El tripartito alega tras el recurso por el concurso de la luz hasta 2019

El Consistorio dice que tiene el respaldo de la ley autonómica a la llamada cláusula social para decidir el corte de suministro eléctrico

S. V.

valencia. El Ayuntamiento de Valencia ha alegado contra los recursos presentados por dos de las compañías eléctricas más importantes de España, Gas Natural y Endesa, ante el Tribunal Central de Contratos por la cláusula que el Consistorio ha incluido en el nuevo contrato de suministro eléctrico de la ciudad y que impide a las empresas suspender el servicio a un cliente sin consultar antes con los servicios sociales del Ayuntamiento.

El concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, defendió ayer las cláusulas sociales y de lucha contra la pobreza energética que su departamento ha incluido en el concurso público de suministro de energía del Ayuntamiento de Valencia. Concretamente, el gobierno municipal de Joan Ribó impide que se pueda cortar el suministro a una familia sin haber preguntado antes a los Servicios Sociales del Consistorio, que habrán de emitir un informe «que acredite que el abonado dispone de recursos suficientes», según un comunicado del Ayuntamiento de Valencia.

Se trata de uno de los contratos más suculentos del Consistorio, con un valor superior a los 33 millones de euros para dos años. Ha salido a licitación pública en tres lotes. «Entiendo que este concurso público, que incluye cláusulas sociales contra la pobreza energética, pueda molestar», comentó ayer Campillo, que destacó que el equipo de gobierno de Joan Ribó defenderá «el interés de los vecinos de Valencia».

Escrito presentado

Así, el Ayuntamiento de Valencia rechazó el escrito presentado por las compañías eléctricas Gas Natural y Endesa ya que una ley autonómica, aprobada por el parlamento valenciano el pasado mes de enero, exige a las administraciones valencianas paliar y reducir la pobreza energética en el territorio valenciano a través de cláusulas como la aplicada por el Ayuntamiento de Valencia.

Por ello, el consistorio valenciano ha presentado ya alegaciones donde se explica que los artículos recurridos por las eléctricas se han basado en el articulado de la Ley 3/2017 de la Generalitat Valenciana, de obligado cumplimiento para la administración local, según figura en las alegaciones a las que ayer tuvo acceso este diario.

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