Las universidades públicas valencianas gastan al año 400 millones más de lo previsto

Vista parcial del edificio del Rectorado de la Universitat de València. / jesús signes
Vista parcial del edificio del Rectorado de la Universitat de València. / jesús signes

Más control externo y el modelo de financiación, asuntos pendientes

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

Las cuentas de las universidades públicas vuelven a estar en el disparadero a raíz de la polémica sobre las cajas fijas. Su sistema de financiación y la mejora de la rendición de cuentas es objeto de debate recurrente. Sucedió en 2013 con el informe de los expertos solicitado por el exministro Wert y en 2011 cuando trascendió el encargado a académicos internacionales -en ambos participaron profesionales valencianos-. Y no se puede olvidar el último informe específico del Tribunal de Cuentas, que en 2015 se mostró muy crítico con la falta de información contable de los numerosos organismos y entidades dependientes y con las jubilaciones incentivadas del profesorado, alegando que carecían de sustento legal.

La petición de ejecución de la sentencia ganada por el PP al Consell para tener acceso a todos los datos de los gastos para atender necesidades inmediatas de los centros y departamentos de las instituciones académicas coincide en el tiempo con la presentación del nuevo informe del organismo fiscalizador estatal, cuya principal pega es que las universidades de la Comunitat gastaron 400 millones de euros anuales más que los previstos inicialmente, por lo que les pide más rigor en la elaboración de las cuentas.

También ha trascendido estos días un estudio de la Fundación Compromiso y Transparencia que pese a arrojar buenos resultados a nivel general, en la cuestión económica alerta de la necesidad de contar con auditorías externas actualizadas. Y si no es posible tenerlas de entidades públicas considera necesario recurrir a agentes privados para poder corregir debilidades cuanto antes.

Universidad de Valencia

340
millones de € es su presupuesto de 2017
47.775
alumnos
60
grados oferta, además de 114 másteres
6.012
trabajadores

Otra clave económica que oscurece el horizonte de las universidades públicas, principal motor formativo y de investigación para el futuro, es el sistema de financiación, recortado drásticamente durante la crisis y que sigue en los niveles más bajos mientras suben partidas de todo tipo en los presupuestos autonómicos. Sin olvidar que durante años el dinero que la ley les reconocía no llegó, lo que generó una deuda de casi mil millones, gran parte de la cual sigue pendiente.

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Las consecuencias ya se notan: los centros valencianos tienen grandes desventajas a la hora de captar recursos externos en comparación con centros europeos y serias restricciones para atraer talento (legales y también económicas), mientras que la modernización de la docencia rara vez pasa de una simple declaración de intenciones. Sólo hay que ver la más que discreta oferta educativa a distancia. De momento, lo único seguro es la promesa de reformar el modelo actual y de crear un marco estable. La aspiración de los rectores es aumentar las transferencias en más de cien millones respecto a la cuantía vigente.

Cambios en las cuentas anuales Rigor en los presupuestos

El tribunal de Cuentas reclama la reducción de las modificaciones, que implican variaciones del 40% respecto a lo previsto

El Tribunal de Cuentas presentó a mediados de noviembre ante representantes del Congreso y el Senado el último informe global del sector público autonómico, correspondiente a 2014. En el apartado de universidades destacó que las modificaciones presupuestarias realizadas implicaron una variación del 40% entre las cuantías previstas en la elaboración de las cuentas y las que figuraron en el cierre de las mismas. Es decir, el gasto se incrementó en 409,8 millones, así como los ingresos, que lo hicieron en la misma cantidad. A nivel estatal la oscilación fue de 2.380 millones (+29%). Una parte importante fue la influencia de las universidades valencianas, sólo superadas por las andaluzas y catalanas.

Los rectores alegan que se debe a cuantías de investigación que llegan con el ejercicio iniciado

«Se pone de manifiesto que las universidades deberían elaborar con rigor sus presupuestos antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docente e investigadora, de manera que las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las menos posibles, y en todo caso, estén justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación», dice el informe.

