
-¿Hay crisis o desaceleración?
-Hay crisis. Y quizá más impactante de lo previsto. Además de afectar a los sectores económicos va también a incidir en las Administraciones públicas.
-¿Cómo se va a visualizar en las cuentas públicas?
-Donde van a empezar a mostrarse los primeros efectos será en la liquidación de los presupuestos. Desde el punto de vista de la Generalitat, en el impuesto de transmisiones, por ejemplo, ya se está notando.
-¿Los Ayuntamientos se verán especialmente afectados?
-La contribución urbana, el impuesto y las tasas sobre las licencias de obras y el impuesto de plusvalía son los pilares que generan los recursos. Y estos van a disminuir.
-¿La crisis urbanística pondrá en aprietos a los entes públicos?
-No es sólo por lo que ha rendido el urbanismo, sino por los recursos que lleva aparejados. La contribución urbana, como ya he dicho, es el ejemplo más claro.
-¿Esta crisis será duradera?
-Es difícil de prever. Dicen que en el mercado americano ya se nota algún repunte. Creo que va a ser intensa y espero que sea corta.
-De momento, el Consell ya ha pedido autorización para cerrar el presupuesto de 2008 con déficit para poder mantener la inversión.
-La liquidación del presupuesto de la Generalitat es el indicador fundamental. Evidentemente si los recursos públicos están en crisis y el propio sistema de financiación está siendo cuestionado, la liquidación será la que marque el primer indicio de lo que está pasando. Los datos serán peores que en 2007.
-¿Es prioritario modificar el actual sistema de financiación?
-Rotundamente sí. Hay una razón muy importante y que no se ha dicho. Hay que afrontar la financiación como consecuencia de la aprobación de los Estatutos de Autonomía. El modelo en sí ha sido bueno pero en un Estado cuasifederal como el nuestro tiene que ser objeto de una revisión temporal. Y ahora con mayor razón por los nuevos Estatutos que contemplan, como el catalán, determinados aspectos que inciden en la financiación autonómica.
-¿Prefiere un sistema de reparto basado en la población o en el PIB?
-Prefiero la población. Ya estaba en el modelo de 1999 pero no preveía la revisión como elemento distribuidor de las aportaciones económicas. Lo que se plantea es un modelo adecuado basado en la población pero revisado con los datos actualizados. Esta es una de las comunidades autónomas que más ha crecido en población. Algo que incide en una serie de gastos en Sanidad y en Educación. Incluso si me apura hasta en Justicia.
-¿Cuál es la fórmula para solucionar los problemas que genera la escasez de financiación?
-En los últimos informes decimos dos cosas que son esenciales. La población incide pero luego debe estar la buena gestión. Hay un caso concreto, que es la Sanidad. Esta es una transferencia que desde que se inició está generando déficit. Y cada vez más. Eso denota que hay que hacer una reflexión.
-De momento, la financiación es la misma. ¿La gestión es correcta?
-Se ha hecho un esfuerzo sustancial. Nosotros pedíamos, por ejemplo, una mayor concreción en los presupuestos de los hospitales. La conselleria de Sanidad sí ha hecho un esfuerzo. Esta situación pasa también en otros países. La atención sanitaria es cada vez más cara, más sofisticada y requiere más recursos. Pero estos son limitados.
-¿El nuevo modelo de financiación debería incluir una cláusula que permitiera su revisión inmediata?
-Habría que incluir una revisión, respecto de la población, más frecuente. No me atrevo a decir con qué periodicidad pero no se puede cerrar un modelo como el de 1999.
-La Generalitat tiene una de las deudas más altas de España. ¿Se destina a invertir o se desvía para pagar gasto corriente?
-El crédito siempre tiene que ser para inversión, no debe ser para financiar otro tipo de gasto corriente. El tema de la deuda es una decisión política. El que gestiona debe saber que la deuda al final hay que devolverla.
-¿La dependencia se debería incluir en el nuevo sistema de financiación?
-Este elemento se deberá tener en cuenta cuando se revise el sistema. Si se cambia el modelo y al final se establece un criterio de reparto habrá que mantener el fondo de suficiencia para cumplir el principio de solidaridad. Junto a este fondo habría que hacer una previsión para la dependencia.
-Las relaciones entre el Consell y las Universidades no pasan por su mejor momento. Los rectores hablan hasta de suspensión de pagos. ¿Tan al límite está la situación?
-Las universidades son parte de la Administración pública, por lo que no podrían suspender pagos. De hecho, siempre estará detrás quien les suministra el dinero. En el informe de este año ya decíamos que deberían coordinarse los créditos que reconoce la Generalitat que debe a las universidades y los que esta dice que les debe la Generalitat. Los cierres de unos y otros presupuestos deberían coincidir. También hay que revisar el modelo de financiación de las universidades y establecer uno más permanente.
-¿El enfrentamiento es más político que real?
-Los rectores quisieran alcanzar unos recursos importantes y la Generalitat hace sus presupuestos teniendo en cuenta que son limitados. Ambas partes tienen razón.
-¿Le cuesta que las conselleries le faciliten la información?
-Esta comunidad ha sido de las primeras que se ha acostumbrado a ser auditada. Hay reticencias, pero que se hayan acostumbrado es bueno.
-Muchas empresas públicas se encuentran en causa de disolución. ¿Tan ruinosa es su gestión?
-Si fueran empresas privadas habría que pedirle dinero a los socios. Las empresas públicas no tienen como finalidad ganar dinero. Son un elemento a revisar, en general. Creo que algunas de las cosas que se hacen a través de las empresas públicas se podrían hacer con cargo al presupuesto de la Generalitat.
-¿Es excesivo el número de empresas públicas?
-No sé si sobran o faltan. Lo que creo es que la tendencia a crear nuevas va a desaparecer.







