El desencadenante se ha producido en Madrid, donde las autoridades regionales han establecido un arriesgado precedente al permitir, desde mediados de enero, la apertura en cualquier festivo de las tiendas del centro de la capital, situadas dentro de la llamada "zona de gran afluencia turística", en las inmediaciones de la conocida Puerta del Sol.
La medida ha vuelto a evidenciar la división en dos bloques del sector comercial, con las tiendas de barrio y la Confederación Española de Comercio (que representa a 410.000 pequeños y medianos profesionales), por un lado, y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), por otro.
A los primeros les apoyan, además, las respectivas federaciones sectoriales de CC.OO. y UGT, que ayer suscribieron un comunicado junto a la CEC para mostrar su "total rechazo a la presión" que, a su juicio, las grandes superficies "promueven en determinadas administraciones".
Argumentan estas organizaciones que "bajo la excusa" de esa liberalización, la administración realiza "en la práctica una defensa de los intereses de los grandes de la distribución comercial", al tiempo que se "limita" la oferta en precios y servicios, acusaciones que se rebaten desde la citada patronal bajo el argumento de que en Europa existe mayor libertad de horarios e instalación que en España, y eso "repercute en una mayor competencia en el mercado".
Este es el objetivo que, destaca ANGED, se ha marcado la Comisión Europea al poner en marcha una nueva directiva sobre el sector servicios, aprobada en 2006 pero que no entrará en vigor hasta finales de 2009.
Disparidad autonómica
A nivel autonómico, a su vez, la situación también es algo dispar. En materia de horarios comerciales, casi dos tercios establecen un máximo de 72 horas semanales, mientras que en otras cinco -Castilla y León, Madrid, La Rioja, Navarra y Comunitat Valenciana- ese tope se eleva hasta los 90 horas.
En cuanto a las aperturas en festivos, en Madrid se puede llegar a las 22, pero el resto de territorios se quedan en ocho (el mínimo que, en teoría, permite la ley estatal), salvo en Canarias (nueve) y Murcia (10). En el País Vasco, como caso singular, no se abre en ninguna de esas fechas por un llamativo acuerdo no escrito entre la administración, los sindicatos y la patronal.
Y en la Comunitat Valenciana, como se recordará, se ha añadido un festivo adicional al año, que se considera "extraordinario" pero que será efectivo durante los próximos cuatro ejercicios. En la autonomía el calendario comercial se establece siguiendo las directrices de un órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, el Observatorio del comercio, que está integrando por representantes de todo el sector comercial, de los sindicatos, consumidores y Gobierno autonómico. Con el reciente pacto de nueve festivos, la Conselleria de Industria y Comercio ha conseguido unos años de calma tras meses de duro enfrentamiento. Como en el resto de España, las grandes superficies defendían liberalización total -algo a lo que el Ejecutivo no está dispuesto, ni siquiera a llegar a una situación similar a la de Madrid- mientras los pequeños y los supermercados eran contrarios a aumentar los ocho festivos anuales. Al final, para facilitar el consenso, el pequeño comercio aceptó nueve.
Como guinda a los movimientos en el comercio, generalizados en todo el país, los últimos datos en poder del Ministerio del Trabajo revelan que desde diciembre han cerrado más de 6.000 pequeños comercios (entonces fueron 1.000, en enero 4.000 y en febrero se superan los 2.000 sin que haya acabado el mes), debido al descenso del consumo.
La caída está siendo notable. Por ejemplo, en los productos básicos, el descenso del consumo creció en 2007 a una de sus tasas más bajas de la época reciente (5,5%), equiparable a principios del año 2002, si bien entonces la inflación no estaba tan alta (en febrero se disparó un 4,3% en tasa interanual, su subida más fuerte de los últimos doce años).
Con este panorama, muchos pequeños tenderos han preferido "echar el cierre" antes de que su situación resultara agobiante. En la Comunitat, el sector está recibiendo el apoyo de la Generalitat, que prepara un plan de competitividad para relanzar al pequeño comercio.




