El Gobierno recurre la contratación en Valencia de personal para las ayudas de dependencia

El Gobierno recurre la contratación en Valencia de personal para las ayudas de dependencia

La Delegación replica que «se ha podido incurrir en un fraude de ley al no dotar las plazas con presupuesto»

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

La Delegación del Gobierno ha presentado un recurso judicial contra la contratación de personal del Ayuntamiento de Valencia para que haga valoraciones destinadas a la declaración de dependencia. El concejal de Personal, Sergi Campillo, y la delegada de Bienestar Social, Consol Castillo, han denunciado esta mañana la impugnación del aumento de la plantilla municipal, que ha derivado en una petición a un juzgado para que suspenda la incorporación de trabajadores. De momento se ha admitido a trámite la petición.

La Generalitat decretó una delegación de competencias con los Ayuntamientos para que sean estos los que realicen las valoraciones, con el fin de desatascar las peticiones de ayudas por la dependencia. En el caso de Valencia, ha recibido unos tres millones de euros para este trabajo, que podrían perderse en caso de que el juzgado acepte la suspensión cautelar.

Tanto Campillo como Castillo han rechazado que el acuerdo suponga un aumento de plantilla. Se han creado dos bolsas de trabajo, una de trabajadores sociales y otra de educadores sociales, con el fin de hacer frente a la incorporación en total de unas sesenta personas. “Es una delegación de competencias que seguirá mientras quiera la Generalitat. De no hacerlo, estaríamos incurriendo en un delito y no se aumenta la plantilla por este motivo, sino que se contratan para que hagan este trabajo específico”, han aseverado.

Los Ayuntamientos se rigen en la contratación de personal por la Ley de Presupuestos del Estado, que prevé unos límites para evitar el aumento de gasto. La referencia es la llamada tasa de reposición, es decir, los funcionarios jubilados del año anterior.

Fuentes de Delegación de Gobierno han señalado que “no se está en contra de la creación de plazas dedicadas al bienestar social pero el Ayuntamiento ha cometido una irregular administrativa”, al indicar que la Abogacía del Estado “entiende que se ha podido incurrir en un fraude de ley al no dotar presupuestariamente las plazas con el importe del coste de las mismas”.

El Consistorio, según las mismas fuentes, propone una “dotación inicial de un euro cuando la propia Intervención Municipal cuantifica el coste anual en 3.278.161 euros”. Por esta razón, añaden, se tiene en cuenta que “la Ley de la Generalitat de Ordenación y Gestión de la Función Pública establece en su Artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 9 de julio que “los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo de la administración. No podrá clasificarse ningún puesto de trabajo, ni incrementarse sus retribuciones, sin que exista crédito adecuado y suficiente para ello”.

En la ciudad hay 30.000 valoraciones pendientes de culminar, mientras que unas 11.000 personas ya reciben las ayudas. La voluntad de ambos, según han declarado, es seguir con el procedimiento de las bolsas de trabajo a la espera de lo que se decida en la vía judicial.

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