Comunidad Valenciana
La Ciudadanía llega a la Educación
El Gobierno actuará contra el Consell si permite que la polémica asignatura sobre el civismo se apruebe con trabajos trimestrales seleccionados por los padres
06.04.08 -
El Ministerio de Educación no decidirá qué tipo de acciones judiciales emprenderá contra el Consell por cómo se aplique aquí Educación para la Ciudadanía hasta que los proyectos presentados esta semana no se trasladen a un documento oficial. El Ejecutivo valenciano ha acordado ofrecer dos modalidades para cursarla: la presencia lectiva como en cualquier otra materia o realizar trabajos trimestrales, seleccionados del programa por los padres como un traje a medida. La segunda no gusta al Gobierno. Y menos aún que, además, se imparta siempre en inglés sea cual sea la opción elegida.
A pesar de que el Ministerio reaccionó de inmediato, lo cierto es que han decidido esperar a tomar decisiones en vistas a cómo mueva ficha la Conselleria.
Será a partir de ese momento, "si se concreta en desarrollos reales las declaraciones públicas del consejero de Educación", cuando los servicios jurídicos del Gobierno estudiarán las posibilidades para emprender "las medidas oportunas", señalaron dichas fuentes. Pese a eso la administración alenciana está segura de que los alumnos que opten por la segunda opción no correrán ningún riesgo académico.
Por tanto no habrá recurso, por ahora, contra el acuerdo del Consell por el que también aboga el sector de enseñanza del sindicato CC.OO. Los representantes del profesorado de este sindicato entregaron el viernes, ante el registro de entrada de la Conselleria de Presidencia, una solicitud en la que insta a la Generalitat a certificar el acuerdo del Consell sobre enseñanza de la Educación para la Ciudadanía.
Se da la circunstancia de que el temario de la asignatura aprobado y publicado por el Gobierno valenciano en junio de 2007 ha contado con la pertinente autorización del Ministerio de Educación.
El Consell, en virtud de las competencias transferidas ha excluido toda referencia a los diferentes tipos de relaciones afectivas, como puede ser la homosexualidad o la bisexualidad, y ha introducido cuestiones como el estudio de la seguridad vial, de la Constitución, del fenómeno terrorismo o del nacionalismo excluyente.
Según la norma del Gobierno, cuando las familias se acojan a la opción de los trabajos trimestrales, son los padres los que tienen que autorizar el tema que tienen que elaborar sus hijos sobre cuestiones del programa oficial.
Además, hay una tercera vía que consiste en objetar a cualquiera de las fórmulas arbitradas. Para ello, los padres valencianos dispondrán de un registro en cada una de las tres direcciones provinciales de Educación.
En este último caso, el propio conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, manifestó que el Gobierno valenciano "no va a fomentar" la objeción a Educación para la Ciudadanía, pero también añadió que si alguna familia adopta esta decisión, "lo vamos a reconocer".
Desde este punto de vista Font de Mora argumentó que se trata de "dar respuesta" a las posibles situaciones que puedan ocurrir y "procurar atender los problemas que se puedan plantear por la aplicación de la asignatura".
Educación para la Ciudadania empezará a impartirse el curso próximo en segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en el año lectivo 2009-2010 se dará esta enseñanza a los alumnos de quinto de Primaria.
Las comunidades gobernadas por el PP, como la valenciana, retrasaron la entrada en vigor de esta asignatura de obligado estudio, tal y como prevé la LOE, a la espera, como dijeron en numerosas ocasiones, de ganar las elecciones generales celebradas el pasado 9 de marzo para derogar la polémica asignatura.
Tanto los gobiernos del Partido Popular como la Coferencia Episcopal consideran que Educación para la Ciudadanía es una materia que pretende la ideologización y el adoctrimaniento de los escolares. Defienden que es un derecho constitucional la libre elección de los padres a la educación de sus hijos.
Tras no obtener los resultados electorales esperados, en su primera sesión plenaria tras los comicios el Consell aprobó impartir la asignatura desde el curso próximo.
