La Junta de Personal exige que estos puestos se incorporen a las plantillas del Consell
Con el sistema de asistencias técnicas, el Consell contrata a las empresas y éstas pagan a sus trabajadores, que desempeñan sus tareas en las oficinas del Gobierno autonómico y reciben un sueldo inferior a los funcionarios
La Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Generalitat ha denunciado hoy que el Gobierno valenciano emplea a cerca de 1.500 trabajadores a través de distintas formas de contratación irregular, lo que conlleva una merma en la calidad de la atención a los ciudadanos y una falta de control de Les Corts sobre las cuentas públicas.
El presidente de la Junta, Antonio Calderón, ha explicado a EFE que la Generalitat cuenta con alrededor de 17.000 empleados, 11.500 de ellos funcionarios y el resto laborales, a los que se suman otros 1.500 trabajadores contratados a través de "falsas" asistencias técnicas, "falsos" autónomos y otras formas de contratación "irregular".
La Junta de Personal considera que la Generalitat incurre así en una "cesión ilegal de trabajadores" y exige que estos puestos se incorporen a las plantillas del Consell, que externaliza sus servicios al tiempo que cuenta con más de mil plazas vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Gobierno autonómico.
Con el sistema de asistencias técnicas, el Consell contrata a las empresas, en muchos casos a través de la adjudicación directa, y éstas pagan a sus trabajadores, que desempeñan sus tareas en las oficinas del Gobierno autonómico, reciben un sueldo inferior a sus compañeros funcionarios y generan gastos, como el teléfono o el fax, que corren a cuenta de la Generalitat.
Calderón ha explicado que la Junta, un órgano colegiado que aúna a los cinco sindicatos de la mesa sectorial de la función pública, denunció el año pasado esta situación tanto a la Inspección de Trabajo como a la Sindicatura de Greuges.
Según ha señalado, la Inspección de Trabajo ha determinado que se ha producido una cesión ilegal de trabajadores de la empresa Tragsa en unidades de la antigua Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas que ahora dependen de la Conselleria de Gobernación, creada esta legislatura.
Calderón asegura que esta situación también se da en la Dirección General de Cambio Climático de la Conselleria de Medio Ambiente -antes, de Territorio y Vivienda-, que cuenta con 48 funcionarios, tres becarios y 52 trabajadores a través asistencias técnicas, en su mayoría de la empresa Vaersa.
En total, cerca de 200 empleados de asistencias técnicas trabajan en la Conselleria de Medio Ambiente y otros 120 desarrollan tareas informáticas propias de personal funcionario en la Conselleria de Educación, según Calderón.
Esta situación también afecta a otros departamentos de la Generalitat, como el de Agricultura, Sanidad, Presidencia o Bienestar Social.
La Generalitat recurre a este sistema porque la Ley de Presupuestos de 2004 establecía la limitación de contratación de personal y otorgaba a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo la potestad para autorizar esas incorporaciones a la plantilla del Consell, un permiso que se niega a conceder, según Calderón.
Varios representantes de la Junta, que por el momento sólo prevén llevar a cabo acciones judiciales, se reunieron la semana pasada con los grupos parlamentarios del PSPV y de Compromís pel País Valencià y esperan ahora poder mantener un encuentro con el grupo popular en Les Corts.