Un informe de daños decidirá el futuro de 168 pisos en el Cabanyal

Una de las fachadas de Bloque Portuarios, en una imagen reciente. / Damián Torres
Una de las fachadas de Bloque Portuarios, en una imagen reciente. / Damián Torres

El Consistorio pacta que se dictaminen las condiciones de Bloque Portuarios, donde hay 47 viviendas ocupadas ilegalmente, antes de decidir su derribo

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

Una reunión el pasado día 8 entre las concejalías implicadas y el alcalde Joan Ribó sobre el futuro de Bloque Portuarios, un conjunto de fincas de 168 viviendas en el Cabanyal, concluyó en el encargo a la empresa municipal Aumsa para que realice un informe sobre las condiciones de los inmuebles y los daños que padecen para decidir cuando esté acabado las obras que deben ejecutarse, donde no se descarta su demolición.

Así lo indicaron fuentes conocedoras del proceso, quienes señalaron que se hará un informe desde el punto de vista urbanístico pero también por las afecciones planteadas desde Servicios Sociales. De los 168 pisos, se estima que 47 están ocupados ilegalmente, además de otros vacíos al ser una completa ruina.

Desde que surgió la cuestión de qué hacer con Bloque Portuarios, unas fincas condenadas a la demolición con el derogado plan urbanístico del Cabanyal, las concejalías implicadas han emitido diferentes mensajes, algunos contradictorios en favor del mantenimiento de las viviendas y otros condicionados a lo que dictamine el nuevo plan.

Lo mismo ha ocurrido con el futuro de las familias que ocupan los pisos ilegalmente. El Consistorio tiene una lista de espera de 30 familias para viviendas sociales, por lo que «no se entendería que las de Bloque Portuarios se quedaran esos pisos sin más en el caso de que se reformen, saltando el turno».

La plataforma vecinal creada para revindicar la rehabilitación de todas las fincas se reunió hace escasas fechas con la concejala de Gestión del Patrimonio, María Oliver, quien propuso reubicar a los vecinos durante la reforma y después regularizar la situación de todos a base de alquileres sociales.

Eso no parece tan sencillo, comentaron las mismas fuentes, debido a la citada lista de espera. Además, se añade el problema de que la rehabilitación no puede ser financiada por completo por el Consistorio, dado que buena parte de las viviendas son particulares. El Plan ARRU que se aplica en el Cabanyal subvenciona todo menos el 34% del presupuesto, que debe ser costeado por los propietarios.

«No está claro ni siquiera que esas familias puedan pagar algo parecido», señalaron las mismas fuentes. De las 168 viviendas, la mitad son propiedades públicas, dado que el proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez pasaba por este solar. Un total de 87 pertenecen a particulares, 36 a la Entidad de Viviendas, 34 a la sociedad Plan Cabanyal y siete al Ayuntamiento.

Las conclusiones del informe serán importantes también para la Generalitat, que a través de una de sus entidades es propietaria de varias viviendas. Algunos de los patios están libres de ocupaciones ilegales y en buen estado de conservación, aunque en el resto la situación es dantesca. Las escaleras están llenas de enseres, escombros y suciedad. Los ascensores están estropeados y en algunos casos falta hasta la cabina, mientras que las terrazas comunitarias son apenas pisables. En suma, una rehabilitación costosa para el Consistorio y los vecinos.

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