La misma conclusión se extrajo tras la fiscalización de las cuentas de 2010, 2011, 2012 y 2013. Entonces las modificaciones eran mayores: 614,7 millones (+53,4%), 581 (+50,6%), 591,6 (+55%) y 501,1 (+49%) respectivamente.

El último informe de la Sindicatura de Comptes sobre universidades, que se refiere ya al año 2015, también incluye esta información. La variación de los gastos e ingresos fue de 332,4 millones (+34%), si bien en sus conclusiones se puso el foco en aspectos como la necesidad de facilitar más información sobre las entidades dependientes o participadas por las universidades, además de reclamar más herramientas para su control. Una idea clavada a la del Tribunal de Cuentas estatal en su último estudio específico, referido al año 2012.

Universidad Politécnica

313
millones de € es su presupuesto de 2017
27.849
alumnos
34
grados oferta, además de 77 másteres
4.017
trabajadores

Las variaciones del presupuesto no implican que se gaste dinero que no se tiene, pues también se modificaron las previsiones de ingresos en la misma cantidad: 409,8 millones si se tiene en cuenta el dato de 2014. En términos porcentuales son muy superiores a las de las administraciones públicas. Por ejemplo, la Generalitat incrementó el presupuesto un 27,4%, dato que a nivel estatal se situó sólo en el 8,4%.

Como explica el portavoz de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas, Manuel Palomar, los cambios se deben a la variabilidad de las cuantías finalistas que se perciben por proyectos de investigación: «Se hace una estimación de la cuantía que vamos a alcanzar en base a los datos de años anteriores, pero es a lo largo del año cuando llegan, y varían en función de las convocatorias. Entonces se ajustan con las modificaciones».

Universidad de Valencia.
Universidad de Valencia. / Jesús Signes

Mecanismos de supervisión Auditorías privadas de las cuentas

La Fundación Compromiso y Transparencia presentó a finales de mes su último estudio sobre las universidades, basado en indicadores para medir el acceso a la información vía webs, entre ellos varios sobre información económica: si publican su presupuesto del año en curso, los estados financieros, la memoria explicativa de las cuentas generales, el informe de auditoría externa y los desgloses de ingresos y gastos. Aunque las valencianas cumplen mayoritariamente, flaquean en el penúltimo concepto debido a que los documentos no son actuales.

Se señala que si problema es el retraso del órgano público fiscalizador correspondiente cabe «reforzar los mecanismos de control con una auditoría privada». «Es importante que se haga con rapidez para controlar los posibles riesgos. Si el cierre de ejercicio no está auditado externamente, ¿con qué garantía se puede elaborar el presupuesto del siguiente?», se pregunta Javier Martín, director de la fundación. En la Comunitat se ofrecen los informes de 2015 de la Sindicatura de Comptes (los últimos) y los de la Intervención. En este caso, la Jaume I y la de Alicante incluyen también el de 2016.

Universidad de Alicante

254
millones de € es su presupuesto de 2017
25.730
alumnos
45
grados oferta, además de 55 másteres
3.428
trabajadores
Dietas, desplazamientos y abonos varios El embrollo de las cajas fijas

Hay universidades que ofrecen en sus webs información genérica que no permite saber a qué responde el gasto

La ley valenciana de transparencia de las administraciones públicas obliga a publicar de manera accesible información de todo tipo, incluyendo los movimientos de las cajas fijas. Se trata del instrumento para cubrir gastos que o son difíciles de prever o sirven para cubrir necesidades inmediatas de los diferentes departamentos. Su peculiaridad es que primero se da la cuantía al interesado y después se justifica el gasto, cuando la regla general es hacerlo al revés. Se trata sobre todo de dietas y gastos por desplazamientos del personal para asistir a congresos o participar en proyectos de investigación, sin olvidar la compra de materiales o cuestiones de mantenimiento.

