El pleno del Ayuntamiento de Burriana aprobó anoche la reparcelación del PAI Llombai-Les Monges con los votos del Partido Popular y el decisivo de la edila de Coalición Valenciana, Mercedes Giménez. El alcalde, José Ramón Calpe, y el responsable de Urbanismo, Javier Perelló, se ausentaron de la votación por la recusación que interpusieron a ambos los 16 propietarios de los terrenos.

Tanto Calpe como Perelló fueron recusados por la relación de "amistad" que, supuestamente, ambos mantienen con responsables de la empresa urbanizadora que se hará cargo del proyecto. Tras la lectura del primer punto del orden del día, que se refería a este asunto, se extrajeron las recusaciones que fueron leídas íntegramente a petición de la concejala de Cibur, Mariola Aguilera. Ambos representantes optaron por ausentarse de la votación. "No estamos de acuerdo con esta medida, aún así nos levantaremos", señaló Calpe, quien observó que este proyecto "puede conllevar más debates en el futuro".

Por parte del PSPV y de Cibur se puso sobre la mesa la no conveniencia de aprobar este punto sin que se hubiera aclarado la recusación. Ante esto, el secretario del Ayuntamiento explicó que "con la ausencia de las dos personas implicadas, el asunto se resuelve de forma inicial".

En las semanas anteriores, los concejales de la oposición y los afectados habían pedido la eliminación de esta reparcelación del orden del día "hasta que se conozca la resolución del Tribunal Superior de Justicia ante el recurso presentado contra el PAI", una resolución que verá la luz el 9 de septiembre.


Camisetas entre los afectados
Entre el público se encontraban los afectados, los cuales llevaban camisetas con el dibujo de un embudo y un lema que decía Urbanismo de Burriana y amigos, e interrumpieron el debate con menciones al bajo precio que, según ellos, se iba a pagar por sus propiedades.

Ya en el pleno del mes de agosto, los propietarios de los terrenos se presentaron con camisetas en las que lucían lemas de reproche contra esta actuación. En las mismas reclamaban la revisión de las cantidades que establecían las tasaciones iniciales de las propiedades.

En este sentido, los afectados se apoyan en la "legalidad" de las viviendas que se prevé que sean derribadas, y al precio excesivamente "bajo" con el que se les quiere pagar, sensiblemente inferior al marcado por el tasador al que ellos mismos recurrieron. También alegan que el PAI "ni es necesario, ni viable, dada la crisis económica actual".

Mercedes Giménez defendió su voto positivo. "Este proyecto lleva en marcha siete años y ya ha pasado por todos los filtros posibles, además de que tiene todos los informes técnicos municipales a favor", explicó. También mostró su apoyo "al aparcamiento de camiones y al espacio público para ubicar las actividades lúdicas de la población".

Por parte del PSPV, la concejala Iolanda Porcar señaló que "no se entiende cómo no se ha fomentado la competencia entre urbanizadoras en este proyecto". Porcar manifestó "tener la convicción de que estaba destinada a un solo punto", en referencia a la urbanizadora encargada del PAI. La edila añadió que "se debía esperar a la sentencia del contencioso administrativo presentado por los propietarios al TSJ". La socialista preguntó por "la necesidad de la construcción de este PAI en este momento de crisis". Mariola Aguilera destacó a su vez "la decepción ante un alcalde que no tiene capacidad política ante una crisis como la que se está viviendo en el partido" y añadió que "no se entiende la prisa por esta aprobación, ya que lo que pedimos es que se sienten con los afectados, y que los oigan para poder llegar a un acuerdo".

Enrique Safont, portavoz popular ante la ausencia de Perelló y Calpe, alegó que "se pretende aprobar un proyecto de futuro, que llega en un momento poco favorable, pero que deja preparada la ciudad en previsión de épocas venideras, cuando llegue la bonanza económica".

El PAI, que fue adjudicado en abril de 2003 a Urbanizadora Llombai, del grupo Titanbur, abarcará 508.638 metros cuadrados y contará con 19 millones de euros de inversión. Esta nueva zona se convertirá en polígono industrial con parking para camiones y parque público de 41.387 m². El parque actuará de barrera entre la actual avenida del Transporte y el futuro polígono.

En el pleno también se abordó la aprobación de dos reconocimientos extrajudiciales del crédito que superan los 280.000 euros en un caso y de 171.000 euros en otro para facturas pendientes, y la adquisición de un portaféretros para el cementerio municipal.