Denuncian en el juzgado los ataques contra la Lonja por un delito contra el patrimonio

Una de las pintadas de este miércoles en la Lonja. / j. j. monzó
Una de las pintadas de este miércoles en la Lonja. / j. j. monzó

El escrito demanda al Ayuntamiento la solicitud de cámaras de vigilancia y advierte de que la falta de actuación está penada por el Código Penal

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

El juzgado de guardia en la Ciudad de la Justicia recibió ayer una denuncia para que se investigue la autoría de las pintadas realizadas este miércoles en varias fachadas de la Lonja, así como que se requieran al Ayuntamiento los informes y peticiones cursadas para la colocación de cámaras de videovigilancia ante la Delegación del Gobierno, como se anunció el pasado 13 de enero en una reunión entre el Consistorio y la Generalitat.

Como publicó LAS PROVINCIAS, la solicitud no ha llegado a la Delegación del Gobierno. Además de la Lonja, las concejalas de Cultura y Protección Ciudadana, Glòria Tello y Anaïs Menguzzato, anunciaron que se hará lo mismo en las torres de Serranos y las torres de Quart.

En la denuncia, presentada por Antonio Marín, portavoz de la asociación Constantí Llombart, se pide también al juzgado que requiera a la Generalitat, en concreto a la Dirección General de Cultura y Patrimonio, que entregue los requirimientos hechos sobre las medidas de videovigilancia en la Lonja.

El Consistorio quiere colocar videovigilancia también en las torres de Quart y en las de Serranos

La denuncia cuenta con el apoyo de la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio y apunta que unas pintadas en un buen cultural constituyen un «presunto delito sobre el patrimonio histórico, tal como así consta en el Código Penal, siendo de aplicación lo establecido en el Artículo 323, con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses».

A modo de advertencia al gobierno municipal señalan que «conviene resaltar lo establecido en el artículo 408 del Código Penal: La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años».

Ambas entidades consideraron urgente que el Ayuntamiento, en cumplimiento de sus «obligaciones y deberes legales, a que promueva, inmediatamente la persecución de los delitos denunciados y de los responsables de los mismos». Este periódico no pudo ayer confirmar si se ha presentado una denuncia por parte del Consistorio.

«Entendemos que en caso de no hacerlo, los técnicos y responsables políticos podrían incurrir en pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público», apuntan. La Lonja ha sufrido cuatro ataques de vandalismo este mandato, aunque la decisión de colocar cámaras de vigilancia surgió tras un incendio intencionado en un lateral de las torres de Quart, en un lugar que servía de cobijo a un mendigo.

Fuentes municipales señalaron que al tratarse de un edificio protegido no se podrán colocar las cámaras en la fachada, por lo que tendrá que buscarse una alternativa en farolas o postes cercanos. Lo mismo ocurrirá seguramente con las fortificaciones.

La Delegación del Gobierno recibirá la petición, aunque su aprobación corresponde a una comisión formada por miembros del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía y la Abogacía del Estado entre otras instituciones. El escrito de la denuncia añade por último que «el Ayuntamiento y el resto de administraciones públicas con competencias en Patrimonio Cultural son los máximos responsables de la vigilancia y salvaguarda del mismo».

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