Valencia paraliza el cobro de 5.000 recibos de Plusvalías por una sentencia

Ramón Vilar (d) junto al concejal del PP Eusebio Monzó. / d. torres
Ramón Vilar (d) junto al concejal del PP Eusebio Monzó. / d. torres

El Ayuntamiento notifica a los afectados que no pagarán intereses pese al retraso al estar justificado por el cambio pendiente de la norma

P. MORENO VALENCIA.

El Ayuntamiento acumula 5.000 liquidaciones del Impuesto de Plusvalías afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 11 de mayo, donde se señala que no hay que pagar dicho tributo en el caso de que la propiedad haya perdido valor. Los recibos se encuadran en 4.500 expedientes, indicó ayer el concejal de Hacienda, Ramón Vilar.

El delegado comentó la aprobación por parte de la junta de gobierno de una serie de medidas provisionales tomadas tras el fallo judicial. La última será la notificación a todos los afectados con una carta donde se les explicará que «la demora en el pago no supondrá para ellos el pago de intereses», dijo.

De esta manera se quiere tranquilizar a los contribuyentes por una situación sobrevenida a los Ayuntamientos. Vilar recordó que la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó instar al Gobierno a un cambio legislativo, así como una compensación por el dinero que dejarán de recibir los consistorios.

Hacienda acumula de momento 4,7 millones sujetos a una posible devolución a sus dueños

Ninguna de las dos se han tomado todavía, afirmó el edil, quien destacó el perjuicio que causa a las arcas municipales. El Ayuntamiento tiene previsto ingresar este año un total de 32,5 millones de euros, una cifra similar a la de 2017, aunque en la memoria del documento ya señala el efecto de la sentencia del Constitucional, razón por la que se decidió no incrementar la partida.

Vilar señaló que de momento se han ingresado 4,7 millones de euros de autoliquidaciones, un dinero que en parte podría devolver el Consistorio una vez que se fije la nueva legislación. «Tener el expediente congelado supone afrontar un vacío legal para los contribuyentes, por lo que haremos todas las notificaciones para avisarles».

El llamado Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana. La crisis económica ha hecho que muchas ventas se cierren con un precio inferior al anterior, por lo que tras un recurso que llegó hasta el Constitucional se concluyó que no era legal el cobro en estos casos.

El edil de Hacienda entendió que no debe haber ninguna consecuencia económica para el Ayuntamiento. «Se trata de un caso de responsabilidad legislativa, algo que debe afrontar el Gobierno», reiteró. Todavía está por ver la fórmula de compensación, en el caso de que la haya finalmente, aunque el precedente más cercano se encuentra en el Impuesto de Actividades Económicas.

En ese caso, el Gobierno decidió que no tributen las empresas que facturan menos de un millón de euros al año, para compensar con fondos propios a los Consistorios. En el caso de Valencia, este año se han presupuestado 22,8 millones.

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