Vecinos del Carmen exigen más inspecciones en las terrazas de bares

Los residentes pedirán a la Policía Nacional que levante actas de ocupaciones ilegales para poder denunciar en el juzgado

P. M.

valencia. Más control de las terrazas del Carmen para que el acuerdo con la concejalía de Espacio Público sobre la reducción de mesas y sillas no sea «papel mojado», como señalaron ayer fuentes de la asociación Amics del Carme. Ese es el propósito de la reunión que mantendrán hoy distintas entidades del barrio con responsables de la Policía Local y la Policía Nacional, donde el control de los locales de hostelería será uno de los temas que se tratarán.

Fuentes de la entidad precisaron que «sigue habiendo un descontrol de mesas y sillas en varias calles y plazas. Si no se hace nada para solucionarlo, entonces carece de sentido cualquier acuerdo con el Consistorio», en referencia al pacto firmado con la Federación de Hostelería y el concejal de Espacio Público, Carlos Galiana, para reducir el aforo actual.

La ordenanza prevé el marcado en el pavimento de la superficie autorizada, que el hostelero debe mantener para que las marcas sean visibles con el paso del tiempo. El motivo de esto es que las inspecciones de la Policía Local son de esta manera mucho más rápidas.

La petición vecinal se enmarca en la tarea pendiente de la concejalía de Medio Ambiente sobre la Zona Acústicamente Saturada (ZAS), con medidas provisionales desde hace años y donde falta sólo articular las definitivas. La previsión es que no se produzcan grandes novedades en cuanto a las restricciones, por lo que las inspecciones se consideran «más necesarias que nunca».

Otra de las peticiones que plantearán los residentes pasa por la exigencia de una mayor presión sobre las ocupaciones ilegales. Citaron como ejemplo lo que ocurre en la plaza Viriato, donde en una pequeña finca propiedad de la Generalitat «hay okupas que han recurrido su desalojo. Pensamos que todo podría acelerarse si la Policía Nacional denunciara más veces, así se tendrá en cuenta por parte del juzgado a nuestro favor».

Las ocupaciones ilegales en propiedades de la Administración autonómica han sido una constante desde hace años. La crisis económica dejó varios inmuebles inacabados que ahora han salido a licitación, aunque también hay casos de viviendas ocupadas sin permiso, víctimas de saqueos y expolio de todo tipo de materiales.

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