El tranvía cumple un año de huelga

El tranvía cumple un año de huelga

Ferrocarrils intensifica las reuniones con los sindicatos para llegar a un acuerdo que permita la desconvocatoria de las protestas antes de Fallas Los maquinistas realizan paros de seis horas cada día para reclamar más personal

ISABEL DOMINGO VALENCIA.

«Quien finalmente paga es el usuario habitual de este servicio de transporte, que ve como tiene que estar muy pendiente de los horarios afectados para llegar a tiempo al trabajo, a la universidad u otras actividades». Es la reflexión que realiza el secretario general de la Unión de Consumidores de Valencia, Vicente Inglada, sobre los paros en el servicio de tranvía de Valencia que se prolongan ya desde hace casi un año.

Fue en marzo de 2017 cuando arrancó una convocatoria de paros parciales secundados por los sindicatos UGT, CC.OO., SCF, SIF, SF-I y CGT y que afecta a las tres líneas tranvía de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), es decir, L4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch), L6 (Tossal del Rei-Marítim-Serrería) y L8 (Marítim Serrería-Marina Real). Detrás, las reclamaciones por la falta de plantilla de maquinistas y por las condiciones del personal en los gráficos de trabajo y en los descansos.

Las protestas del colectivo de maquinistas comenzaron coincidiendo con la semana de Fallas y se solaparon con otra impulsada por el Sindicato Ferroviario (SF) para los principales días falleros y con afección sobre todos los servicios ferroviarios, que finalmente no llegó a materializarse al ser anulada tras una reunión con la Generalitat.

Pero la huelga en el tranvía continuó. A razón de seis horas cada día, distribuidas en las franjas de mañana, mediodía y tarde-noche y con horarios diferentes en cada jornada, lo que provoca el desconcierto entre los usuarios y que tengan que estar muy pendientes de los avisos informativos que ofrece FGV.

«La plantilla no se puede estirar más. Ni tampoco los gráficos», explican fuentes del sindicato CGT, uno de los convocantes. Una falta de personal que se extiende a todos los departamentos de la empresa pública y que, como recuerdan fuentes sindicales, tiene su origen en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la anterior legislatura, que implicó el despido de 300 trabajadores de FGV.

Para los sindicatos sería necesaria, como mínimo, la contratación de seis nuevos maquinistas. Es la petición que han puesto siempre sobre la mesa desde marzo de 2017 sin que, hasta el momento, se haya encontrado una solución. Sus protestas volvieron a solaparse con otra huelga, en este caso, de todo el colectivo de circulación (maquinistas y personal del puesto de mando) tanto del metro como del tranvía en Valencia y Alicante.

Fueron cerca de 40 jornadas de paros (incluidas varias convocatorias de 24 horas) entre septiembre y enero, mes que arrancó con el acuerdo de FGV y sindicatos. En este caso, el desencuentro surgió por la tramitación de la Ley de Seguridad Ferroviaria del Consell y supuso la paralización de las negociaciones del convenio colectivo.

La Conselleria de Obras Públicas tuvo que forzar la incorporación de 25 maquinistas y siete oficiales de taller para garantizar el servicio y las frecuencias. El coste de estas contrataciones temporales ascendía a 1,4 millones y, durante su anuncio, la consellera María José Salvador instó al Ministerio de Hacienda, que dio el visto bueno a estos empleos, a levantar las restricciones que pesan sobre la tasa de reposición del empleo público.

Cuatro reuniones

De esos 25 conductores algunos ya se han incorporado a la empresa tras superar el periodo de habilitación. Fuentes de FGV explicaron que cuatro de ellos podrían tener como destino el tranvía, un aspecto que se ha trasladado a los sindicatos.

De hecho, la empresa ha intensificado las reuniones con los representantes de los trabajadores para intentar lograr un acuerdo que permita desconvocar los paros antes de Fallas. En este sentido, recordaron que se han trasladado hasta cuatro propuestas a los sindicatos desde marzo del año pasado e insistieron en que algunos cuestiones podrían debatirse en la mesa de negociación del convenio colectivo.

Mientras, desde la Unión de Consumidores, Vicente Inglada insta a la administración y a los sindicatos a hacer «un esfuerzo de diálogo» para encontrar una solución. «Respaldamos las reivindicaciones de mejoras de los trabajadores pero nos preocupa que este problema dure ya un año y, especialmente, que se acerquen de nuevo las Fallas, cuando se incrementa el uso del transporte público», señala. Como en el caso del conflicto del metro, «nos ofrecemos como mediadores».

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