El Síndic investiga las condiciones del centro de menores de Monteolivete

Mónica Oltra. /
Mónica Oltra.

Un adjunto del defensor del pueblo valenciano se entrevista con el personal y residentes tras recibir una queja

DANIEL GUINDO VALENCIA.

La polémica vuelve a salpicar al centro de menores de Monteolivete. Después de los casos de presuntos abusos sexuales sufridos por residentes de la instalación, hechos siempre ocurridos fuera del recinto, una queja sobre la atención que reciben los menores tutelados por la Generalitat en este centro de titularidad autonómica ha obligado a intervenir al Síndic de Greuges, que ha abierto una investigación para aclarar si son óptimas las condiciones en las que viven estos residentes. Según la queja, la atención que reciben los usuarios no es la óptimo y ha venido empeorando durante, al menos, el último año. Las condiciones de las instalaciones también presentan un importante grado de deterioro y distintas deficiencias, como ya denunció el propio centro hace unos meses.

Después de recibir el escrito, el adjunto segundo del Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, realizó dos visitas al centro, en las que se entrevistó con educadores y demás personal, así como con la dirección y menores residentes en las instalaciones. Con estos encuentros, este portavoz del defensor del pueblo valenciano quiere obtener toda la información posible para aclarar si la queja está fundamentaba y se ha producido un deterioro en la calidad de la atención que se presta a estos menores.

Esta queja surge después de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas decidiera el progresivo traslado de los residentes a otros centros de menores y el cierre de las instalaciones que, como ya advirtió la directora del recinto, Yolanda Calero, el pasado mes de mayo, «no cumplen los requisitos de habitabilidad» y presentan unas condiciones «infames» por falta de mantenimiento. Puertas rotas y sin manivelas en algunas habitaciones, muebles deteriorados o en mal estado, desconchones en paredes, humedades, enchufes al aire, armarios sin puertas o aparatos eléctricos con desperfectos, entre otras incidencias, son las deficiencias más significativas que, en ese momento, presentaba el centro. A todo ello hay que sumar la saturación de las instalaciones, que han llegado a albergar a más de un centenar de menores cuando lo aconsejable era contar con menos de la mitad.

Varias intervenciones de la Inspección de Trabajo y quejas de los trabajadores del centro hicieron que, finalmente, la conselleria optara por el traslado de los menores y el cierre del centro, aunque decidió que se llevaría a cabo al finalizar el curso escolar para no interferir en los residentes. En un primer momento, el departamento que dirige Mónica Oltra fijó el pasado 1 de julio como la fecha límite para que los menores estuviesen reubicados en otros centros (en la Pobla de Vallbona, en Buñol y en pisos de emancipación, principalmente), pero tuvo que volver a retrasar la fecha del cierre, puesto que no se había llevado a cabo esta recolocación. De momento, el próximo lunes, 17 de julio, es el día en el que, hipotéticamente, el centro cerrará sus puertas, aunque se antoja, como mínimo, complicado, puesto que, al menos hasta la tarde de ayer, todavía 49 menores residían en el citado centro.

A las condiciones de inhabitabilidad del centro se suman los casos de presuntos abusos sexuales sufridos por algunos de los residentes, situaciones que se dieron a conocer apenas una semana después de que la vicepresidenta anunciara el cierre.

La polémica con los centros de menores, especialmente con el de Monteolivete y el de Segorbe, surge tras una comparecencia pública de la consellera en la que denunció que estas instalaciones públicas estaban obsoletas y el mal estado por la falta de inversión pública durante los últimos años, por lo que Igualdad y Políticas Inclusivas iba a impulsar un nuevo modelo de atención a la infancia, especialmente centrada en la creación de centros más pequeños que se asemejen más a hogares que a grandes residencias. En ese momento, Oltra centró sus críticas en el centro de menores de Segorbe, en el que denunció que los menores sufrían malos tratos (por ejemplo, a través de duchas frías) y recibían comida caducada, acusaciones que provocaron el desmentido inmediato de la dirección del citado centro y el impulso de acciones legales contra la propia vicepresidenta por estas afirmaciones.

Sin embargo, el conflicto alcanzó cotas mayores una semana después. En una nueva comparecencia, ésta en Les Corts, la vicepresidenta desvelaba un presunto caso de abuso sexual de un monitor sobre una interna del centro de Segorbe (ocurrido también fuera del centro), pero aportando datos personales de los implicados, por lo que eran fácilmente identificables. Estos hechos motivaron, asimismo, otra investigación de la Agencia de Protección de Datos. Paralelamente, se hicieron públicos dos casos más de abusos sexuales de residentes en el centro de Monteolivete.

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