
Todo comenzó cuando el partido Gent d' Antella se percató "de unas irregularidades" y al investigar los expedientes se dio cuenta "de que el quiosco bar era ilegal y no contaba el informe favorable de la Conferencia Hidrográfica del Júcar quien denegó el permiso en enero de 2007".
Según el portavoz de dicha formación, Gustavo Montagudo, el quiosco bar "ha funcionando muchos años sin licencia de actividad".
Cauce fluvial protegido
El informe de la CHJ resultó negativo porque el quiosco de bebidas está abierto en una zona declarada, por el Patricova, inundable y está determinado como cauce fluvial protegido.
Por otro lado, el chiringuito veraniego está regentado por el marido de la alcaldesa, Juan García Palazón, y esta es la razón por lo que a la votación de este punto tuvieron que abandonar la sesión la primera edil y su hijo, concejal del municipio.
Pero Gent d'Antella no puso punto y final al exigir que no se renueve el contrato. Además propuso iniciar un expediente de depuración de responsabilidades al Ayuntamiento.
La votación plenaria obtuvo como resultado tres votos del PSPV y uno de Gent d'Antella a favor de la enmienda, ya que, tanto Giménez como su hijo, no pudieron votar porque la ley así lo marca, dejando al PP, que tiene la mayoría absoluta, en una decisiva desventaja numérica, aunque después, según Montagudo, "Giménez sí firmó el acta".
El quiosco de verano lleva abierto al menos desde el año 2002. Fue entonces cuando el gobierno socialista lo autorizó, según recalca el Ayuntamiento del Partido Popular que está hoy en día en el gobierno.
Política de destrucción
La alcaldesa Isabel Giménez declaró a LAS PROVINCIAS que la situación "ha llegado demasiado lejos únicamente por la política destructiva que está llevando a cabo la oposición".
Giménez aseguró que cuando ella llegó al poder y pidió la licitación del establecimiento "nadie le advirtió de que no tenía licencia". Además, aseguró que no estudió los informes pertenecientes "porque confiaba y presuponía la legalidad del gobierno anterior".
Sin embargo, la alcaldesa declaró que cuando se enteró de la ilegalidad y de que carecía el bar de una autorización sanitaria, se dirigió "de inmediato al Consistorio para exponer los hechos e intentar regularizar la situación".
"Lo que no entiendo es porque se me acusa de intentar hacer las cosas bien. Me acusan de todo cuando quien compró el terreno, y lo autorizó, fue gobierno socialista".
La polémica está servida. Mientras la oposición pide investigar más expedientes, la alcaldesa busca una salida a esta situación y ha pedido informes técnicos y jurídicos. Además, el Ayuntamiento, por el momento, ha procedido a suspender la actividad del chiringuito.







