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Cultivo de huertos en el barrio de Benimaclet. lp
En Valencia caben 40.000 pisos más

En Valencia caben 40.000 pisos más

La capital de la Comunitat dispone de solares para construir viviendas sin necesidad de tocar la huerta protegida

PACO MORENO

VALENCIA.

Martes, 24 de octubre 2017, 00:10

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La capital de la Comunitat dispone de solares para construir 40.000 viviendas sin necesidad de tocar la huerta protegida de la periferia, mientras que el Ayuntamiento estima además que hay unas 60.000 vacías en condiciones de habitabilidad.

Son dos de los datos que aparecen en las alegaciones aprobadas ayer por el Ayuntamiento en la comisión de Desarrollo Urbano, acerca del principal documento de la ciudad, la revisión del Plan General. Pendientes desde 2014, las 22.517 alegaciones han tenido ahora respuesta aunque con unos criterios totalmente distintos, dado que se eliminan infraestructuras como bulevares y carreteras que afectaban a la huerta, así como edificaciones en varios sectores. El 90% de las peticiones se han estimado.

El documento indica sobre la ocupación de suelo agrícola que «en relación con la necesidad de crecimiento de la ciudad, la Corporación considera que resulta innecesaria, a la vista de la existencia de suelo para construir unas 40.000 nuevas viviendas y la incorporación al mercado de parte de las 60.000 viviendas vacías que existen a partir de un Plan Municipal de Rehabilitación».

En opinión del gobierno municipal, a la vista de «este potencial, ha considerado factible garantizar el derecho a la vivienda, al menos en las próximas décadas, sin necesidad de ocupar suelo de huerta». De esta manera determinan que el «objetivo del planeamiento de la ciudad no puede ser su crecimiento».

De este modo se han eliminado los sectores Vera I, Campanar, Tabernes Blanques, Alboraya y La Torre Sur, manteniendo la calificación de huerta protegida. La excepción se encuentra en La Punta, ya que «debía garantizar la conexión y permeabilidad de la ciudad con Nazaret, así como el sector Benimàmet por obedecer a las obligaciones del convenio con la Generalitat de 2007 para el soterramiento de la Línea 1 de Metrovalencia.

También se dejan sin efecto los sectores Faitanar y Mahuella, para mantenerlos como huerta. La revisión habla también de consensuar con los municipios de Alboraya y Tabernes Blanques en coordinación con la Generalitat, la «planificación de un borde urbano, con el viario estrictamente necesario para garantizar la movilidad y las dotaciones necesarias que de manera ineludible, deban ocupar suelo de Valencia».

Otra de las novedades es aceptar la sugerencia del Colegio de Arquitectos para facilitar la apertura de galerías comerciales y tiendas grandes en el centro y el Ensanche, al flexibilizar las condiciones que deben requerir las calles de acceso en cuanto a los planes de emergencia.

De este modo se incorpora una nueva categoría de uso comercial con una superficie intermedia entre el Tco 1c y el Tco2, que posibilite la implantación de este tipo de usos en la ciudad. Para ello, se propone la clasificación de locales comerciales independientes con superficie de venta mayor de 2.000 metros cuadrados y no superior a 6.000 metros cuadrados. Los de nueva implantación deberán tener su acceso principal desde la calle de ancho no inferior a 25 metros, o al menos dos diferenciados desde calles distintas de ancho no inferior a 12 metros cada una de ellas. Hasta ahora se pasaba de 2.000 a 12.000 metros cuadrados sin ninguna etapa intermedia, con lo que la exigencia de 40 metros de anchura de calle era muy difícil de cumplir.

Fuentes municipales indicaron que este impedimento ha frenado los últimos años varias iniciativas, por lo que consideran adecuado facilitar el desembarco de nuevas inversiones y firmas que hasta ahora no han tenido acomodo en los barrios más céntricos y comerciales.

El proceso de contestar las alegaciones recibieron las críticas del grupo popular. El edil de esta formación Alfonso Novo señaló que se ha hecho «a través de un procedimiento oscuro, sin una justificación técnica ni jurídica que lo avale, por tanto arbitrario y con el serio riesgo de convertirse en una ilegalidad».

Según explicó, el gobierno tripartito «pretende ahora dar respuesta a las 22.517 alegaciones que se presentaron a la revisión de 2014 utilizando los criterios distintos y contenidos en una moción aprobada en el pleno de septiembre de 2016, una situación arbitraria y que, en consecuencia, puede derivar en una ilegalidad, al cambiar las reglas de juego a mitad de partido».

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