Politica
La Generalitat cierra el repetidor ilegal de TV3 en Alicante y Cataluña lo relaciona con las elecciones
Rambla avisa de que la reacción del Ejecutivo catalán "no favorece en nada el acuerdo de reciprocidad"
Incidentes en el repetidor de La Carrasqueta el pasado 27 de abril.
La telenovela en que se ha convertido ya la emisión de la televisión pública catalana TV3 en la Comunitat vivió la noche del domingo un nuevo capítulo. Sobre las 22.00 horas, funcionarios de la Generalitat precintaron el repetidor propiedad de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), la entidad que dirige Eliseu Climent, ubicado en la sierra de La Carrasqueta, en Xixona.
La decisión, que provocó que dejaran de recibirse las imágenes en las comarcas alicantinas, es consecuencia del mandato del juez que ordenó el cierre de las instalaciones en las que se encuentra el repetidor en un plazo de diez días -que finalizaba ayer mismo-. De modo que la orden de precintar el repetidor de ACPV no es una decisión administrativa, sino judicial.
Pese a que la decisión del cierre del repetidor de ACPV se veía venir, y a que el Gobierno catalán y el valenciano mantienen conversaciones para llegar a un acuerdo de cara a intercambiar las señales de las respectivas televisiones autonómicas, la reacción del Ejecutivo catalán al cierre de los repetidores fue singularmente virulenta.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, consideró que la decisión obedece "estrictamente a razones políticas" relacionadas con la proximidad de la cita electoral. El líder del PSC recordó que el Gobierno valenciano había pedido un segundo múltiplex para tener todas las garantías con las frecuencias, lo que ya le fue otorgado por la Administración central, ha explicado. "Si lo hacen es por razones estrictamente políticas y no técnicas, y por parte exclusivamente del Gobierno valenciano. Espero que reflexionen y encontremos una solución con una voluntad política recíproca", ha subrayado Montilla .
También terció en la polémica el ministro valenciano Bernat Soria, quien destacó ayer que "cada vez que se tapa una boca o se calla una voz" se produce "un atentado contra la libertad de expresión", en referencia al cierre del repetidor de TV3 en Alicante, aunque precisó que él "siempre" va a ser "respetuoso con la ley".
El Gobierno que preside Montilla considera "inaceptable e inoportuno el cierre del repetidor de TV3 en Alicante y lo entiende como un ataque a la pluralidad, puesto que limita una oferta televisiva consolidada durante años".
"El Gobierno de Cataluña, desde hace meses, está en condiciones de firmar un acuerdo de reciprocidad e insta a la Generalitat valenciana a firmarlo de manera inmediata, puesto que se dispone de las garantías suficientes para hacerlo posible".
Esa referencia al acuerdo de reciprocidad había sido recogida también por el portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, que ayer mismo recordó que el Gobierno valenciano apuesta por seguir avanzando, junto al ministerio de Industria y a la Generalitat de Cataluña, para hacer posible la emisión de TV3 en la Comunitat y la de Canal 9 en Cataluña. Industria ya ha garantizado a la Comunitat dos nuevos múltiples que permitirán espacio suficiente para recibir nuevas señales de televisión, entre las que se incluirán las de regiones vecinas.
Sin embargo, el Gobierno valenciano discrepó ayer del tono del comunicado hecho público por el Ejecutivo catalán. A media tarde, Rambla emitió un nuevo comunicado en el que lamenta que Cataluña "no se haya situado del lado de la legalidad y de la Generalitat Valenciana en el cierre del repetidor ilegal". Rambla subrayó que las decisiones judiciales en un Estado de Derecho "no se basan nunca en razones políticas" y advirtió de que valoraciones como las realizadas por el Gobierno catalán "no favorecen en nada el acuerdo de reciprocidad entre las dos cadenas".
La polémica en torno a los repetidores que permiten la emisión de la señal de la televisión pública catalana en la Comunitat viene de muy atrás, pero su episodio definitivo se ha vivido a lo largo de 2007. A comienzos de este año, el Gobierno valenciano exigió el fin de las emisiones de la televisión pública catalana en el territorio de la Comunitat.
No se trataba, ni mucho menos, de ningún tipo de animadversión hacia TV3, sino más bien de un intento de regularizar una emisión que, hasta la fecha, está en manos de una entidad que, además de carecer de autorización legal para emitir en las provincias valencianas, se ha caracterizado especialmente por su beligerancia hacia la administración autonómica del PP. Esa entidad, ACPV, viene recibiendo además financiación directa por parte del Gobierno catalán. Y el formato elegido para que la señal de la televisión autonómica catalana llegara a la Comunitat perjudicaba la señal de otras cadenas, y estás sí que contaban con autorización legal.
El 27 de abril, el Gobierno valenciano acometió su primera intentona de clausurar el repetidor de La Carrasqueta. Ese día, un grupo de 300 personas se movilizó para impedir a los funcionarios de la Administración autonómica que cumplieran con el mandato judicial.
Tres días después, el 30 de abril -pocas semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo-, el Gobierno valenciano hizo definitivo el expediente sancionador abierto contra la entidad propietaria de los repetidores. El resultado fue una multa de 300.000 euros por la emisión sin licencia, y el cierre de los repetidores. El recurso en contra presentado por la entidad que dirige Climent fue rechazado por el TSJ.
