«Vivo de alquiler porque mi casa del Cabanyal está llena de okupas»

Antonio Escrich camina sobre los escombros de una de las terrazas. /damián torres
Antonio Escrich camina sobre los escombros de una de las terrazas. / damián torres

Vecinos de Bloques Portuarios denuncian la falta de actuación del Ayuntamiento | Los residentes exigen la limpieza de las zonas comunes para evitar plagas y reducir el riesgo de un incendio

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

El único cambio que se produjo este jueves en los Bloques Portuarios fue que su nombre oficial dejó de ser Ruiz Jarabo para denominarse Manuela Solís, dentro de la política de cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica por parte de la Generalitat. Pero las 168 viviendas del Cabanyal siguieron con medio centenar de pisos ocupados ilegalmente, montones de residuos en todas las zonas comunes y la indignación de los propietarios e inquilinos por la «falta de actuación del Ayuntamiento» para frenar la degradación de los pisos. Piden la limpieza por el riesgo de incendio.

«Vengo a Valencia una semana o quince días cada tres meses y me toca alquilar una casa porque la mía está ocupada ilegalmente». Antonio Escrich es uno de los propietarios afectados y acompañó a LAS PROVINCIAS hasta la puerta de su casa. No pudo entrar.

El próximo día 30 tiene fecha para una vista en el juzgado sobre su caso. Dejó de vivir en el número 27 de la calle Bloque Portuarios en 2003, para pasar la vivienda a su padre. «En enero de 2017 se mudó y el piso ha estado un año sin ocupaciones ilegales, pero en enero entraron y ahora vamos a intentar desalojarlos». En caso de que lo consiga, lo que está por ver sobre todo por los trámites a los que se enfrenta, no tiene claro qué hará con el piso, aunque lo seguro es que no irá a vivir allí cuando venga a Valencia.

Cada tres meses pasa en la ciudad una semana o dos en compañía de su hija menor. «Me toca alquilar una casa porque aquí sería imposible, ahora porque está ocupada sin permiso y si no estuviera así, tampoco podríamos por el mal estado de la finca». Antonio reside habitualmente en Londres, donde trabaja como técnico en radiología en un centro sanitario.

Es un ejemplo más de los vecinos que intentan mantener su propiedad sin saber muy bien con qué destino. El Ayuntamiento no tiene claro que hará con las fincas, declaradas fuera de ordenación con el proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

Las zonas comunes están llenas de basura. / D. Torres

Ahora, la normativa ha retrocedido hasta la vigente en 1988, aunque el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, indica sobre esto que será el propio proceso del nuevo plan el que decida si se mantendrán o se demolerán. La previsión es que el documento definitivo se apruebe a mediados de 2019.

Antonio recuerda casi con nostalgia las miles de firmas recogidas hace años en una red social en contra del plan urbanístico del Partido Popular. «Necesitamos una solución porque así no pueden vivir los vecinos», comenta antes de salir a la terraza, repleta de escombros, algún sofá y vidrios rotos por todas partes. En algunos tramos de la escalera casi no se puede pasar de los enseres acumulados. «Esto es un polvorín y puede pasar una desgracia», añade.

Otro asunto peliagudo es el riesgo de plagas de insectos y roedores. «Es increíble que el Ayuntamiento no haga nada de esto cuando tiene las competencias para tratar las plagas». A juicio de los residentes, la primera decisión debería ser «aumentar las patrullas de la Policía Local y resolver los problemas de convivencia» entre los vecinos y las familias que han entrado ilegalmente a los pisos, para luego asegurar la fachadas en todas las fincas.

El Consistorio decide mediar antes de forzar los desalojos

La táctica del Ayuntamiento para resolver las ocupaciones ilegales en el Cabanyal es la mediación por parte de Servicios Sociales y la Policía Local, antes de llegar al procedimiento de desahucio por orden judicial. Eso es lo que se quiere hacer en Bloques Portuarios, donde se habilitará una planta baja para atender a familias sin recursos económicos. Esto se ha prometido desde hace meses, comentan los vecinos, aunque «nos dicen que todavía debe pasar la planta baja de una concejalía a otra y después equiparla para su apertura».

Los residentes tienen contabilizadas 47 viviendas ocupadas ilegalmente. Parte de ellas son propiedad de la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, donde fuentes de la compañía indicaron que se intentan estar al tanto del mantenimiento y su afección a otros pisos.

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