Hacienda embarga ingresos al Consorcio de la Marina por la deuda de la Copa América

Jornada de puertas abiertas en la Marina el pasado abril. /J.J. Monzó
Jornada de puertas abiertas en la Marina el pasado abril. / J.J. Monzó

La Agencia Tributaria reclama a empresas pagos que deben hacer por alquileres o servicios prestados por la entidad

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

La Agencia Tributaria ha decidido embargar ingresos del Consorcio Valencia 2007 para cobrar parte de la deuda por las obras de la Copa América de vela. La entidad dependiente del Ministerio de Hacienda ha notificado a varias empresas que le abonen las cantidades, una vez que ya ha conseguido la autorización de un juzgado. En la comunicación se advierte de que la cantidad adeudada asciende a 1,73 millones de euros.

Esto supone una pequeña parte del total de la deuda avalada por el Instituto de Crédito Oficial y que hasta la fecha estaba siendo pagada por el Tesoro, dada la imposibilidad del Consorcio para hacer frente a los pagos. Según la memoria de 2016 publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado, el organismo gestor de la Marina de Valencia adeuda a corto plazo 84,1 millones de euros, mientras que el pasivo a largo plazo se sitúa en 217,3 millones de euros. Esto último es fundamentalmente lo que se debe al Gobierno, avalista de los préstamos.

Fuentes cercanas al Consorcio indicaron que los embargos de la Agencia Tributaria son «recientes» y que responden a una petición al juzgado de Primera Instancia número 7 el pasado 14 de marzo de la Agencia Tributaria, que decidió personarse en la causa con el Banco Santander presentando a trámite una «demanda de tercería de mejor derecho» para que su deuda se sitúe con carácter preferente sobre los del banco, es decir, que cobren antes.

Esto ha sido admitido y ha empezado a ejecutar con las empresas que tienen pagos pendientes, bien por alquileres para eventos, concesiones de inmuebles u otros servicios. Las mismas fuentes indicaron que el juzgado no ha autorizado el embargo de todos los ingresos y que la cantidad de 1,73 millones corresponde a una parte de la deuda por el pago de las obras que sirvieron para la celebración del evento náutico.

La decisión de la Agencia Tributaria supone una ruptura en cierta forma con la intención del gobierno municipal de negociar con el Gobierno la condonación de la deuda. Tras meses de paralización, hace un par de meses se desbloquearon los acuerdos más urgentes, quedando pendiente los concursos de mayor calado y, sobre todo, la negociación por la enorme deuda.

Las mismas fuentes precisaron que el paso adelante del Ministerio de Hacienda con los embargos puede facilitar un acuerdo político. Pese a que el juzgado no suele autorizar la inmovilización de todos los ingresos en estos casos, es claro que el Consorcio notará la pérdida de ingresos, por lo que la situación financiera se volverá más asfixiante.

Curiosamente el vicepresidente del Consorcio es el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que el pasado 31 de mayo acordó con el alcalde Joan Ribó la creación de una comisión de expertos para tratar las alternativas de gestión de la deuda de 300 millones de euros y que impide en la práctica cualquier inversión notoria en las infraestructuras o dotaciones. La memoria del ejercicio 2016 refleja el 'via crucis' de la entidad con la relación de préstamos, nuevos endeudamientos, embargos y reclamaciones judiciales que se han sucedido prácticamente desde 2010, poco después de que se celebrarse la segunda edición de la Copa América en aguas de Valencia.

La posición del Ayuntamiento y la Generalitat es única en cuanto al tratamiento de la deuda. «La solución es la misma que se planteó en Barcelona, Sevilla o Zaragoza», dijo en mayo el alcalde Ribó. «El trato que hemos recibido en un evento extraordinario como éste no es el mismo que recibieron otros territorios del Estado con exposiciones internacionales y olimpiadas», señaló entonces el conseller de Hacienda, Vicent Soler.

Aquel encuentro fue calificado de «optimista» por todos los socios del Consorcio, al entender que se fijaba una serie de retos para alcanzar un acuerdo. Los embargos promovidos por la Agencia Tributaria acelerarán sin duda la convocatoria de un próximo consejo rector. Esta misma semana, la alcaldesa accidental, Sandra Gómez, presentó la reforma de la antigua estación marítima para sede de empresas, aunque esos ingresos podrían seguir el mismo camino para la devolución de la deuda avalada por el Estado.

El ente admite dudas para poder gestionar la dársena

«Los embargos decretados, el inicio de acciones legales anunciadas por el Banco Santander en reclamación de las cantidades adeudadas por el incumplimiento del contrato de cobertura y la ausencia de compromisos de aportaciones adicionales de los entes consorciados, determinan una previsible falta de liquidez durante 2017. Por tanto este Consorcio se encuentra en una situación de elevada incertidumbre respecto a su capacidad financiera para continuar su actividad de gestión del recinto de la Marina Real Juan Carlos I con normalidad». Más claro no se puede decir que en este párrafo incluido en la memoria de 2016.

Las aportaciones patrimoniales de los socios no están decididas, aunque deberán considerarse para poder pagar nóminas y atender a los gastos de mantenimiento de la Marina, que el pasado año tuvo un presupuesto de unos siete millones de euros. De momento, la entidad está al día en el pago del IVA y la Seguridad Social. «Hasta ahora, si bien este Consorcio no tenía capacidad para hacer frente a todas sus obligaciones de pago, con los ingresos procedentes de su actividad y las aportaciones patrimoniales de los entes consorciados sí que podía mantener al día los pagos corrientes», se indica.

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