El grupo popular pidió en Les Corts los datos concretos y las facturas de las cajas de las cinco universidades entre 2006 y 2014, información que nunca solicitó cuando gestionaba el Consell, lo que lleva al actual bipartito a cuestionar la petición, pues consideran que se persigue sembrar dudas sobre la transparencia y bloquear el funcionamiento de la administración, pues implica procesar centenares de miles de documentos.

Universidad Jaume I de Castellón

134
millones de € es su presupuesto de 2017
14.216
alumnos
31
grados oferta, además de 46 másteres
1.932
trabajadores

Tras no conseguirlos, recurrió a los tribunales y al ganar el contencioso recibió informes sobre 323.000 registros contables, aunque sin el detalle concreto de las facturas. Por ejemplo, accedió a determinado gasto por la asistencia a un congreso, pero no a los recibos que lo justificaban. De ahí que reclamara la ejecución de la sentencia para disponer de todos los datos. Actualmente se están digitalizando, un proceso que puede durar hasta cinco meses y requiere más personal.

La pasada semana los rectores trasladaron su compromiso con la rendición de cuentas y dijeron que ningún gasto carecería de la correspondiente justificación, pues existen sistemas de control interno de las cajas fijas y en caso de irregularidad se inicia una reclamación.

Edificios de laboratorios de investigación en la UPV.
Edificios de laboratorios de investigación en la UPV. / Damián Torres

En cuanto a transparencia, la ley dice que deben publicarse en la web, actualizados, «los gastos desagregados por centros directivos». No siempre es así. La Universidad de Alicante da información de 2015 hasta septiembre y de todo el 2016, pero no del año en curso. Sí diferencia entre sus diferentes áreas y por concepto de gasto: congresos, material, suministros, etcétera.

La Universitat y la Miguel Hernández sí cubren algunos trimestres de este año aunque sólo citan el montante total de cada centro, sin incluir el tipo de gasto. La única salvedad es el informe que publicaron tras el fallo judicial, donde el grado de detalle era mayor.

Al fin y al cabo, la ley es lo bastante genérica para entender que sólo se exige la diferenciación por centros, sin desglosar conceptos. La Politècnica cumple el criterio de actualización al publicar los gastos del primer trimestre, y distingue entre áreas y tipologías. Cabe destacar que las webs (y la ley) dan la opción de acceder a datos no reflejados presentando un escrito.

El Consell o el Ayuntamiento de Valencia sí ofrecen el tipo de gasto y el área. Eso sí, en cualquier caso es información genérica. Si se deben a un arreglo de puchero o a una bebida alcohólica, por citar ejemplos mediáticos de los últimos años, sólo puede saberse si se filtran las correspondientes facturas.

Universidad Miguel Hernández

101
millones de € es su presupuesto de 2017
13.570
alumnos
28
grados oferta, además de 75 másteres
1.548
trabajadores

La aportación de la Generalitar Esperando otro modelo de financiación

Las universidades manejan, en global, unos presupuestos de unos mil millones de euros anuales. Y es una cuantía discreta respecto a otros años, pues la principal fuente de financiación, las transferencias ordinarias de la Generalitat, llegaron a superar los 800 millones. Pero los recortes han implicado que se sitúen entre los 665 y los 685, niveles bajos pese a la leve variación del alumnado y del personal. No se puede negar que la recuperación de la financiación universitaria es una sombra en las cuentas que los rectores llevan años reivindicando.

Como explica Manuel Palomar, el objetivo en las negociaciones que se están manteniendo de cara al nuevo modelo pasa por recuperar la cifra de 800 millones, y que una parte responda a indicadores como resultados académicos, de investigación o de internacionalización.

Tampoco se puede olvidar la deuda histórica, pues una parte importante de los 900 millones impagados entre 2004 y 2008 sigue pendiente de abono. En síntesis, una pinza que lastra proyectos que podrían generar más retornos o beneficiar a los cien mil alumnos que se forjan su futuro en las aulas.

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