Contando con un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana, avalado por cinco sentencias de cinco diferentes altos tribunales, entre ellos el de Estrasburgo, acordaron que la asigntura de Educación para la Ciudadannía se podrá recibir a través de las clases oficialmente establecidas, una hora semanal, o bien con la realización de, al menos, un trabajo trimestral.
Siempre será en inglés y con la autorización de las familias. En el caso de los objetores puros, los alumnos no podrán concluir el curriculum escolar al no constar como presentados en la asignatura.
A pesar de que el Ministerio reaccionó de inmediato, lo cierto es que han decidido esperar a tomar decisiones en vistas a cómo mueva ficha la Conselleria.
Será a partir de ese momento, "si se concreta en desarrollos reales las declaraciones públicas del consejero de Educación", cuando los servicios jurídicos del Gobierno estudiarán las posibilidades para emprender "las medidas oportunas", señalaron dichas fuentes. Pese a eso la administración alenciana está segura de que los alumnos que opten por la segunda opción no correrán ningún riesgo académico.
Por tanto no habrá recurso, por ahora, contra el acuerdo del Consell por el que también aboga el sector de enseñanza del sindicato CC.OO. Los representantes del profesorado de este sindicato entregaron el viernes, ante el registro de entrada de la Conselleria de Presidencia, una solicitud en la que insta a la Generalitat a certificar el acuerdo del Consell sobre enseñanza de la Educación para la Ciudadanía.
Se da la circunstancia de que el temario de la asignatura aprobado y publicado por el Gobierno valenciano en junio de 2007 ha contado con la pertinente autorización del Ministerio de Educación.
El Consell, en virtud de las competencias transferidas ha excluido toda referencia a los diferentes tipos de relaciones afectivas, como puede ser la homosexualidad o la bisexualidad, y ha introducido cuestiones como el estudio de la seguridad vial, de la Constitución, del fenómeno terrorismo o del nacionalismo excluyente.
Según la norma del Gobierno, cuando las familias se acojan a la opción de los trabajos trimestrales, son los padres los que tienen que autorizar el tema que tienen que elaborar sus hijos sobre cuestiones del programa oficial.
Además, hay una tercera vía que consiste en objetar a cualquiera de las fórmulas arbitradas. Para ello, los padres valencianos dispondrán de un registro en cada una de las tres direcciones provinciales de Educación.
En este último caso, el propio conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, manifestó que el Gobierno valenciano "no va a fomentar" la objeción a Educación para la Ciudadanía, pero también añadió que si alguna familia adopta esta decisión, "lo vamos a reconocer".
Desde este punto de vista Font de Mora argumentó que se trata de "dar respuesta" a las posibles situaciones que puedan ocurrir y "procurar atender los problemas que se puedan plantear por la aplicación de la asignatura".
Educación para la Ciudadania empezará a impartirse el curso próximo en segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en el año lectivo 2009-2010 se dará esta enseñanza a los alumnos de quinto de Primaria.
Las comunidades gobernadas por el PP, como la valenciana, retrasaron la entrada en vigor de esta asignatura de obligado estudio, tal y como prevé la LOE, a la espera, como dijeron en numerosas ocasiones, de ganar las elecciones generales celebradas el pasado 9 de marzo para derogar la polémica asignatura.
Tanto los gobiernos del Partido Popular como la Coferencia Episcopal consideran que Educación para la Ciudadanía es una materia que pretende la ideologización y el adoctrimaniento de los escolares. Defienden que es un derecho constitucional la libre elección de los padres a la educación de sus hijos.
Tras no obtener los resultados electorales esperados, en su primera sesión plenaria tras los comicios el Consell aprobó impartir la asignatura desde el curso próximo.
Contando con un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana, avalado por cinco sentencias de cinco diferentes altos tribunales, entre ellos el de Estrasburgo, acordaron que la asigntura de Educación para la Ciudadannía se podrá recibir a través de las clases oficialmente establecidas, una hora semanal, o bien con la realización de, al menos, un trabajo trimestral.
Siempre será en inglés y con la autorización de las familias. En el caso de los objetores puros, los alumnos no podrán concluir el curriculum escolar al no constar como presentados en la asignatura.
