El dispositivo -muy criticado por la Plataforma, que lo calificó de "un conjunto indiscriminado de secuestros ilegales"-, logró retener a numerosos vehículos gracias a cinturones de seguridad instalados alrededor de la ciudad. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, lamentó las molestias que hubieran podido sufrir los ciudadanos y aquellos camioneros que, sin tener culpa alguna, se vieron afectados por el operativo. En algunas de las principales vías de acceso a Madrid se registraron retenciones que el ministro afirmó fueron menos dañinas que "el colapso de la capital durante horas".
Rubalcaba garantizó la libre circulación por las carreteras y llamó a los partidos políticos y a los medios de comunicación a medir los mensajes sobre la verdadera capacidad de maniobra de los transportistas partidarios de las movilizaciones. El despliegue policial no se limitó a controles a 50, 100 y 150 kilómetros de Madrid, sino que se amplió a otros puntos. Así, por ejemplo, a media tarde del lunes medio millar de camiones permanecían retenidos en distintos puntos de Castilla-La Mancha, y un grupo muy numeroso de cabezas tractoras aguardaba órdenes de los agentes del Instituto Armado en Guarromán (Jaén). Asturias o Galicia fueron otras de las zonas en las que funcionó el dispositivo.
La Plataforma afirmó que no se siente representada en los acuerdos firmados entre el departamento de Fomento y la inmensa mayoría del sector del transporte, y advirtió que no cejará en su empeño.







