Oltra recurrió a una concesión para mejorar la gestión del centro de Buñol

La consellera Mónica Oltra, en una intervención en Les Corts sobre los centros de menores. / Efe
La consellera Mónica Oltra, en una intervención en Les Corts sobre los centros de menores. / Efe

La vicepresidenta relevó a la cúpula directiva de la instalación pública tras las graves deficiencias detectadas por la Fiscalía durante una inspección

D. G.Valencia

La inspección que llevó a cabo la Fiscalía Provincial de Valencia en el centro de recepción de menores de Buñol precipitó, cuanto menos, los acontecimientos en esta instalación pública gestionada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas; una residencia temporal en la que la saturación de internos, la suciedad, la falta de personal, el consumo de drogas y el «caos» en la organización de los expedientes fueron protagonistas en el informe elaborado por el ministerio público tras su visita a estas instalaciones el pasado 30 de octubre. La situación era tal que la fiscalía dio un mes de plazo al departamento que dirige Mónica Oltra para que solventara estas deficiencias y comunicara las medidas adoptadas, como así hizo la conselleria.

Así, y entre otras actuaciones, la Administración autonómica concertó con una fundación privada la mejora de la organización de las citadas instalaciones, pese a la apuesta de la Generalitat por la gestión pública y su oposición a la concertación de servicios públicos, postura que ha tenido su máximo exponente en la reversión de los hospitales de gestión indirecta o en el nuevo modelo de servicios sociales, que antepone los centros públicos de gestión directa a los que están en manos de entidades sin ánimo de lucro y, sobre todo, a los gestionados por empresas.

Este contrato administrativo contrasta también con la decisión adoptada por la propia conselleria de Igualdad de vaciar de residentes el centro de menores de Segorbe, gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas, después de acusarlas de permitir que los internos vivieran en malas condiciones, caso que llevó hasta la fiscalía y que finalmente fue archivado.

En concreto, y justo al día siguiente de la visita de los fiscales, el departamento dirigido por Oltra formuló una «propuesta de contratación de emergencia» en el centro de Buñol para reforzar la atención a los menores y evaluar y mejorar la gestión, que incluía a diez auxiliares de control educativo y tres mediadores interculturales -buena parte de los menores que llegan a la instalación proceden de Marruecos y Argelia- como respuesta a la falta de plantilla; aunque, como recoge la respuesta que la conselleria dio al ministerio público, la tramitación administrativa para la contratación de personal para estos centros se había iniciado el 3 de marzo.

En este contrato de emergencia se incluyó también un servicio de «revisión metodológica, estrategia, análisis y auditoría» para, precisamente, ayudar en la organización del funcionamiento del centro y evitar, en la medida de lo posible, que las irregularidades detectadas se volvieran a reproducir de nuevo. Así, la conselleria delegó en la Fundación Arcos del Castillo todo este dispositivo con el que, después de analizar el funcionamiento del centro, debe poner en marcha procedimientos y herramientas para mejorar la gestión de la citada instalación como, por ejemplo, la organización de los expedientes. Precisamente, sobre ello la Fiscalía de Menores ya había advertido en su informe del «caos» de estos expedientes, en el que estaban mezcladas las resoluciones administrativas con los atestados, las fichas médicas o los partes de incidencias.

Por otra parte, después de que el ministerio público llevara a cabo la inspección en el centro de menores de Buñol, remitiera a la conselleria el acta (3 de noviembre) y requiriera al departamento de Oltra la subsanación de las irregularidades (con registro de entrada en la Generalitat el 16 de noviembre), la conselleria relevó a la cúpula directiva del centro (la directora y la subdirectora) por otros profesionales, que tomaron posesión de sus nuevos cargos el 1 de diciembre, según figura en el informe presentado por Igualdad al ministerio público el 14 de diciembre, y en el que, además, argumentaba las medidas que había adoptado para resolver todas las deficiencias detectadas. Sin embargo, a mediados de noviembre, desde el departamento de Oltra informaron que la directora de la instalación de Buñol había presentado su dimisión al frente de este centro de recepción «por motivos personales».

Limpieza extraordinaria ante el informe de los fiscales

En el informe remitido a la Fiscalía de Valencia por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para justificar que había solventado las deficiencias detectadas en el centro de recepción de menores de Buñol también figura un servicio extraordinario de limpieza que se llevó a cabo los días 23 y 24 de noviembre, unas tres semanas después de que el ministerio público realizase la inspección de la residencia, y en la que advirtió de la suciedad, los malos olores y hasta la posible presencia de pulgas en una sala enmoquetada, que permanecía cerrada, existente en la instalación. Sobre este último aspecto, apunta que se ha instalado en este espacio una tarima de madera para atajar el problema.

En ese documento, el departamento de Oltra también pone el acento en el incremento registrado en el número de menores extranjeros no acompañados de los dos últimos años. Así, por ejemplo, entre mayo de 2016 y septiembre de 2017 se contabilizó la llegada al centro de 199 de estos menores, casi el doble de los 114 de los cuatro años anteriores.

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