Comunidad Valenciana
Aragón recurre ante el Constitucional el trasvase del Ebro a Barcelona y exige su paralización
Los socialistas de Tarragona reclaman que se suspenda el abastecimiento de agua en barco a la ciudad condal
El primer barco con agua que ha llegado al puerto de Barcelona.
Aragón ha decidido llevar la guerra del agua al Tribunal Constitucional. Una comunidad gobernada por el PSOE se enfrenta así abiertamente contra el Gobierno central y la Generalitat catalana, de su mismo signo político. La decisión del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y de Cataluña de realizar un trasvase desde el Ebro para abastecer Barcelona no es compartida por Aragón que, entre otros motivos, argumenta que ya ha salido de la situación de alarma tras las últimas lluvias.
El Gobierno catalán ha visto cómo la contestación a su política hídrica, por la que pretendía autorizar el riego y llenado de piscinas con agua potable mientras mantenía el trasvase del Ebro, ha surgido desde los mismos partidos que sustentan al Ejecutivo de Montilla. Iniciativa (ICV) y el PSC de Tarragona han evidenciado su oposición.
La Diputación General de Aragón (DGA) considera que el decreto de medidas urgentes para abastecer Barcelona puede vulnerar en uno de sus artículos el Estatuto de Autonomía.
Así lo estimó ayer el Consejo de Gobierno, que se reunió de forma extraordinaria, y anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 del mencionado decreto que regula la compra de derechos del agua para el trasvase a Barcelona al considerar que contradice su Estatuto.
El Ejecutivo aragonés pidió además al Gobierno que derogue el decreto de forma inmediata y a la Generalitat de Cataluña que reconozca que se ha superado la situación de emergencia hídrica. El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, indicó que el artículo 3 que autoriza la compra-venta de derechos de uso de agua a los regantes de la cuenca del Ebro sin que se haya solicitado un informe preceptivo al Gobierno de Aragón, como ordena el Estatuto, puede convertir el decreto en inconstitucional. El resto del texto, precisó, no será recurrido.
Según Biel, el artículo 3 del decreto "es la piedra angular en lo que a los derechos de Aragón se refiere", ya que es el que permite "una transferencia de aguas de la cuenca del Ebro a Barcelona, que afecta a Aragón".
El recurso de inconstitucionalidad se puede presentar hasta el próximo 22 de julio y el plazo de resolución, dijo el portavoz del Ejecutivo aragonés, es de cuatro o cinco años. Biel afirmó que cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad no basta con las razones "políticas o sentimentales", sino que es necesario realizar argumentaciones jurídicas, basadas en el Derecho.
El Consejo de Gobierno también requirió políticamente al Gobierno catalán que reconozca formalmente que se ha superado la situación de emergencia, ya que los cinco embalses que abastecen a la ciudad condal y su entorno tienen 180 hectómetros cúbicos de agua potable almacenada y, además, la previsión de lluvias en la región vecina se prolongará hasta el próximo domingo, 18 de mayo.
Biel recordó cómo el consejero catalán de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, animó a llenar las piscinas de Barcelona, aunque a la vez continúa la demanda del trasvase. "Entendemos que ya no se dan las circunstancias de extrema necesidad", prosiguió Biel, quien urgió también al Gobierno de España a cumplir el decreto, una de cuyas disposiciones finales, la tercera, lo considera agotado si desaparece la situación de necesidad. El vicepresidente recordó que en Aragón hay más de 180 municipios con verdaderos problemas de abastecimiento de agua de boca.
"Se tendrán que parar las obras" a lo mejor por requerimiento judicial, continuó Biel, quien señaló que el Gobierno autónomo esperará la respuesta del Ejecutivo catalán unos 15 días y en caso de no obtener respuesta o recibir una contestación negativa, acudirá a los tribunales para frenar las obras. El Ejecutivo aragonés se plantea pedir medidas cautelares para impedir la ejecución de las obras de la tubería que abastecerá Barcelona.
Mientras, la Generalitat catalana ha rectificado su decisión de autorizar el riego de jardines y el llenado de piscinas con agua potable. En una reunión extraordinaria celebrada en la tarde de ayer acordó modificar el decreto de sequía, de forma que ahora el paso de un nivel de alerta a otro no se actualizará automáticamente según la situación de los pantanos, sino que se tendrán en cuenta otros factores como la evolución de las reservas, la previsión meteorológica o la aportación de nuevos recursos. También decidió mantener el estado de excepcionalidad II para evitar autorizar las polémicas medidas.
Pero la contestación continúa. No sólo Aragón cuestiona la política de la Generalitat. El PSC de les Terres de l'Ebre (Tarragona) mostró ayer su oposición a las decisiones del Ejecutivo presidido por su mismo partido. Los socialistas tarraconenses instaron al Ejecutivo de Montilla a suspender el suministro de agua del Ebro a Barcelona con barcos, aunque respaldaron la continuidad de las obras del trasvase.
Más dura fue la portavoz de Iniciativa per Catalunya (ICV) en Tarragona, Arga Sentís, que afirmó sentirse "avergonzada" por la gestión que ha hecho el conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, de su mismo partido.
El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, mostró ayer su apoyo a la decisión de la Generalitat de mantener la prohibición del llenado de piscinas. El primer edil de Tarragona, también del PSC, anunció el miércoles que prohibía el envío de agua, una decisión que tenía previsto concretar al cierre de esta edición.
