Una inspección halla problemas en la estructura de Bloques Portuarios

Como publicó ayer LAS PROVINCIAS, ocho de los patios registran viviendas ocupadas ilegalmente, con un total de 47 viviendas donde han entrado literalmente pegando una patada en la puerta. Esta degradación motivó una inspección del servicio de Disciplina Urbanística pedida por la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, propietaria de algunas de las viviendas.

La resolución no se aplicará, al menos a corto plazo, al entender el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, que se trata de un «caso singular». Aún así, el informe elaborado por los técnicos detalla los problemas de las zonas comunes que inspeccionaron en una sola visita.

«Las vigas de hormigón que forman la estructura principal y de apoyo en el mencionado hueco de iluminación, presentan zonas con el material disgregado y con desprendimientos en el revestimiento», apuntan al referirse al hueco de la escalera, mientras que en otro párrafo afirman que «el estado del elemento común inspeccionado carece de toda seguridad y habitabilidad especificadas en la normativa».

El gobierno municipal no tiene claro todavía qué hacer con las 168 viviendas, condenadas al derribo con el anterior plan urbanístico del Cabanyal. El edil de Desarrollo Urbano emplazó a tener la respuesta al final del proceso del nuevo plan, lo mismo que ayer opinaron fuentes de la asociación de vecinos del Cabanyal. «Habrá que estudiarlo con calma pero está bien que los vecinos hagan presión diciendo los problemas que padecen», señalaron.

Los vecinos de Bloques Portuarios se han reunido hasta ahora con la concejala de Gestión del Patrimonio, María Oliver, su homóloga en Igualdad, Isabel Lozano, Sandro Pons, un asesor del alcalde Joan Ribó, así como con Luis Casado, uno de los arquitectos redactores del nuevo plan. Ninguno de los encuentros ha servido para avanzar en una solución con las familias que ocupan ilegalmente las viviendas, ni en saber si las fincas se mantendrán.

Fuentes vecinales señalaron que están previstas reuniones con responsables de la Entidad de Infraestructuras, dado que la Generalitat también es propietaria de algunos pisos. En todo caso, apuntaron, no consta que hasta la fecha se haya producido ningún desalojo.