Transparencia amenaza al tripartito con ceses por no facilitar información

La carta firmada por el presidente del Consell de Transparència, Ricardo García Macho, no deja lugar a dudas, al explicar en un relato detallado que tras la primera petición del vecino en cuestión se produjo una reclamación en el organismo autónomo al quedar el Consistorio fuera de plazo en la respuesta.

No obstante, se entregó un dossier con documentación, por lo que «a simple vista parecía quedaban satisfechas las pretensiones del reclamante, e invitando en todo caso a que comunicara cualquier incidencia que surgiera respecto a la ejecución de esta resolución».

La incidencia se ha producido dado que el 18 de septiembre y el 16 de noviembre llegaron sendos escritos donde se ponía de manifiesto que «su pretensión ha sido sólo parcialmente satisfecha, toda vez que por parte del Ayuntamiento no le ha sido entregado el desglose pormenorizado de los gastos pagados y justificados con el importe de la subvención municipal a los grupos municipales que se reclamaba en primera instancia».

Esto es lo que sigue sin respuesta y ha provocado el escrito del Consell de Transparència a la atención de Jaramillo, aunque la competencia la tiene asumida ahora Fábregas. En concreto la petición pasa por el desglose de todos los gastos del grupo socialista (de 2011 a 2015), Compromís y Esquerra Unida en el mismo periodo, así como el último ejercicio citado en el caso de València en Comú y Ciudadanos.

Fuentes del grupo popular indicaron que esta formación realizó hace tiempo una propuesta para que todos los gastos, incluidos los justificantes, se colgaran en la página web del Ayuntamiento. La solicitud fue desestimada y en su lugar se decidió publicitar sólo el informe de la Intervención municipal.

En el portal de Transparencia del Consistorio, en el apartado de subvenciones de alcaldía, figura que el pasado año el PP recibió 49.840 euros, mientras que para Compromís fueron 45.256 euros. Ciudadanos se llevó 31.504 euros y el PSPV un total de 26.920 euros. València en Comú se quedó en 17.752 euros. Los pagos van en consonancia con el número de concejales.

El escrito del Consell de Transparència indica que el artículo 31.2 tipifica lo sucedido en este caso como infracción grave, dado que se considera que el incumplimiento es reiterado al no resolver en plazo la petición del vecino interesado. La sanción prevista es la declaración de esta circunstancia en el Diario Oficial, así como el «cese en el cargo» del responsable político.