Joan Ribó nombra a dedo a un jefe de servicio expedientado por contratos irregulares

María Oliver, concejal del Ayuntamiento de Valencia.
María Oliver, concejal del Ayuntamiento de Valencia. / LP

El funcionario ha sido suspendido tres años de actividad y sueldo por contratar con empresas suyas cuando dirigía la Casa de la Cultura de Burjassot

Á. SERRANO/J. MOLANO Valencia

El Ayuntamiento de Valencia contrató, el pasado mes de octubre, a un funcionario expedientado por el Ayuntamiento de Burjassot y suspendido tres años de funciones y sueldo por contratar con empresas suyas cuando dirigía la Casa de la Cultura de la localidad de l'Horta Nord.

Así figura en el expediente del Ayuntamiento de Burjassot al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. El funcionario en cuestión es Antonio C. I., jefe de servicio de Juventud del Consistorio, que depende directamente de la concejala del ramo de València en Comú, María Oliver.

Este funcionario llegó al Consistorio en octubre de 2016 tras un proceso de libre designación junto a otros cuatro trabajadores. Ese mismo mes se pusieron en práctica diligencias dentro del expediente sancionador que tenía abierto en el Ayuntamiento de Burjassot después de que el PP denunciara la existencia de irregularidades en la Casa de la Cultura. El alcalde, el socialista Rafael García, había incoado expediente disciplinario contra el funcionario el 2 de mayo de 2016 por tres presuntas faltas muy graves y dos graves por incumplir el régimen de incompatibilidades, pero tenía que desarrollarse un proceso administrativo que acaba de terminar.

La resolución definitiva llegó el 12 de mayo pasado. El funcionario había presentado alegaciones contra la resolución de tres años de suspensión de funciones y retribuciones, pero el Ayuntamiento de Burjassot descartó las mismas en virtud a un informe del día 11 de mayo y el expediente es firme.

El trabajador iba en las listas de confluencias de Podmeos y Compromís en las elecciones de 2015

En él, se sanciona al funcionario por dos faltas muy graves y una grave, así como una leve que finalmente queda sin sanción porque se considera prescrita. Las faltas hacen referencia a contratos realizados por la Casa de la Juventud de Burjassot en 2014 con empresas que, según el expediente, estaban participadas en total o en parte por Antonio C. I.. El mismo documento habla de más contratos anteriores a 2014, pero que se consideran prescritos porque en el momento de realizarse el expediente ya habían pasado más de dos años desde la comisión de las faltas.

El expediente habla de «ejercicio de actividades empresariales en las sociedad Restauración Bombori y Qwerty Futtura careciendo de autorización de compatibilidad», «incumplimiento del deber de abstención» en contratos que afectaran a familiares (el PP de Burjassot asegura que contrató con su nuera) y «prevalencia de su puesto como funcionario del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot para favorecer intereses de terceros, todo ello en relación con la mercantil Qwerty Futtura S. L.».

Tanto en Qwertty como en Bombori, Antonio C. I. es socio fundador. En abril de 2014, el funcionario cambió las facturas a nombre de Qwerty, que pasaron a estar expedidas a nombre de otra persona, ex trabajador, según explica el mismo expediente, de la Casa de la Cultura de Burjassot. El documento, además, habla de los contratos con una asesoría jurídica que se desarrollaron entre 2012 y 2015. La relación entre la Casa de la Cultura y esta asesoría «excede de la naturaleza de un contrato menor, no tanto por la cuantía como por la duración de la relación de prestación de servicios, lo que constituye una irregularidad administrativa», según el expediente del Consistorio de Burjassot.

Además, tres de las facturas expedidas a la citada asesoría «coinciden temporalmente» con la relación mercantil existente entre Antonio C. I. como socio fundador, accionista y apoderado de Bombori y Qwerty y otra persona ligada a la asesoría, que ostentaba en ese periodo de tiempo «el cargo de administrador único de las sociedades» antes nombradas.

«Lo que decida el Ayuntamiento de Burjassot no se aplica en Valencia», dice Oliver

Con esta asesoría la Casa de la Cultura contrata en múltiples ocasiones, pero el expediente se refiere a las únicas tres facturas que no han prescrito: dos por valor de 375 euros cada una más IVA en concepto de «copias y administración» (el mismo expediente afea que estas labores no son las de una asesoría jurídica) y otra por valor de 3.210 euros más IVA por «asesoramiento jurídico general en régimen de iguala 2º trimestre 2014 y Servicio Jurídico de asesoramiento a afectados por las hipotecas».

Se da la circunstancia, además, de que Antonio C. I. fue en las listas de la coalición de Compromís y Podemos para el Senado por Valencia en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Era el segundo suplente de Josep Lluís Albinyana Olmos, número 1 al Senado por la provincia de Valencia.

En el Ayuntamiento de Burjassot, el alcalde del PSPV le permitió irse en comisión de servicios cuando se destapó el escándalo de las facturas de la Casa de la Cultura, en verano de 2016. Apenas cuatro meses después y mientras se practicaban las primeras diligencias del expediente que ha acabado sanción.

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, María Oliver, explicó ayer que no ha tenido acceso al expediente y que, en cualquier caso, «lo que decida el Ayuntamiento de Burjassot no se aplica en Valencia. Todo el mundo está contento con Toni y no ha habido ninguna queja», aseguró Oliver, que no descartó otras medidas «si se prueban las irregularidades». La concejala pedirá hoy acceso al expediente de Burjassot.

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