El tripartito aprueba concursos por 11 millones antes de los cambios legales

El concurso con un mayor presupuesto se refiere a la llamada teleasistencia domiciliaria, la atención que se presta a personas mayores con escasos recursos económicos. En total, 6,2 millones de euros al sumar los dos años.

El portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó, criticó ayer que «el alcalde Ribó intenta evitar el rigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público aprobando en una junta urgente los concursos que tenía prorrogados y paralizados por la inoperancia e incompetencia de su gobierno tripartito».

Las modificaciones legislativas cambian todo el procedimiento de los concursos públicos, por lo que el gobierno tripartito decidió aplazar la tramitación de todas las iniciativas posteriores al pasado 1 de enero. Los seis casos aprobados ayer se refieren al pasado ejercicio, salvo el de la Fundación Deportiva Municipal, que se inició el 6 de octubre de 2016, según figura en el expediente autorizado por la junta.

«El alcalde ha abusado de los contratos a dedo, más de 50 millones adjudicados en tres años, pero con la nueva ley va encontrarse con más dificultades para seguir con este modelo de contratación por los filtros administrativos que incorpora», apuntó Monzó.

Para el edil, la «pésima gestión del Ayuntamiento que están haciendo el alcalde Ribó y sus socios del tripartito les ha obligado a convocar una junta extraordinaria». Añadió que durante «los tres años que lleva Ribó como alcalde, hemos visto como se han ido prorrogando contratos de servicios municipales sin convocar nuevos concursos».

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, dijo por su parte que «observamos muchas prisas por aprobar contratos, antes de que entre en vigor la nueva ley que endurece notablemente los criterios. La nueva normativa reducirá los contratos menores de 18.000 euros a 15.000 euros y obligará, entre otras cuestiones, a publicar todas las actas de las mesas de contratación. El edil valoró positivamente los cambios para «controlar el gasto desorbitado de Ribó en contratos menores».

El chalé de Aben Al Abbar tiene el valor simbólico de haber sido el lugar donde hizo la última reunión el gobierno de la Segunda República antes de su exilio. La rehabilitación está financiada por la Diputación con 500.000 euros y el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, comentó que servirá para una dotación pública. El inmueble se encuentra en un estado ruinoso.