España
La herencia del 'gilismo' marbellí y el incierto futuro de varios concejales
19.06.08 -
Pedro López Fernández, militante socialista y presunto cerebro de la red, es conocido como el cobrador del frac en círculos empresariales y policiales. Fue él, según la hipótesis de trabajo de la Fiscalía, quien importó el modelo de corrupción gilista desde Marbella.
Los investigadores dicen tener "multitud de pruebas" de que López Fernández mantenía estrechas relaciones con el cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, hoy en prisión pendiente de juicio, que le consideraba su hombre de confianza en el vecino consistorio de Estepona. Los pinchazos y los seguimientos al coche de López Fernández, un aparatoso Jaguar, en las semanas posteriores a la operación Malaya fueron los que, a finales de 2006 destaparon la existencia de una red de corruptelas en Estepona, casi de las mismas dimensiones que las que existía en el ayuntamiento marbellí. La compleja investigación que se inicia ahora, tal y como ya pasó en Marbella, empuja a los investigadores a guardar cauto silencio sobre las pesquisas o los detenidos, a la espera de acumular pruebas que puedan afianzar o descartar imputaciones.
En esa situación de indefinición, a la espera de que futuras pruebas confirmen o descarten su implicación en la trama, están la concejal socialista de Cultura y Fiestas, Asunción López; la edil de Playas Marisa Rodríguez, también del PSOE; la concejal de Educación, Mariví López, y el ex edil de Hacienda, Manuel Reina, del Partido de Estepona. También depende de la marcha de la investigación el futuro procesal del arquitecto municipal Ignacio de la Hoz; de Javier Wittmeur, jefe del Área de Urbanismo; el jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Andrés Flores, y el empresario que gestionó la campaña del PSOE en las municipales en Estepona, Enrique González Ceano. En cambio, varios de los responsables de la Gerencia de Urbanismo desde 2003, en la que trabaja la hija del presidente del Senado, Patricia Rojo, han pasado a convertirse en testigos, confidentes o colaboradores de la UDEF en esta investigación. El propio concejal de Urbanismo de Estepona, Rafael Duarte, guió el lunes a los agentes durante los registros. Como testigos han declarado a una decena de técnicos municipales y ediles, entre ellos el tesorero del ayuntamiento, un interventor del consistorio y dos concejales del Partido Andalucista y del Partido de Estepona.
Los investigadores dicen tener "multitud de pruebas" de que López Fernández mantenía estrechas relaciones con el cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, hoy en prisión pendiente de juicio, que le consideraba su hombre de confianza en el vecino consistorio de Estepona. Los pinchazos y los seguimientos al coche de López Fernández, un aparatoso Jaguar, en las semanas posteriores a la operación Malaya fueron los que, a finales de 2006 destaparon la existencia de una red de corruptelas en Estepona, casi de las mismas dimensiones que las que existía en el ayuntamiento marbellí. La compleja investigación que se inicia ahora, tal y como ya pasó en Marbella, empuja a los investigadores a guardar cauto silencio sobre las pesquisas o los detenidos, a la espera de acumular pruebas que puedan afianzar o descartar imputaciones.
En esa situación de indefinición, a la espera de que futuras pruebas confirmen o descarten su implicación en la trama, están la concejal socialista de Cultura y Fiestas, Asunción López; la edil de Playas Marisa Rodríguez, también del PSOE; la concejal de Educación, Mariví López, y el ex edil de Hacienda, Manuel Reina, del Partido de Estepona. También depende de la marcha de la investigación el futuro procesal del arquitecto municipal Ignacio de la Hoz; de Javier Wittmeur, jefe del Área de Urbanismo; el jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Andrés Flores, y el empresario que gestionó la campaña del PSOE en las municipales en Estepona, Enrique González Ceano. En cambio, varios de los responsables de la Gerencia de Urbanismo desde 2003, en la que trabaja la hija del presidente del Senado, Patricia Rojo, han pasado a convertirse en testigos, confidentes o colaboradores de la UDEF en esta investigación. El propio concejal de Urbanismo de Estepona, Rafael Duarte, guió el lunes a los agentes durante los registros. Como testigos han declarado a una decena de técnicos municipales y ediles, entre ellos el tesorero del ayuntamiento, un interventor del consistorio y dos concejales del Partido Andalucista y del Partido de Estepona.
