El Síndic insta al Ayuntamiento a aprobar de forma urgente el plan para el Marítimo

La resolución se produce tras las quejas vecinales por el estado de abandono del grupo de viviendas Ruiz Jarabo

I. D. VALENCIA.

El Síndic de Greuges instó ayer al Ayuntamiento de Valencia a tramitar y aprobar, «a la mayor urgencia posible», el Plan Especial de Protección del Cabanyal-Canyamelar, que actualmente está en redacción. Una resolución que se produce tras tramitar una queja vecinal por el estado de abandono, precariedad e insalubridad del grupo de viviendas Ruiz Jarabo (conocidas también como las viviendas del bloque portuario).

En su escrito, el Síndic, José Cholbi, resalta que el Consistorio, en la información remitida a la institución, explica que el Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del Cabanyal se encuentra suspendido desde julio de 2016 y, por tanto, el bloque portuario queda fuera de ordenación y «no cabe la realización de ningún proyecto».

Una conclusión que el Defensor del Pueblo valenciano no comparte, por lo que recuerda al gobierno municipal que se pueden realizar obras de reparación o «el mantenimiento de las condiciones de seguridad, higiene y conservación de los mismos». En este sentido, el informe repasa jurisprudencia del Tribunal Supremo e, incluso, recuerda que la ley urbanística de la Generalitat permite «obras de mera conservación» en edificios que quedan fuera de ordenación.

Por ello, el Síndic realiza una segunda recomendación al Ayuntamiento: comprobar «la veracidad de las denuncias» sobre el estado de conservación del bloque portuario y, en su caso, «adopte las medidas necesarias para lograr la conservación del inmueble en adecuadas condiciones de seguridad e higiénicos sanitarias, eliminando así las molestias y los riesgos para los vecinos que se denuncian en la queja.»

Por su parte, el concejal del grupo popular Alfonso Novo aseguró que el plan «no estará aprobado ni en vigor este mandato; cualquier otra afirmación al respecto será pura ficción y un nuevo engaño a los vecinos». A su juicio, «el tripartito mintió cuando dijo que derogaba el Pepri; sólo lo ha podido suspender mediante la aprobación de unas normas urbanísticas transitorias que no permiten dar solución a los problemas de planeamiento del barrio».

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