Ruzafa lleva al juzgado al Ayuntamiento por no reducir el ruido de los bares

Terraza de un bar en Ruzafa, junto al mercado municipal. / irene marsilla
Terraza de un bar en Ruzafa, junto al mercado municipal. / irene marsilla

Los vecinos presentan un recurso para lograr la declaración de Zona Acústicamente Saturada tras varios intentos sin éxito con el tripartito

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

El ruido nocturno de Ruzafa por la saturación de locales de ocio ha acabado en un juzgado de Valencia al interponer un recurso contencioso la asociación vecinal Russafa Descansa contra el Ayuntamiento y su falta de actuación ante la petición de que el barrio sea declarado Zona Acústicamente Saturada (ZAS). La entidad ha realizado mediciones y varios intentos para que el tripartito inicie el proceso.

Andrés Morey, abogado que tramita la reclamación vecinal, indica en el recurso que el 2 de octubre de 2017 se produjo «un informe del Servicio de Contaminación Acústica en el que se reconoce que, sin necesidad de estudios previos, resultaba notorio que en la zona indicada por la asociación vecinal concurren los requisitos propios de una ZAS».

Pese a esta circunstancia, el gobierno municipal se negó en dos ocasiones a iniciar el procedimiento, en agosto y noviembre del pasado año. El ámbito pedido por la entidad se limita a Ruzafa y deja fuera el barrio de Gran Vía. La ZAS estaría delimitado por la calle Filipinas, la Gran Vía Germanías, la avenida Reino de Valencia y la avenida Peris y Valero.

Los residentes pedirán la ZAS «lo más restrictiva posible» cuando se tramite

En el caso de que el fallo fuera favorable, la petición de la entidad vecinal será que la ZAS tenga «muchas restricciones» en cuanto a los horarios de cierre y las licencias de apertura. En Valencia hay cuatro zonas con esta categoría: el entorno de la antigua discoteca Woody, la plaza de Xúquer y alrededores, la calle Juan Llorens y el barrio del Carmen, esta último con medidas cautelares hasta que se aprueben las definitivas, ahora en plazo de alegaciones.

Más datos

Norma actual
La modificación de 2014 reconoce que se recogen unos parámetros que «han de regularse para la implantación de nuevas actividades con el objetivo de lograr un crecimiento controlado y sostenible de las citadas actividades, que sea compatible con los derechos de los vecinos».
Argumento municipal
«Se pretende evitar la adopción de una medida drástica como sería la suspensión de concesión de nuevas licencias de ocio y restauración en la zona», indica el expediente criticado por los vecinos.
Sentencias
El recurso invoca un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, relativo al caso de un vecino de la plaza Xúquer contra el Consistorio.

El 21 de noviembre de 2014, el Consistorio aprobó una serie de medidas urbanísticas para limitar la apertura de locales de ocio en Ruzafa y Gran Vía, como una serie de distancias mínimas entre cada uno de los establecimientos. La normativa indica que en el caso de restaurantes, cafeterías y bares, se permite un máximo de nueve locales en un radio de 80 metros y deberán tener una distancia entre cada uno de ellos de 65 metros. Si se trata de discotecas, pubs o salas de fiesta, podrá haber dos locales en un radio de 200 metros y la distancia entre locales será de 130 metro.

«La referida modificación de 2014 venía motivada por la necesidad de aparentar responder a las crecientes quejas de los vecinos de dichas zonas residenciales», se añade en el documento al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS y que ya ha sido entregado al Consistorio para que procede a responder.

El 30 de junio de 2017, después de tres años en los que la situación había seguido empeorando a juicio de los denunciantes, la asociación Russafa Descansa presentó en el Ayuntamiento su solicitud de que se declarara la ZAS.

Los residentes tildan de fracaso la gestión municipal

El recurso incluye entre los antecedentes las medidas aprobadas en 2014 de limitación de nuevos locales varias consideraciones con un tono muy crítico. «El fruto de esa tímida y puntual modificación de normas urbanísticas y no declaración de ZAS, ha sido únicamente la creación de una reserva para la permanencia y conservación de la contaminación acústica que sólo favorece los usos recreativos, a costa de los residenciales y de los derechos constitucionales a la intimidad, medio ambiente y salud de los residentes», se señala en el documento.

El actual gobierno municipal invertirá 169.000 euros en la colocación de 15 sonómetros y siete paneles informativos en el barrio donde los viandantes lean los decibelios registrados en ese momento. La inversión procede de los siete millones de euros repartidos por votación vecinal, aunque la asociación de vecinos de Ruzafa rechazó recientemente esta medida, para señalar que lo más adecuado sería un control efectivo de las terrazas de los bares, en cuanto a los horarios y el número de mesas y sillas.

El paso dado para acudir al juzgado ha sido tomado tras constatar que «la admisión de la solicitud y el inicio del estudio acústico son obligatorios para el Ayuntamiento, no pudiendo negarse a aplicar y cumplir la ley autonómica. No estamos ante una decisión administrativa discrecional, sino reglada».

«Por nuestra parte no se ha cuestionado lo que el Ayuntamiento ya haya realizado. Nada de lo que haya podido hacer hasta ahora resulta incompatible con la posible declaración de ZAS, que será preceptiva si se dan los requisitos contemplados legalmente», finalizan.

La respuesta del gobierno municipal, ratificada después al rechazar el recurso el 2 de agosto, indica en una resolución «las medidas ya adoptadas y, considerando que desconocían si eran eficaces, que no había transcurrido suficiente tiempo desde su adopción, se desestimó la solicitud de declaración de ZAS».

En 2014 se aprobaron distancias mínimas en los nuevos locales para frenar la saturación

La respuesta vecinal fue argumentar que «las ordenanzas municipales (de 2014) hayan permitido realizar otras actuaciones distintas no interfiere en el procedimiento administrativo que el Ayuntamiento está obligado a tramitar ante nuestra solicitud».

Tras la acción judicial, el Consistorio «no ha emplazado al juicio ni a las asociaciones de hostelería que formaban parte de las comisiones creadas», en referencia a las mesas contra el ruido. En cuanto al estudio acústico realizado por los vecinos, además de «acreditar la superación de los niveles acústicos recomendables, demuestra que se dan los requisitos definitorios de una Zona Acústicamente Saturada».

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