
Un menor detenido por su presunta implicación en la violación y muerte de una niña en Orihuela / EFE
El PP pedirá al Gobierno central, a través de dos mociones, que modifique la legislación penal para mejorar la seguridad ciudadana, al tiempo que se vuelva al "gran pacto de Estado" de 2001 sobre la Administración de Justicia para "solventar" los "déficits" de esta materia.
Así lo anunció hoy el conseller de Justicia, Fernando de Rosa, en una rueda de prensa que ofreció junto al portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts, Ricardo Costa, tras reunirse con la comisión de Gobernación y con responsables populares para abordar cuestiones en materia de Justicia.
De este encuentro surgió la idea de presentar dos mociones de proposición no de ley a las Corts con remisión al Ministerio de Justicia para instar al Gobierno a que practique reformas en la legislación, ya que, dijo De Rosa, el Código Penal de 1995, que está actualmente en vigor, "no tiene en cuenta todos los derechos de las víctimas del delito".
Por ello, el PP reclamará a través de estas mociones una modificación del Código para introducir la figura de la multireincidencia y para que se agraven las penas a reincidentes. Según explicó el conseller, la idea es que a una persona que cometa varios delitos de distinta índole -un robo y una agresión sexuaL- se le aplique el agravante de reincidencia, ya que hasta ahora este supuesto sólo se contemplaba para delitos de la misma naturaleza. Además, abogó por el concepto de la multireincidencia, para aplicar al que delinque la pena superior en grado, y no una mera agravación de la pena.
Asimismo, pedirá el cumplimiento "íntegro" de las penas para las personas que delinquen, ya que, en la actualidad, "hay pederastas o acusados de abusos sexuales que por cumplir determinadas medidas en la cárcel adquieren redención o se les rebaja la pena impuesta".
El PP también pedirá que se rebaje la edad penal para los menores, de 14 a 12 años, "lo que no quiere decir que los niños ingresen en prisión", sino que la posibilidad de imponerles medidas cuando delinquen "se rebaje hasta los menores de 12 años". Esto se justifica, aseveró, "en las agresiones que últimamente se ven en el ámbito escolar y que luego se graban y se publicitan en internet", algo que "debería tener algún tipo de sanción".
De Rosa abogó que la medida debería ir acompañada de otras medidas sociales por si el menor proviene de una familia desestructurada o por si padece exclusión social. El objetivo es "fomentar ayudas sociales para que no vuelvan a delinquir, pero también castigar toda conducta negativa". Otro de los puntos que se deberían modificar es el de contemplar como agravante los robos en domicilios cuando sus inquilinos se encuentran en el interior.
La segunda moción irá encaminada a que el Gobierno propicie un gran pacto de Estado como el de 2001 sobre la Administración de Justicia para "solventar" algunos "déficits" en España. En este punto citó la puesta en marcha de la Oficina Judicial, que todavía está paralizada, y la posibilidad de que las comunidades autónomas se queden con las tasas judiciales y multas que recauda para invertirlo en su propia autonomía.
Además, abogó, una vez más, porque cada comunidad tenga competencia para gestionar el servicio público de la Justicia, y para que pueda decidir cuántos juzgados quiere crear y la fecha en la que se pondrán en funcionamiento.
El objetivo de estas mociones, reiteró De Rosa, es "aumentar la seguridad" de todos los ciudadanos, algo con lo que también coincidió Ricardo Costa, quien indicó que la Comunitat "no debe ser un territorio placentero para criminales, sino un territorio incómodo".
Costa destacó el "gran sentido común" de estas propuestas porque, ejemplificó, "no es lo mismo que entren a robar en una casa con los moradores dentro que sin ellos", al tiempo que abogó por recuperar ese gran pacto de la Justicia, algo para lo que tendió la mano al Gobierno.
A este respecto, indicó que la Justicia "debe ser la puesta en común de un servicio público" y "no debe ser usada para un debate partidista y político". Así, aseveró que "tiene que albergar una confrontación de ideas en beneficio de la sociedad y no ser usada como un arma arrojadiza".