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LOLA SORIANO
Jueves, 14 de diciembre 2017, 00:40
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Inaccesible y con el sistema informático blindado a cualquier consulta de la oposición. Así mantiene ya desde agosto la concejalía de Cultura Festiva el expediente abierto por la Agencia Española de Protección de Datos por la polémica encuesta fallera que incluía preguntas de ideología política y creencias religiosas sin el consentimiento escrito de los entrevistados.
El Ayuntamiento viene ocultando este espinoso asunto a los partidos de la oposición desde el verano, tampoco ha querido facilitar las primeras alegaciones ni la propuesta de sanción calificada como muy grave que llegó a la Casa Consistorial a finales noviembre, pero ahora además, también se cierra en banda a ofrecer información sobre las segundas alegaciones remitidas estos días a la Agencia de Protección de Datos.
Ayer mismo terminaban los diez días de plazo fijados para alegar a la propuesta de sanción y Compromís sigue con los datos bajo llave. De hecho, desde el Consistorio la respuesta de ayer a la petición de LAS PROVINCIAS para conocer las alegaciones fue que el Ayuntamiento «lo dirá, pero en el momento en que los secretarios municipales» lo recomienden. Y añadieron que «en este momento del procedimiento no pueden decir nada al respecto».
Esta falta de transparencia ha sido denunciada ya en varias ocasiones por el Grupo Popular. El concejal Félix Crespo recuerda que desde el mismo momento en que se formuló la encuesta ya pidieron conocer las preguntas, pero no se hicieron públicas hasta que el edil tuvo que interrumpir el proceso, sin llegar a las pretendidas 1.000 encuestas, después de que muchos falleros denuncian la polémica en este periódico.
El concejal Pere Fuset sólo anunció que tenían claro que iban a presentar alegaciones y que si hacía falta llegarían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero mantiene oculta la información con el refrendo del alcalde.
El concejal popular Félix Crespo asegura que Fuset «viendo repitiendo la misma dinámica de ocultación que en otras ocasiones sobre temas de interés general como cuando solicitamos la documentación sobre las normas de protocolo, sobre el convenio de la Sociedad General de Autores y Editores y sobre los cuestionarios de la encuesta fallera».
En opinión de Crespo, «no debe de ser tan leve la sanción como ha querido transmitir Fuset cuando en vez de facilitar el acceso al expediente y aportar transparencia al proceso, se dedica a acusar a unos y otros y a no asumir ninguna responsabilidad. Quien no actúa como él quiere lo culpa, inventándose los argumentos más infantiles que encuentra». Los populares aseguran que esperan que el Consell de Transparencia les dé la razón y Crespo añade que «la falta de transparencia que se está produciendo le está siendo reprochada al gobierno tripartito reiteradamente por el Defensor del Pueblo, el Consell de Transparencia y el Síndic de Greugues».
Una vez confirmado el envío de las segundas alegaciones del Ayuntamiento a la propuesta de sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, habrá que esperar a la resolución final, que no se haría efectiva en días próximos, pero que tampoco se extenderá a varios meses. Esta resolución se colgará en la web de la Agencia y, si el Consistorio no estuviera de acuerdo con la sanción, ya se iniciaría la vía judicial, ya que tendría que interponer un contencioso ante la Audiencia Nacional.
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