Ribó pide a la Fiscalía que acelere las medidas contra okupas en el Cabanyal

Solar pendiente de edificar en una de las zonas degradadas del Cabanyal. / damián torres
Solar pendiente de edificar en una de las zonas degradadas del Cabanyal. / damián torres

El Ayuntamiento tiene 15 casos presentados en el juzgado y solicita medidas cautelares en algunos para forzar el desalojo urgente

L. SORIANO/P. MORENO VALENCIA.

El alcalde Joan Ribó desveló ayer que ha entablado conversaciones con la Fiscalía de Valencia para acelerar en la medida de lo posible las órdenes de desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente en el Cabanyal, uno de los problemas más serios que padece el barrio y que se prolonga desde hace años.

El primer edil confirmó que no se ha llegado a acuerdos prácticamente en ningún caso, por lo que se ha activado la vía judicial para promover la rehabilitación de los inmuebles municipales ocupados. Se trata de 15 casos trasladados a la Justicia, según pudo averiguar LAS PROVINCIAS, donde uno de los instrumentos legales que se quiere aprovechar son las medidas cautelares.

Esto se podrá obtener sobre todo en aquellas viviendas donde no se haya acreditado una residencia. Fuentes municipales indicaron que suelen ser casas de un elevado tránsito de personas, dedicadas en ocasiones a la venta y consumo de drogas. Ribó recordó que está pendiente la redacción del proyecto para un centro social junto a la calle de la Reina porque los técnicos no pueden entrar, al haber okupas.

El alcalde distinguió las familias sin recursos, que serán atendidas por Servicios Sociales y donde se intentará ofrecer alternativas, de las ocupaciones que no estén motivadas por la pobreza. El movimiento okupa se ha implantado en el Cabanyal y el Canyamelar desde hace tiempo. La Policía Local tiene constancia de 76 viviendas ocupadas en total, públicas y privadas, donde una parte corresponde a este colectivo. Aseguró que los problemas derivados de las ocupaciones «no son policiales y sólo de la administración del Ayuntamiento» sino que se trata de cuestiones que «pasan por justicia y que tiene la lentitud característica de la justicia española».

Por su parte, la plataforma Salvem el Cabanyal ha remitido un escrito al área de alcaldía y a la concejal de Patrimonio Municipal, María Oliver, para pedir que el Ayuntamiento actúe con urgencia en las casas ocupadas ilegalmente, ya que los vecinos que viven próximos a estas viviendas están sufriendo amenazas. De hecho, varios residentes exigían ayer conocer si el área de Patrimonio Municipal se ha movido y había presentado ante la justicia las pertinentes denuncias para hacer efectivos los desalojos.

Desde la oficina del Plan del Cabanyal confirmaron ayer que de este servicio, con sede en la calle de la Reina, tienen diez ocupaciones ilegales denunciadas y desde Patrimonio Municipal detallaron que hay casas como las situadas en Barraca 149 y Reina 117 que están a la espera de un pronunciamiento de la Justicia. De hecho, en la primera de estas viviendas hay un proyecto para rehabilitarlas y ofrecerlas en alquiler, y si bien están ultimando los trámites del proyecto, no pueden actuar porque está ocupada. En el caso de Reina 117, es propiedad de Patrimonio Municipal y está pendiente de hacer un centro social cuyas obras se tienen que hacer antes de que finalice 2018 para no perder las ayudas del Plan Confianza que otorga la Generalitat.

El director de la oficina del Plan del Cabanyal, Vicent Gallart, confirmó que en el mes de noviembre tienen un juicio para desalojar unos okupas que utilizan una casa de la calle San Pedro con Luis Despuig para inyectarse droga. «Es la segunda vez que va el tema a juicio. En la primera ocasión nos dijeron que no se identificó a los okupas, a pesar de haber un acta de la Policía Local. Y ahora se han identificado y enviado de nuevo con acta de la Policía Nacional».

Gallart añadió por último que este verano, además, se han ocupado ilegalmente dos propiedades adscritas al área de Patrimonio Municipal y que ya han dado parte de ello, una en la plaza Virgen de Vallivana número 6, donde ha entrado una familia con menores, y otra en Padre Luis Navarro 193.

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