectivas.

Pero esta posibilidad fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat tras el recurso presentado por el Ministerio de Educación y el sindicato de profesores CC. OO., entre otros.


Pronunciamento del Supremo
En la Comunidad de Madrid se ha regulado, sin embargo, que los objetores realicen actividades de voluntariado en los centros escolares. Pero en esta cuestión no se ha adoptado ninguna decisión conjunta.

Como tampoco se ha hecho respecto al idioma en el que se tiene que impartir Ciudadanía, por lo que, de momento, solamente en la Comunitat se enseña la asignatura en inglés con la presencia de dos profesores en clase, el de Filosofía o Geografía e Historia, titulares de la materia, y el de lengua extranjera.

Tras la reunión, en la que estuvieron presentes los consejeros de Castilla y León, Canarias, Rioja, Murcia y Comunitat Valenciana, fuentes del PP defendieron la "no impartición" de los contenidos de la asignatura a los alumnos que no quieran cursarla, sin que esto perjudique su expediente, hasta que "haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo que unifique doctrina", algo que consideran "imprescindible y urgente", ante la "pluralidad" de las sentencias al respecto.

También acordaron instar al Gobierno a que retire la asignatura de Educación para la Ciudadanía "mientras no se consensúe un contenido estrictamente educativo basado en el conocimiento de la Constitución".

El PP reconoció haberse "manifestado en contra de la implantación de esta asignatura y especialmente de su contenido por su carácter doctrinario e ideológico", ya que "pretende conformar en los alumnos una conciencia moral concreta, atentando contra el derecho de los padres y dividiendo a la sociedad".

A esta declaración unánime del Partido Popular dio respuesta el Gobierno. El Ministerio de Educación acusó al PP de "presionar" al Tribunal Supremo para que dicte sentencia en relación a la asignatura de Ciudadanía "mientras incumple la ley".

Según el Ministerio, "ya no sólo escandaliza la falta de responsabilidad y de respeto del PP por las leyes y por la comunidad educativa, sino que ahora añade su desprecio por el sistema judicial de nuestro país", aseveraron fuentes gubernamentales.

En esta línea argumental, añadieron que el PP "prosigue con sus intentos de llevar la política a las aulas", para añadir que "deje de interferir en la labor de los gobiernos regionales y en la educación de los jóvenes al servicio de sus intereses partidistas".

También ayer, el Secretariado Nacional del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament anunció que ha acordado autoinculparse ante la Conselleria de Educación por instigar a los centros de Secundaria a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en valenciano o castellano de acuerdo con el programa lingüístico del centro. De este modo, el STE se solidariza con el profesorado que anunció que no impartirá la asignatura en inglés en las aulas.