Comunidad Valenciana
El Ayuntamiento de Gandia se hará cargo de la hipoteca de unos pensionistas que no pueden pagarla
El Ayuntamiento comprará y alquilará por un precio simbólico un piso a unos pensionistas que no pueden pagar el inmueble
En plena recesión económica y con un creciente endeudamiento de las familias que cada vez tienen más dificultades para hacer frente a las hipotecas, el Ayuntamiento de Gandia va a llevar a cabo una iniciativa pionera en lo que a políticas sociales se refiere.
La empresa municipal Iniciatives Públiques, que se encarga de gestionar los proyectos de vivienda, ha decidido acabar con los problemas de un matrimonio que se encuentra en esa situación. Se trata de los inquilinos de una de las zonas más degradadas de la ciudad, el Grupo Porta.
Tienen una hipoteca de 90.000 euros que les deja una letra mensual de 700 y cada vez tienen más problemas para afrontarla.
Sus pensiones apenas les permiten llegar a fin de mes. Además, el Ayuntamiento lleva meses preparando un proyecto para lavar la cara de este barrio y subvencionar, entre otras cosas, la reparación de techos y fachadas de los bloques de pisos o la instalación de ascensores allí donde lo deseen.
Pero para este matrimonio, lo que en principio iba a ser una noticia excelente se convirtió en una carga insoportable. Tanto es así que informaron al Ayuntamiento de que no podían hacer frente a los gastos por mínimos que fueran.
Esto fue cuando comenzaron las conversaciones con los residentes de Porta con el fin de conocer con exactitud en qué situación se encuentra cada familia. La mayoría tiene una economía muy precaria y las condiciones de numerosos pisos son mínimas.
De ahí, la urgencia del gobierno municipal por llevar a cabo el proyecto que devolverá a esta zona la calidad que se merece. En el caso de este matrimonio, los gastos extra que suponen esas obras no hacen sino empeorar su ya maltrecha economía doméstica. Y es previsible que no sean los únicos con esa dificultad.
Pero sus problemas empiezan a ver la luz, después de que el consejo de administración de la empresa pública haya aprobado comprarles su casa por 114.000 euros, una cantidad suficiente para liquidar la cuota total.
400 euros de alquiler
Lo bueno no acaba ahí, ya que los actuales inquilinos podrán seguir viviendo allí el tiempo que deseen por un alquiler de 400 euros que pagarán al Consistorio, futuro propietario de la residencia.
Esta actuación está prevista dentro del Plan de Vivienda Social y del proyecto de remodelación de todo el barrio. Aunque precisamente por ser novedoso, no está estrictamente regulado.
Por ello, el Bloc ha pedido que se establezcan unas bases que permitan que otras personas en la misma situación puedan adherirse también a este tipo de ayudas.
"No es nuevo que el Ayuntamiento compre casas, pero sí que lo haga para después realquilarla a sus inquilinos actuales", explicó Emili Ripoll, miembro del Bloc en el consejo de administración.
Todos los grupos municipales aplaudieron ayer la medida al igual que la petición realizada por los nacionalistas.
Primero, los Servicios Sociales del Ayuntamiento deberán decir cuánta gente está realmente en el límite de sus posibilidades. Esos datos se obtendrán de las entrevistas que ya se realizaron en su día casa por casa por los mediadores del Consistorio.
Esta es sólo una de las diversas intervenciones urbanísticas sociales que el Ayuntamiento está llevando a cabo.
El barrio de Simancas es otro de los centros de atención, aunque parece que ahora su puesta en marcha pierde peso. La idea del gobierno es derribar todos los edificios, que están muy deteriorados, y volverlos a construir.
También en este caso, sus propietarios, o al menos los que estén dispuestos a ello, volverán a vivir en sus casas, pero totalmente reformadas por un precio bastante asequible.
