El programa se puso en marcha ante la falta de recursos públicos para ayudar a niños y adolescentes con fracaso escolar, problemas de comportamiento e, incluso, consumo de drogas debido al trastorno que padecen y que les lleva a un aislamiento social que afecta a su autoestima.
"Se está notando muchísimo la mejoría en los críos, pero tenemos que ir poco a poco porque nuestros recursos son muy limitados, y seguimos siendo una asociación sin ánimo de lucro", explica la responsable del colectivo, Mar Monje.
Desde la unidad de salud mental infantil les están derivando a familias alicantinas para que les atiendan. Y es que, según insiste Monje, ninguna otra asociación está coordinando actualmente un programa de estas características, por lo que han tenido que limitar las nuevas citas a cuatro o cinco familias a la semana, e intentando no generar listas de espera.
Con equipos de trabajo formados por psicólogos, pedagogos y profesores están atendiendo a padres y niños de Alicante, Mutxamel, Alcoy y Ondara, y prevén abrir más sedes por la provincia.
Un plan para expulsados
Actualmente, más de 90 menores de ya están recibiendo una atención integral, sin contar a los adultos que "cada vez tenemos más". Esta cifra que contrasta con la de hace dos años cuando sólo contaban con una quincena de niños y adolescentes.
Una vez la familia acude a la asociación, los responsables realizan una evaluación para confirmar el diagnóstico y para poder diseñar las estrategias que se realizarán tanto en el colegio como en el propio domicilio, si fuera necesario. Además, cuentan con un programa para los niños que son expulsados de la escuela y otro de observadores, donde un trabajador acude a una de las clases del menor para observar su conducta en su entorno y sin que se conozca su identidad.
Los estudios señalan que cerca de 5.000 niños pueden tener déficit de atención con o sin hiperactividad en Alicante. En el caso de la provincia se estima que el trastorno afecta a 27.000.
Mientras, las familias aseguran que tienen que hacer frente a un elevado coste económico, que no asume ninguna administración, ya que todos los niños con TDA necesitan una ayuda extraescolar, clases de apoyo, recuperación de retraso escolar y gabinetes psicopedagógicos o psicólogos para terapias de comportamiento, entre otros recursos. Unos gastos que se prolongan durante toda la etapa escolar.




