Una sentencia invalida las sanciones por el volumen de la música en los vehículos en Valencia

Un conductor maneja el equipo de música del vehículo.
Un conductor maneja el equipo de música del vehículo. / J. Signes

El TSJ considera que la ordenanza no establece el nivel máximo permitido y deja al ciudadano en una situación de indefensión

A. RALLO VALENCIA.

El TSJ ha declarado nulo el artículo de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Valencia que castiga al conductor que use el equipo de música de su vehículo con volumen elevado mientras las puertas, las ventanas o el maletero se encuentran abiertos. La clave de la decisión reside en la falta de concreción de la expresión «volumen elevado». El fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso indica que la normativa no establece «los niveles máximos de sonido cuyo límite no puede superarse... a pesar de que se trata de una infracción calificada como grave». Este vacío legal impide a los ciudadanos conocer «el ámbito de lo proscrito por la ordenanza y que puedan prever las consecuencias de sus acciones».

El fallo da respuesta a un caso ocurrido en febrero de 2012. Un joven fue multado con 2.400 euros por supuestamente tener la música alta. El abogado Rafael Casero, especialista en asuntos de tráfico, recurrió la sanción y obtuvo el pronunciamiento favorable del juzgado de lo Contencioso número 9 de Valencia. El Ayuntamiento acudió entonces al TSJ, pero al alto tribunal ha confirmado la sentencia de primera instancia.

El letrado considera que la ordenanza, tal y como está establecida, carece de seguridad jurídica y deja «al arbitrio del agente lo que se entiende por volumen elevado». En este sentido, critica la norma porque «hubiera sido sencillo establecer un parámetro definido sobre la cuestión». Y, a partir de ahí, un sistema de medición en el que quede acreditado que el aparato ha superado todas las revisiones. Exactamente lo mismo que ocurre con los radares de velocidad o los etilómetros de las pruebas de alcoholemia. El Ayuntamiento no dijo al tribunal que técnicamente fuera imposible esa medición, sino que su aplicación «imposibilitaría, en la práctica, llevar a cabo las necesarias labores de vigilancia y control por parte de los agentes» junto a otras cuestiones de carácter operativo y económico. Los argumentos fueron rechazados.

El Consistorio puede recurrir la sentencia, que le obliga a modificar la ordenanza. El fallo, una vez sea firme, abre la puerta a que los numerosos afectados «puedan reclamar la devolución de las multas impuestas -entre 600 y 6.000 euros- porque fueron resueltas en base a un artículo que ahora se ha declarado nulo por la máxima autoridad judicial en la Comunitat», precisa el abogado.

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