Y Santa Anna, otro histórico de las reivindicaciones vecinales, vuelve a ser noticia. Esta misma semana, el Instituto Valenciano de la Vivienda ha remitido al departamento de Territorio una primera propuesta de reparcelación. Ahora, el gobierno debe decidir si le da el visto bueno, para que el IVVSA inicie los trámites para la remodelación de otro distrito bastante degradado.
La empresa municipal Iniciatives Públiques, que se encarga de gestionar los proyectos de vivienda, ha decidido acabar con los problemas de un matrimonio que se encuentra en esa situación. Se trata de los inquilinos de una de las zonas más degradadas de la ciudad, el Grupo Porta.
Tienen una hipoteca de 90.000 euros que les deja una letra mensual de 700 y cada vez tienen más problemas para afrontarla.
Sus pensiones apenas les permiten llegar a fin de mes. Además, el Ayuntamiento lleva meses preparando un proyecto para lavar la cara de este barrio y subvencionar, entre otras cosas, la reparación de techos y fachadas de los bloques de pisos o la instalación de ascensores allí donde lo deseen.
Pero para este matrimonio, lo que en principio iba a ser una noticia excelente se convirtió en una carga insoportable. Tanto es así que informaron al Ayuntamiento de que no podían hacer frente a los gastos por mínimos que fueran.
Esto fue cuando comenzaron las conversaciones con los residentes de Porta con el fin de conocer con exactitud en qué situación se encuentra cada familia. La mayoría tiene una economía muy precaria y las condiciones de numerosos pisos son mínimas.
De ahí, la urgencia del gobierno municipal por llevar a cabo el proyecto que devolverá a esta zona la calidad que se merece. En el caso de este matrimonio, los gastos extra que suponen esas obras no hacen sino empeorar su ya maltrecha economía doméstica. Y es previsible que no sean los únicos con esa dificultad.
Pero sus problemas empiezan a ver la luz, después de que el consejo de administración de la empresa pública haya aprobado comprarles su casa por 114.000 euros, una cantidad suficiente para liquidar la cuota total.
400 euros de alquiler
Lo bueno no acaba ahí, ya que los actuales inquilinos podrán seguir viviendo allí el tiempo que deseen por un alquiler de 400 euros que pagarán al Consistorio, futuro propietario de la residencia.
Esta actuación está prevista dentro del Plan de Vivienda Social y del proyecto de remodelación de todo el barrio. Aunque precisamente por ser novedoso, no está estrictamente regulado.
Por ello, el Bloc ha pedido que se establezcan unas bases que permitan que otras personas en la misma situación puedan adherirse también a este tipo de ayudas.
"No es nuevo que el Ayuntamiento compre casas, pero sí que lo haga para después realquilarla a sus inquilinos actuales", explicó Emili Ripoll, miembro del Bloc en el consejo de administración.
Todos los grupos municipales aplaudieron ayer la medida al igual que la petición realizada por los nacionalistas.
Primero, los Servicios Sociales del Ayuntamiento deberán decir cuánta gente está realmente en el límite de sus posibilidades. Esos datos se obtendrán de las entrevistas que ya se realizaron en su día casa por casa por los mediadores del Consistorio.
Esta es sólo una de las diversas intervenciones urbanísticas sociales que el Ayuntamiento está llevando a cabo.
El barrio de Simancas es otro de los centros de atención, aunque parece que ahora su puesta en marcha pierde peso. La idea del gobierno es derribar todos los edificios, que están muy deteriorados, y volverlos a construir.
También en este caso, sus propietarios, o al menos los que estén dispuestos a ello, volverán a vivir en sus casas, pero totalmente reformadas por un precio bastante asequible.
Y Santa Anna, otro histórico de las reivindicaciones vecinales, vuelve a ser noticia. Esta misma semana, el Instituto Valenciano de la Vivienda ha remitido al departamento de Territorio una primera propuesta de reparcelación. Ahora, el gobierno debe decidir si le da el visto bueno, para que el IVVSA inicie los trámites para la remodelación de otro distrito bastante degradado.
