Funcionarios denuncian que condenados a trabajos sociales manejan datos personales

Interior de la Ciudad de la Justicia. / damián torres
Interior de la Ciudad de la Justicia. / damián torres

Advierten de que tienen acceso a identidades de testigos protegidos y trasladará la situación a la Fiscalía para que depure posibles responsabilidades

D. G.

valencia. La Junta de Personal de Funcionarios de la Administración de Justicia de la Provincia de Valencia quiso ayer dar la voz de alarma sobre las funciones que, en la Ciudad de la Justicia de la capital, están desempeñando personas condenadas por delitos a penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Según trasladó la citada junta, a través del sindicato CSI-F, estos condenados están llevando a cabo «labores encomendadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial exclusivamente a personal funcionario de la Administración de Justicia y ocupando plazas, al tiempo que se está produciendo una amortización en la plantilla».

Uno de los aspectos especialmente relevantes de esta situación, según apuntaron desde el colectivo, es que la tareas que les encomiendan a estas personas «implican la manipulación directa de las causas judiciales que se custodian en los archivos y el acceso a los datos protegidos por ley que constan en ellas, incluidas, las identidades de testigos protegidos, incluso, en causas propias ya archivadas». En esta línea, advirtieron de que, «al deambular libremente por los juzgados de la Ciudad de la Justicia podrían tener acceso a las macrocausas y causas secretas que se siguen en diferentes juzgados de Valencia».

Así, la junta de personal denunció que, debido a esta situación, «se está incumpliendo la finalidad de estas penas de trabajos en beneficio de la comunidad, ya que son una actividad complementaria no remunerada y han de reunir ciertos requisitos». Por ejemplo, estos penados, tal y como apuntaron, no pueden sustituir puestos de trabajo, ni competir en el mercado laboral; y sus funciones deben tener utilidad pública y cumplir una finalidad «restitutiva, ejemplarizante e integradora». Los quehaceres que desempeñen, añadieron, «podrán consistir en labores de reparación de los daños causados o de apoyo y asistencia a la víctima, o de participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual o similar».

Desde el citado colectivo de funcionarios de Justicia indicaron también que los hechos ya se han puesto en conocimiento de la Dirección General de Justicia, que «ha contestado que no tiene competencia y remite a la administración penitenciaria y al Juez de Vigilancia Penitenciaria como responsables de valorar la legalidad y condiciones en las que se ejecutan estas penas».

Cese inmediato

Por último, informaron de que la Junta de Personal, reunida en pleno, ha acordado exigir tanto a la Dirección General de Justicia como al director del servicio, a Servicios Penitenciarios y al Juez de Vigilancia Penitenciaria «el cese inmediato del cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad en dependencias y servicios judiciales, por no ser sedes apropiadas para este fin por los motivos expuestos». Asimismo, la citad junta h acordado también poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía «para una posible depuración de responsabilidades», concluyeron.

Desde la Conselleria de Justicia, por su parte, indicaron que a la delegación no les constan los hechos y que estos condenados ni ocupan tasa de funcionarios ni desarrollan labores que corresponden a funcionarios. Pese a ello, y dada la gravedad de la denuncia de la junta de personal, la conselleria avanzó a LAS PROVINCIAS que se va a estudiar exactamente el papel que están desempeñando estos condenados y cuál es la cobertura legal que presentan, puesto que no sería correcto que estuviesen realizando las labores propias de un puesto de trabajo remunerado.

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