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RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

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Comunidad Valenciana

El estudio de la asignatura en inglés y sin exámenes se enfrenta a ocho recursos

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Ciudadanía se topa con la justicia
Unos alumnos de Secundaria de otra comunidad en clase de Ciudadanía.
Educación para la Ciudadanía ha dejado de ser una asignatura polémica, con todo tipo de opiniones y matices respecto a su contenido, para pasar a palabras mayores, es decir, a ser una cuestión en manos de la justicia.

La orden de desarrollo de la materia aprobada por el Consell ha suscitado todo tipo de reacciones. Pero dos son las cuestiones sobre las que más se ha polemizado, el hecho de que tenga que impartirse en inglés y el que se pueda optar a cursar Ciudadanía mediante dos modalidades: con clases lectivas o con trabajos trimestrales.

Estos aspectos, muy criticados por padres, profesores y partidos de la oposición, son los que han generado que el Consell tenga que enfrentarse a ocho recursos por vía contencioso-administrativa. Tres de ellos ya se han formalizado ante los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El primero en acudir a la vía judicial fue el sindicato CC. OO. El inglés y la injerencia en la organización de la docencia de los centros educativos son los dos argumentos básicos sobre los que gira el recurso de esta organización.

De igual forma, y con similares planteamientos, el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STE) también ha llevado ante los tribunales a la Conselleria.

El Ministerio de Educación lo hacía el viernes, formalizando en el registro del Tribunal Superior de la Comunitat el tercer contencioso contra la orden del Consell.

Pero, a diferencia de los dos anteriores, el Gobierno especificó que el recursos nada tenía que ver con el idioma en el que fuera a impartirse Ciudadanía. "Puede ser en inglés, castellano o valenciano", dejó claro la secretaria de estado de Educación, Eva Almunia.

El Ministerio lleva al Consell ante los tribunales porque considera que la orden valenciana vulnera la autonomía organizativa de los centros y la libertad de cátedra. Con esta acción, el Gobierno central trata de evitar que los alumnos puedan aprobar sin examinarse de Ciudadanía si optan por hacer trabajos.

Todos han solicitado a los jueces que se decrete la suspensión cautelar de la orden. Según coinciden en señalar, la finalidad es impedir la discriminación que para los alumnos podría suponer que unos cursen la asignatura durante una hora todas las semanas, mientras que el resto se limite a hacer trabajos.

Pero la vertiente judicial de la orden del Consell no termina aquí. Sobre esta normativa planean otros cinco recursos. Son los que anunció el sindicato UGT, que aún no lo ha formalizado, tal como ocurre con la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FAPA), que también puso de manifiesto su decisión de acudir al juez.

A ellos se suma el anuncio de otros tres contenciosos derivados de la orden de desarrollo de Educación para la Ciudadanía en la Comunitat.

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament anunció el viernes que recurrirá la lista de profesores que han de impartir la asignatura en inglés. Esta organización sindical considera que la Conselleria de Educación "ha vulnerado los acuerdos sobre interinos".

Este mismo planteamiento lo mantiene CC. OO., cuyo sindicato considera que muchos de estos profesores "no tienen suficientes conocimientos de inglés para impartir la materia", por lo que señalaron que habrá recurso.

CC. OO. anuncia que, en breve, presentará un nuevo recurso "por prevaricación". En principio no tienen claro si contra el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, o contra todo el Consell.

"Va a cumplirse tres meses desde que solicitamos al Gobierno valenciano que certificara quién tomó el acuerdo sobre cómo se debía impartir Ciudadanía en la Comunitat. No nos han contestado y ya ha pasado el tiempo preceptivo para poder recurrir", indicaron fuentes de este sindicato.

En el caso de que respondieran que el acuerdo lo tomó el Consell, la organización sindical acusará de prevaricación a todo el Gobierno valenciano. Si dicen que el tema es de la Conselleria de Educación, "a Font de Mora lo dejan desamparado, porque acusaremos de prevaricación al conseller. Queremos saber quién es el responsable y lo haremos por la vía judicial", añadieron.


Los padres católicos
Ante la situación generada, la Confederación Católica de Padres de Alumnos de la Comunitat garantizó ayer a LAS PROVINCIAS que se personará, junto a la Generalitat, en todos los recursos que se interpongan frente a la Orden de la Conselleria de Educación sobre la forma de impartir Ciudadanía.

El presidente de la organización de padres, Nicolás Sánchez, manifestó que la Conselleria ha promovido "un sistema adecuado", dentro de los límites de su competencia, "para dar respuesta a una situación social grave que también sufren otras comunidades".

Sobre el recurso planteado por el Ministerio de Educación, Sánchez señaló que no se vislumbran "muchos argumentos porque decir que invade las competencias de los centros no tiene mucho sentido".

En su opinión, "jurídicamente la orden no tiene nada que objetar. Prueba de ello es que el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, no parece estar muy convencido del recurso al ofrecer un pacto ahora".
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