La Ribera
Aspertous pide reunirse con el Delegado del Gobierno por la "parálisis" del caso Tous
La vicepresidenta De la Vega prometió a los damnificados la cancelación de los préstamos
08.06.08 -
Lafarga, presidente de Aspertous, con la vicepresidenta De la Vega el 22 de enero en Valencia.
La Asociación de Perjudicados por la rotura de la Presa de Tous (Aspertous) remitirá mañana un escrito al nuevo Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, para explicarle la "parálisis" de las soluciones acordadas con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado 22 de enero, según informó la entidad en un comunicado.
Aspertous solicitará una entrevista con Ricardo Peralta "a la mayor brevedad posible" para "poder poner en su conocimiento la situación actual de los perjudicados después de 26 años de la pantanada".
Fernández de la Vega mantuvo un encuentro con varios representantes de Aspertous el pasado 22 de enero, en el que les aseguró que el Ejecutivo central establecería medidas de compensación para 1.500 afectados por la pantanada de Tous y estudiaría "uno a uno" los expedientes del resto de damnificados.
La proposición presentada por la vicepresidenta comprendía diversas medidas dirigidas a "las distintas situaciones que se plantean en el colectivo de perjudicados".
Así, explicó que un total de 1.100 personas que se acogieron a los Reales Decretos Leyes 4/1993 y 10/1995 y recibieron indemnizaciones para pagar los préstamos verían resuelta la "totalidad" de la deuda.
Del mismo modo, también indicó que verían eliminados los pagos pendientes los 400 perjudicados que en la actualidad deben menos de 1.500 euros.
Respecto a los 831 expedientes del resto de damnificados, señaló que serían estudiados "uno a uno" y, de entre ellos, aquellas personas que tengan una renta mensual inferior a los 1.000 euros "verán cancelados sus préstamos" por "justicia social".
Planteamiento de De la Vega
Las actuaciones planteadas por De la Vega también incluían una propuesta para los perjudicados que no están en ninguna de las tres situaciones anteriores.
Según aseguró, a estos damnificados se les cancelarían todos los intereses de los préstamos si abonaban el principal, para lo que se prorrogó por un plazo de tres meses el decreto, cuyo plazo concluía el pasado 31 de marzo.
Pero, además de estos afectados hay una asociación de discapacitados de Alzira, ProSub, que quedó fuera de todos los supuestos que la vicepresidenta planteó a los damnificados.
La solución que les dio el Gobierno fue firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo para realizar una serie de actividades a cambio de subvenciones para ir pagando los 150.000 euros que debe esta entidad.
De todas formas, por lo visto no hay nada claro y los afectados están "hartos" de tantas promesas. Y es que han pasado 26 años y ningún gobierno ha dado una solución satisfactoria para las miles de personas que lo perdieron todo aquel fatídico 20 de octubre de 1982.
Aspertous solicitará una entrevista con Ricardo Peralta "a la mayor brevedad posible" para "poder poner en su conocimiento la situación actual de los perjudicados después de 26 años de la pantanada".
Fernández de la Vega mantuvo un encuentro con varios representantes de Aspertous el pasado 22 de enero, en el que les aseguró que el Ejecutivo central establecería medidas de compensación para 1.500 afectados por la pantanada de Tous y estudiaría "uno a uno" los expedientes del resto de damnificados.
La proposición presentada por la vicepresidenta comprendía diversas medidas dirigidas a "las distintas situaciones que se plantean en el colectivo de perjudicados".
Así, explicó que un total de 1.100 personas que se acogieron a los Reales Decretos Leyes 4/1993 y 10/1995 y recibieron indemnizaciones para pagar los préstamos verían resuelta la "totalidad" de la deuda.
Del mismo modo, también indicó que verían eliminados los pagos pendientes los 400 perjudicados que en la actualidad deben menos de 1.500 euros.
Respecto a los 831 expedientes del resto de damnificados, señaló que serían estudiados "uno a uno" y, de entre ellos, aquellas personas que tengan una renta mensual inferior a los 1.000 euros "verán cancelados sus préstamos" por "justicia social".
Planteamiento de De la Vega
Las actuaciones planteadas por De la Vega también incluían una propuesta para los perjudicados que no están en ninguna de las tres situaciones anteriores.
Según aseguró, a estos damnificados se les cancelarían todos los intereses de los préstamos si abonaban el principal, para lo que se prorrogó por un plazo de tres meses el decreto, cuyo plazo concluía el pasado 31 de marzo.
Pero, además de estos afectados hay una asociación de discapacitados de Alzira, ProSub, que quedó fuera de todos los supuestos que la vicepresidenta planteó a los damnificados.
La solución que les dio el Gobierno fue firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo para realizar una serie de actividades a cambio de subvenciones para ir pagando los 150.000 euros que debe esta entidad.
De todas formas, por lo visto no hay nada claro y los afectados están "hartos" de tantas promesas. Y es que han pasado 26 años y ningún gobierno ha dado una solución satisfactoria para las miles de personas que lo perdieron todo aquel fatídico 20 de octubre de 1982.