Sólo desde este momento el Gobierno catalán asume que será necesario negociar con el Ejecutivo valenciano la presencia de TV3 en la Comunitat. Industria facilita el acuerdo sobre los múltiplex, que lo hace posible, y los dos gobierno autonómicos esperan el momento oportuno, probablemente tras las generales, para cerrar el acuerdo.
La decisión, que provocó que dejaran de recibirse las imágenes en las comarcas alicantinas, es consecuencia del mandato del juez que ordenó el cierre de las instalaciones en las que se encuentra el repetidor en un plazo de diez días -que finalizaba ayer mismo-. De modo que la orden de precintar el repetidor de ACPV no es una decisión administrativa, sino judicial.
Pese a que la decisión del cierre del repetidor de ACPV se veía venir, y a que el Gobierno catalán y el valenciano mantienen conversaciones para llegar a un acuerdo de cara a intercambiar las señales de las respectivas televisiones autonómicas, la reacción del Ejecutivo catalán al cierre de los repetidores fue singularmente virulenta.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, consideró que la decisión obedece "estrictamente a razones políticas" relacionadas con la proximidad de la cita electoral. El líder del PSC recordó que el Gobierno valenciano había pedido un segundo múltiplex para tener todas las garantías con las frecuencias, lo que ya le fue otorgado por la Administración central, ha explicado. "Si lo hacen es por razones estrictamente políticas y no técnicas, y por parte exclusivamente del Gobierno valenciano. Espero que reflexionen y encontremos una solución con una voluntad política recíproca", ha subrayado Montilla .
También terció en la polémica el ministro valenciano Bernat Soria, quien destacó ayer que "cada vez que se tapa una boca o se calla una voz" se produce "un atentado contra la libertad de expresión", en referencia al cierre del repetidor de TV3 en Alicante, aunque precisó que él "siempre" va a ser "respetuoso con la ley".
El Gobierno que preside Montilla considera "inaceptable e inoportuno el cierre del repetidor de TV3 en Alicante y lo entiende como un ataque a la pluralidad, puesto que limita una oferta televisiva consolidada durante años".
"El Gobierno de Cataluña, desde hace meses, está en condiciones de firmar un acuerdo de reciprocidad e insta a la Generalitat valenciana a firmarlo de manera inmediata, puesto que se dispone de las garantías suficientes para hacerlo posible".
Esa referencia al acuerdo de reciprocidad había sido recogida también por el portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, que ayer mismo recordó que el Gobierno valenciano apuesta por seguir avanzando, junto al ministerio de Industria y a la Generalitat de Cataluña, para hacer posible la emisión de TV3 en la Comunitat y la de Canal 9 en Cataluña. Industria ya ha garantizado a la Comunitat dos nuevos múltiples que permitirán espacio suficiente para recibir nuevas señales de televisión, entre las que se incluirán las de regiones vecinas.
Sin embargo, el Gobierno valenciano discrepó ayer del tono del comunicado hecho público por el Ejecutivo catalán. A media tarde, Rambla emitió un nuevo comunicado en el que lamenta que Cataluña "no se haya situado del lado de la legalidad y de la Generalitat Valenciana en el cierre del repetidor ilegal". Rambla subrayó que las decisiones judiciales en un Estado de Derecho "no se basan nunca en razones políticas" y advirtió de que valoraciones como las realizadas por el Gobierno catalán "no favorecen en nada el acuerdo de reciprocidad entre las dos cadenas".
La polémica en torno a los repetidores que permiten la emisión de la señal de la televisión pública catalana en la Comunitat viene de muy atrás, pero su episodio definitivo se ha vivido a lo largo de 2007. A comienzos de este año, el Gobierno valenciano exigió el fin de las emisiones de la televisión pública catalana en el territorio de la Comunitat.
No se trataba, ni mucho menos, de ningún tipo de animadversión hacia TV3, sino más bien de un intento de regularizar una emisión que, hasta la fecha, está en manos de una entidad que, además de carecer de autorización legal para emitir en las provincias valencianas, se ha caracterizado especialmente por su beligerancia hacia la administración autonómica del PP. Esa entidad, ACPV, viene recibiendo además financiación directa por parte del Gobierno catalán. Y el formato elegido para que la señal de la televisión autonómica catalana llegara a la Comunitat perjudicaba la señal de otras cadenas, y estás sí que contaban con autorización legal.
El 27 de abril, el Gobierno valenciano acometió su primera intentona de clausurar el repetidor de La Carrasqueta. Ese día, un grupo de 300 personas se movilizó para impedir a los funcionarios de la Administración autonómica que cumplieran con el mandato judicial.
Tres días después, el 30 de abril -pocas semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo-, el Gobierno valenciano hizo definitivo el expediente sancionador abierto contra la entidad propietaria de los repetidores. El resultado fue una multa de 300.000 euros por la emisión sin licencia, y el cierre de los repetidores. El recurso en contra presentado por la entidad que dirige Climent fue rechazado por el TSJ.
Sólo desde este momento el Gobierno catalán asume que será necesario negociar con el Ejecutivo valenciano la presencia de TV3 en la Comunitat. Industria facilita el acuerdo sobre los múltiplex, que lo hace posible, y los dos gobierno autonómicos esperan el momento oportuno, probablemente tras las generales, para cerrar el acuerdo.
