POLÉMICA URBANÍSTICA
La UE mira con lupa el urbanismo alicantino
La nueva investigación comunitaria ahonda aún más en la crisis del sector inmobiliario
01.04.08 - 04:38 -
Varios eurodiputados durante su anterior visita a Parcent.
Llega en mal momento. La maratoniana sesión de dos días de la Comisión de Peticiones de la UE llega con el peor panorama posible. Bruselas vuelve a evaluar desde hoy el urbanismo valenciano en plena crisis del mercado inmobiliario. Las 49 reclamaciones de vecinos comunitarios y asociaciones ahondarán en la mala racha que atraviesa uno de los principales motores de la economía de la Comunitat Valenciana.
Mientras el sector de la construcción trata de sobreponerse al brutal frenazo que ha sufrido, proyectos como Porchinos o Nou Mil.leni pueden desencadenar en un nuevo desembarco de eurodiputados y técnicos comunitarios en Castellón Valencia y Alicante, como ya ocurrió en el pasado año 2007.
La Comisión de Peticiones atiende 49 peticiones de vecinos, asociaciones y partidos políticos. Algunas de ellas proceden de particulares, y la mayoría de ellos extranjeros, que denuncian supuestos abusos sufridos por la aplicación de la ley urbanística valenciana en la tramitación de algún plan parcial. La mayoría de esas reclamaciones proceden de Alicante, muchas de ellas de la Marina y, en especial, de Xàbia.
Un segundo grupo de entre las peticiones que se tratarán desde hoy mismo en Bruselas son aquellas que alertan sobre presuntos incumplimientos de la normativa europea vigente en materia medioambiental. Entre ellas se encuentra las denuncias de posibles daños, por ejemplo, a la Albufera o al marjal Pego-Oliva.
Un último grupo es el de los abusos urbanísticos, es decir, de planes que supondrían un desarrollo desmesurado de alguna zona o población. El ejemplo más flagrante de este caso es el de Parcent, donde actualmente se están tramitando tres PAI que comportarían la construcción de más de 2.000 viviendas en esta pequeña localidad de la Marina Alta.
Estas iniciativas urbanísticas cuentan con un amplio rechazo vecinal y un cambio en la composición de la Corporación tras las pasadas elecciones. El ejecutivo del PP que inició la tramitación de los PAI y no gobierna tras los comicios, pero los planes están ahora en manos del Consell. La asociación en contra de los proyectos exige su paralización y amenazan con acudir a los tribunales. La plataforma acude a Bruselas con la esperanza de que esta iniciativa sirva para evitar que Parcent, una pequeña y acogedora localidad, se convierta en una brutal área de casas de lujo.
Mientras el sector de la construcción trata de sobreponerse al brutal frenazo que ha sufrido, proyectos como Porchinos o Nou Mil.leni pueden desencadenar en un nuevo desembarco de eurodiputados y técnicos comunitarios en Castellón Valencia y Alicante, como ya ocurrió en el pasado año 2007.
La Comisión de Peticiones atiende 49 peticiones de vecinos, asociaciones y partidos políticos. Algunas de ellas proceden de particulares, y la mayoría de ellos extranjeros, que denuncian supuestos abusos sufridos por la aplicación de la ley urbanística valenciana en la tramitación de algún plan parcial. La mayoría de esas reclamaciones proceden de Alicante, muchas de ellas de la Marina y, en especial, de Xàbia.
Un segundo grupo de entre las peticiones que se tratarán desde hoy mismo en Bruselas son aquellas que alertan sobre presuntos incumplimientos de la normativa europea vigente en materia medioambiental. Entre ellas se encuentra las denuncias de posibles daños, por ejemplo, a la Albufera o al marjal Pego-Oliva.
Un último grupo es el de los abusos urbanísticos, es decir, de planes que supondrían un desarrollo desmesurado de alguna zona o población. El ejemplo más flagrante de este caso es el de Parcent, donde actualmente se están tramitando tres PAI que comportarían la construcción de más de 2.000 viviendas en esta pequeña localidad de la Marina Alta.
Estas iniciativas urbanísticas cuentan con un amplio rechazo vecinal y un cambio en la composición de la Corporación tras las pasadas elecciones. El ejecutivo del PP que inició la tramitación de los PAI y no gobierna tras los comicios, pero los planes están ahora en manos del Consell. La asociación en contra de los proyectos exige su paralización y amenazan con acudir a los tribunales. La plataforma acude a Bruselas con la esperanza de que esta iniciativa sirva para evitar que Parcent, una pequeña y acogedora localidad, se convierta en una brutal área de casas de lujo.