Aunque los barcos desde Tarragona seguirán llegando, pero llenados con agua procedente de los excedentes del ministrasvase y no de los pozos. Ayer, por razones "técnicas", no llegó a Barcelona el barco cargado con agua procedente de Marsella como estaba previsto. La llegada del buque se ha pospuestoal 21 de mayo.
El Gobierno catalán ha visto cómo la contestación a su política hídrica, por la que pretendía autorizar el riego y llenado de piscinas con agua potable mientras mantenía el trasvase del Ebro, ha surgido desde los mismos partidos que sustentan al Ejecutivo de Montilla. Iniciativa (ICV) y el PSC de Tarragona han evidenciado su oposición.
La Diputación General de Aragón (DGA) considera que el decreto de medidas urgentes para abastecer Barcelona puede vulnerar en uno de sus artículos el Estatuto de Autonomía.
Así lo estimó ayer el Consejo de Gobierno, que se reunió de forma extraordinaria, y anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 del mencionado decreto que regula la compra de derechos del agua para el trasvase a Barcelona al considerar que contradice su Estatuto.
El Ejecutivo aragonés pidió además al Gobierno que derogue el decreto de forma inmediata y a la Generalitat de Cataluña que reconozca que se ha superado la situación de emergencia hídrica. El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, indicó que el artículo 3 que autoriza la compra-venta de derechos de uso de agua a los regantes de la cuenca del Ebro sin que se haya solicitado un informe preceptivo al Gobierno de Aragón, como ordena el Estatuto, puede convertir el decreto en inconstitucional. El resto del texto, precisó, no será recurrido.
Según Biel, el artículo 3 del decreto "es la piedra angular en lo que a los derechos de Aragón se refiere", ya que es el que permite "una transferencia de aguas de la cuenca del Ebro a Barcelona, que afecta a Aragón".
El recurso de inconstitucionalidad se puede presentar hasta el próximo 22 de julio y el plazo de resolución, dijo el portavoz del Ejecutivo aragonés, es de cuatro o cinco años. Biel afirmó que cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad no basta con las razones "políticas o sentimentales", sino que es necesario realizar argumentaciones jurídicas, basadas en el Derecho.
El Consejo de Gobierno también requirió políticamente al Gobierno catalán que reconozca formalmente que se ha superado la situación de emergencia, ya que los cinco embalses que abastecen a la ciudad condal y su entorno tienen 180 hectómetros cúbicos de agua potable almacenada y, además, la previsión de lluvias en la región vecina se prolongará hasta el próximo domingo, 18 de mayo.
Biel recordó cómo el consejero catalán de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, animó a llenar las piscinas de Barcelona, aunque a la vez continúa la demanda del trasvase. "Entendemos que ya no se dan las circunstancias de extrema necesidad", prosiguió Biel, quien urgió también al Gobierno de España a cumplir el decreto, una de cuyas disposiciones finales, la tercera, lo considera agotado si desaparece la situación de necesidad. El vicepresidente recordó que en Aragón hay más de 180 municipios con verdaderos problemas de abastecimiento de agua de boca.
"Se tendrán que parar las obras" a lo mejor por requerimiento judicial, continuó Biel, quien señaló que el Gobierno autónomo esperará la respuesta del Ejecutivo catalán unos 15 días y en caso de no obtener respuesta o recibir una contestación negativa, acudirá a los tribunales para frenar las obras. El Ejecutivo aragonés se plantea pedir medidas cautelares para impedir la ejecución de las obras de la tubería que abastecerá Barcelona.
Mientras, la Generalitat catalana ha rectificado su decisión de autorizar el riego de jardines y el llenado de piscinas con agua potable. En una reunión extraordinaria celebrada en la tarde de ayer acordó modificar el decreto de sequía, de forma que ahora el paso de un nivel de alerta a otro no se actualizará automáticamente según la situación de los pantanos, sino que se tendrán en cuenta otros factores como la evolución de las reservas, la previsión meteorológica o la aportación de nuevos recursos. También decidió mantener el estado de excepcionalidad II para evitar autorizar las polémicas medidas.
Pero la contestación continúa. No sólo Aragón cuestiona la política de la Generalitat. El PSC de les Terres de l'Ebre (Tarragona) mostró ayer su oposición a las decisiones del Ejecutivo presidido por su mismo partido. Los socialistas tarraconenses instaron al Ejecutivo de Montilla a suspender el suministro de agua del Ebro a Barcelona con barcos, aunque respaldaron la continuidad de las obras del trasvase.
Más dura fue la portavoz de Iniciativa per Catalunya (ICV) en Tarragona, Arga Sentís, que afirmó sentirse "avergonzada" por la gestión que ha hecho el conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, de su mismo partido.
El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, mostró ayer su apoyo a la decisión de la Generalitat de mantener la prohibición del llenado de piscinas. El primer edil de Tarragona, también del PSC, anunció el miércoles que prohibía el envío de agua, una decisión que tenía previsto concretar al cierre de esta edición.
Aunque los barcos desde Tarragona seguirán llegando, pero llenados con agua procedente de los excedentes del ministrasvase y no de los pozos. Ayer, por razones "técnicas", no llegó a Barcelona el barco cargado con agua procedente de Marsella como estaba previsto. La llegada del buque se ha pospuestoal 21 de mayo.
