La Universitat de València pedirá mañana en el juzgado la restitución del colegio Luis Vives

El plazo de 24 horas para que los okupas abandonen el edificio finaliza esta noche

JAVIER MARTÍNEZValencia

La Universitat de València (UV) decidió el miércoles conceder un plazo de 24 horas a los okupas del colegio mayor Luis Vives para que abandonen el edificio de forma pacífica, y en el caso de que desoyeran la advertencia, la institución académica pedirá al juzgado la restitución del inmueble, el paso previo a un posible desalojo por la fuerza con la intervención de la policía.

El ultimátum fue acordado por el consejo de gobierno de la Universitat en una reunión celebrada el miércoles por la mañana, 45 días después de la ocupación del edificio, donde se analizó el infructuoso proceso de mediación. El gerente Joan Oltra explicó a los cerca de 40 asistentes que la vía de la negociación está «estancada», y que ni siquiera ha sido posible un encuentro entre los cabecillas de los okupas y los representantes de la entidad académica.

La UV pide al grupo anarquista autodenominado La Ingovernable que abandone inmediatamente las instalaciones de este bien de Relevancia Local, según un comunicado de la institución, «para poder poner en marcha las tareas de intervención planificadas y asegurar la conservación del edificio y la seguridad de las personas ocupantes». El segundo punto del texto aprobado por el consejo de gobierno de la UV indica que en el caso de no producirse la inmediata desocupación se instará a la autoridad judicial a iniciar los procedimientos jurídicos oportunos, y las actuaciones que de estos se deriven, para restituir a la Universitat la capacidad de hacer un uso libre de este edificio en el marco de su autonomía".

Según explicaron fuentes de la entidad académica, el plazo de 24 horas para el desalojo pacífico finaliza el jueves por la noche, y el viernes está previsto que el representante legal de la Universitat presente en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia la solicitud de restitución del inmueble. Después de este trámite judicial, la ocupación no tiene que acabar necesariamente con un desalojo forzoso, pues la policía podría optar por otros procedimientos, como impulsar otra vía negociadora con un nuevo plazo para la salida pacífica del grupo anarquista o adoptar una estrategia de presión con la advertencia de las consecuencias penales del delito de usurpación, el que cometieron los okupas al apoderarse con violencia e intimidación de un inmueble ajeno. Y dentro de las posibilidades también se encuentra el desalojo inmediato con una intervención policial, que se adopta cuando los okupas desoyen una orden policial en cumplimiento de una resolución del juzgado.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ya mandó un oficio a la Policía Nacional para que identificara a los jóvenes que desde el 1 de mayo permanecen en el colegio mayor Luis Vives de Valencia, propiedad de la Universitat, al que accedieron por la fuerza. Tras recibir una denuncia por ocupación presentada ante la Policía Nacional por el director de seguridad de la institución académica, la juez abrió una causa "para averiguar las identidades de los individuos que accedieron al edificio y las circunstancias en las que entraron por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de usurpación de bien inmueble", según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

La Universitat ha sido reticente a pedir en el juzgado el desalojo del edificio, confiando en la vía pacífica y la mediación para recuperar el inmueble, pero ha pinchado en hueso y los okupas incluso llegaron a declarar por escrito su «soberanía en la gestión y mantenimiento» del emblemático complejo universitario. En la reunión celebrada ayer, varios miembros del consejo de gobierno de la UV recalcaron «los esfuerzos para llegar a una solución negociada».

La recuperación del penúltimo edificio universitario ocupado en Valencia, la antigua cafetería de la Facultad de Filosofía, fue bien distinta. En un primer momento, el servicio de seguridad privada aprovechó la ausencia de los okupas durante el verano para acceder a las instalaciones y cambiar las cerraduras, procediendo luego a su adecuación. El retorno a la actividad académica, sin embargo, derivó en una nueva ocupación, por lo que hubo que esperar otra oportunidad, que fue la definitiva, para su recuperación. En este caso no hubo ninguna denuncia en el juzgado y se consiguió otra vez la gestión del inmueble al mismo tiempo que el colectivo okupa se quedaba prácticamente sin actividad.

La diferencia con respecto al Luis Vives es que el colegio mayor presenta graves problemas estructurales. De hecho, la Universitat se apresuró a denunciar la ocupación con el objetivo de evitar los riesgos que corren la decena de jóvenes que duermen y organizan actividades en el edificio, así como las personas que asisten a estos actos.

Debate político

Mientras la vía de la negociación con los okupas parece ya agotada, el debate político continúa. El conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, recordó ayer al PP que fue su gobierno el que redujo un 20 por ciento las ayudas a las universidades públicas, lo que les llevó a acumular una deuda «insostenible» y a adoptar medidas como el cierre del colegio mayor Luis Vives. Marzà respondió así a la pregunta del diputado del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Caballero, sobre la ocupación ilegal del colegio mayor desde el pasado 1 de mayo, y la actuación de la Generalitat ante estos hechos y ante el riesgo de derrumbe el edificio. También afirmó que la Universitat «debe dar la solución más adecuada» al conflicto.

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