El Supremo anula el pago de once millones por el parque de Cabecera de Valencia

Una parte del parque de Cabecera, con el acceso al Bioparc al fondo. / jesús signes
Una parte del parque de Cabecera, con el acceso al Bioparc al fondo. / jesús signes

El alto tribunal acepta el recurso del Consistorio y obliga a que se haga una nueva valoración de los solares expropiados a la familia Trenor en el cauce

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia en contra del pago de 11,34 millones de euros por la expropiación de una serie de solares en el parque de Cabecera, propiedad de la familia Trenor y cuyo desembolso provocó el pasado año hasta una consulta al Tribunal de Cuentas para determinar si al menos se había producido una negligencia por parte del anterior gobierno local.

El fallo obliga a volver a la casilla anterior, es decir, el Tribunal Superior de Justicia, con el propósito de que se haga una nueva tasación. La sentencia no aprecia mala fe en la que se dictó en su día, pero el caso es que ordena repetirla en base a unos criterios de valoración que pueden beneficiar al Ayuntamiento.

Así lo indicaron ayer fuentes de la delegación de Desarrollo Urbano cuyo responsable, el concejal Vicent Sarrià, presentó en septiembre de 2016 un informe realizado por técnicos municipales donde se advertía de una serie de irregularidades, ninguna denunciada después, acerca del retraso en la expropiación de unas parcelas del parque de Cabecera hace una década.

Dos de los expropiados fueron miembros de la familia Trenor y la empresa Alquería Dolores S.A., vinculada esta última a la familia Cotino. Las mismas fuentes no precisaron sin contra este segundo pago está abierto algún recurso judicial con el propósito de anularlo.

Sarrià denunció entonces que el retraso en el pago a las dos compañías citadas motivó que en lugar de abonar 961.189 euros, el Consistorio tuviera que afrontar un total de 18,2 millones de euros. Parte de esta segunda cantidad, los citados 11,34 millones, serán objeto de una nueva tasación. «Es una buena noticia aunque sólo se pueda rebajar unos pocos millones, pero el recurso demuestra que esto se podía haber gestionado de otra manera», indicaron.

El motivo de un incremento tan inusual en el precio es que, mientras para el resto de expropiados la valoración de sus propiedades se hizo como suelos agrícolas, el retraso del Consistorio en actuar con estas dos, que llegaron a avisar de esta circunstancia, hizo que pasarán a ser catalogadas como suelo urbano y por lo tanto más caras.

El Supremo indica que se debe retrotraer la actuación para que se fije el justiprecio «teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el fundamento de derecho sexto de nuestra sentencia de 13 de febrero de 2015, hallando para ello la edificabilidad en atención a lo expuesto en el fundamento de derecho tercero de la presente resolución».

Con esto se refiere a la manera en que se hizo la tasación de las expropiaciones como la utilización de fórmula no vigentes o un criterio del ámbito del entorno del parque de Cabecera con el que discrepa el Ayuntamiento. Ahora, todo este proceso se repetirá de nuevo para formalizar una nueva valoración.

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